13 Sep
Contexto Global y Regional: El Siglo XIX y la Formación del Estado en América Latina
Hacia mediados del siglo pasado, Europa atravesaba profundas transformaciones sociales, viviendo la era de las nacionalidades. Simultáneamente, se produjo la extensión de la Revolución Industrial, la revolución en los transportes y el alza continuada de la demanda de bienes primarios.
Transformaciones Económicas y la Emergencia de Nuevas Oportunidades
La extraordinaria expansión del comercio mundial y la disponibilidad e internacionalización del flujo de capitales financieros abrieron en América Latina nuevas oportunidades de inversión y diversificación de la actividad productiva e intermediadora. Esto también dio lugar a una creciente demanda externa, a grandes corrientes migratorias que atrajeron abundante fuerza de trabajo, a inversiones en infraestructura y al auge de las exportaciones. Todos estos procesos se vinculaban con el “progreso indefinido” de Norteamérica y Europa.
El Rol del Estado en la Consolidación Nacional
Límites al Desarrollo y la Necesidad de un Orden Estable
La existencia de los nuevos Estados-nación estaba ligada a la aparición de condiciones en el ámbito internacional que modificaron profundamente la extensión y calidad del abanico de oportunidades de actividad económica potencialmente desarrollable en la región. Sin embargo, esto tenía límites objetivos:
- Mercados muy localizados.
- Población escasa.
- Rutas intransitables.
- Anarquía monetaria.
- Inexistencia de un mercado financiero.
- Vastos territorios bajo control indígena.
Para los sectores económicos dominantes, la superación de estos límites pasaba por la institución de un orden estable y la promoción de un conjunto de actividades destinadas a favorecer el proceso de acumulación (el binomio orden y progreso). La dominación celular ejercida en el ámbito de la producción resultaba insuficiente frente a la creciente “nacionalización” e internacionalización de la vida económica. Ante los sectores dominantes, el Estado-nación aparecía como la única instancia capaz de movilizar los recursos y crear las condiciones que permitieran superar el desorden y el atraso. Para esto, se debía consolidar el “pacto de dominación” de la burguesía.
El Desafío del «Desorden»
El “desorden” que el Estado-nación debía afrontar se basaba en varios factores:
- Instancias de enfrentamiento armado.
- La tradición dificultaba la centralización por parte del Estado de ciertos instrumentos de control social (registros de personas, aparato educativo).
- Las unidades subnacionales continuaban manteniendo fuerzas regulares propias, emitiendo su propia moneda, estableciendo aduanas internas o administrando justicia sobre la base de normas constitucionales y legales dispares.
La Premisa del «Orden» y el «Progreso»
El “orden” era una drástica modificación del marco habitual de relaciones sociales, implicaba un patrón de convivencia diferente, congruente con el desarrollo de una nueva trama de relaciones de producción y de dominación social.
Durante la primera etapa del período independentista, los esfuerzos de los Estados estuvieron dirigidos a eliminar todo resabio de poder contestatario, extendiendo su autoridad a la totalidad de los territorios sobre los que reivindicaban la soberanía. Los nuevos Estados exteriorizaban su presencia fundamentalmente como aparatos de represión y control social.
El “orden” constituía una premisa elemental para el establecimiento de formas estables de relación social, compatibles con las oportunidades y expectativas que surgían con la lenta pero creciente integración de las economías latinoamericanas al mercado mundial. Por eso, la cuestión del “progreso” surgió como una contracara del “orden”. La secuencia era clara: primero orden y luego progreso.
La Adquisición de «Estatidad» y el Financiamiento Estatal
Un Estado capaz de imponer el orden y promover el progreso era un Estado que había adquirido como atributos la capacidad de institucionalizar su autoridad, diferenciar su control e internalizar una identidad colectiva. Asignar sus escasos recursos al “orden” restaba posibilidades de facilitar el “progreso”. Para la consolidación de nuevas modalidades de dominación política y económica, el Estado debía adquirir “estatidad”, en el sentido de la constitución simbiótica de Estado y sociedad como esferas distinguibles de un único y nuevo orden social capitalista.
Capacidad Extractiva y Dependencia Externa
Los Estados que emergieron del proceso de internacionalización de la economía mostraron una débil capacidad extractiva y una fuerte dependencia del financiamiento externo.
Dependiendo principalmente de la naturaleza de los bienes primarios exportables que constituyeron la base de inserción en el mercado internacional, se fueron conformando relaciones de producción e intercambio que condicionaron las modalidades de intervención del Estado. Durante el último tercio del siglo, se llevaron a cabo importantes obras de infraestructura en aquellos países cuya producción requería un fuerte abaratamiento de los costos de transporte. Se produjo un fuerte incremento en el valor y la compraventa de tierras, el volumen de las importaciones y las operaciones financieras. Ello dio origen a nuevas actividades intermediadoras (comerciales, bancarias), lo cual exigió a su vez el perfeccionamiento de la legislación y la regulación de las transacciones.
Entonces, los Estados latinoamericanos, en su etapa formativa, fueron desarrollando sucesivamente sus aparatos de represión, de regulación y de acumulación de capital social básico. El Estado debía desarrollar paralelamente una capacidad extractiva y un aparato de recaudación y administración financiera que aseguraran su propia reproducción.
Financiamiento y Dinamización Económica
Los recursos “genuinos”, derivados de rentas ordinarias, resultaban a menudo insuficientes para superar los apremios creados por la fuerte vulnerabilidad de una economía dependiente e inestable como fuente regular de recursos.
La inversión directa en obras de infraestructura y actividades productivas fuertemente garantizadas por el Estado, así como los empréstitos contraídos por el mismo, suministraron los recursos adicionales necesarios para asegurar el funcionamiento de su aparato institucional. El Estado pudo dinamizar los circuitos económicos y contribuyó a aumentar el excedente social. Así, consiguió apropiarse de una moderada proporción de este excedente a medida que se expandía la actividad económica, lo cual le permitió atender el servicio de la deuda pública.
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