Evolución del Sector Agrario y Comercio Exterior

El vigoroso crecimiento económico del periodo 1960-1975 socavó los dos pilares sobre los que se asentaba la agricultura tradicional:

1. Una dotación factorial caracterizada por la existencia de una mano de obra muy abundante y muy mal remunerada.
2. Un equilibrio entre la oferta y demanda de alimentos poco diversificada, en concordancia con el bajo nivel de renta por habitante, en la que el protagonismo corría a cargo de los productos agrarios tradicionales.

Desde entonces, la agricultura española no ha dejado de experimentar profundas y continuas transformaciones, tratando de adaptarse a ese cambiante panorama por el lado de la demanda de alimento y alterando radicalmente su dotación factorial. Centrándose en lo ocurrido desde 1985, el crecimiento del sector agrario ha sido inferior al del conjunto de la economía, continuando, de esta forma, con una de las pautas básicas de un modelo general de transformación estructural que da como resultado final una sustancial pérdida de importancia de la agricultura dentro del sistema económico.

El sector agrario es un sector que, en el largo plazo, ha perdido rápidamente importancia en la economía española. Esto puede ser explicado por los siguientes hechos:

• Las preferencias de los consumidores se ven alteradas por el crecimiento económico, lo que disminuye el gasto familiar en alimentación.
• La oferta agraria ha ido cambiando de naturaleza.

Intercambios Comerciales con el Exterior

Una de las transformaciones más destacables es su creciente integración internacional, que ha alcanzado niveles perfectamente homologables a la de los productos industriales con alto grado de exposición a la competencia exterior. Cabe destacar que la posición competitiva de las actividades que componen el sector industrial transformado viene determinada por la materia prima agraria utilizada en los procesos productivos.

Por otro lado, el complejo agroalimentario es una de las pocas esferas productivas que ha dado lugar a un superávit comercial con el exterior. Así, en 2018, la tasa de cobertura superó ampliamente la situación de equilibrio. Además, el signo total de los intercambios agroalimentarios con el exterior depende del flujo comercial que se considere. El sector agrario español ha sabido aprovecharse de su integración en la UE. La especialización productiva y comercial implica apreciables riesgos, dado el alto grado de exposición a la competencia internacional de una parte creciente de la producción agraria española.

La Nueva Arquitectura Verde de la PAC

La Política Agrícola Común (PAC) nació casi al mismo tiempo que la Comunidad Económica Europea (CEE).

En primer lugar, hay que resaltar el hecho de que se han reformulado los objetivos de la PAC, que a partir de ahora deberá atender a retos de diferente naturaleza:

• Producción viable y competitividad de alimentos.
• Gestión sostenible de los recursos naturales y lucha contra el cambio climático.
• Desarrollo territorial equilibrado.

La reforma de 2013 ha propiciado un mayor énfasis en los servicios ambientales que el sector agrario debe prestar al conjunto de la sociedad, es decir, a la producción de bienes públicos.

En segundo lugar, se han conservado los dos pilares de la PAC:

1. Comprende los pagos a los agricultores y las medidas de mercado, financiados a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
2. Se responsabiliza del desarrollo rural, con la cobertura del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

En tercer lugar, no es difícil entender las particularidades para conservar una reforma de la PAC en el marco de la UE, cada vez más compleja y que padece un notable déficit de gobernanza económica. Se destacan los siguientes elementos:

• Agricultor activo: Se trata de un componente legitimador, mediante el cual se establece el principio por el que solo los propietarios de tierra con una actividad agraria efectiva pueden tener acceso a los recursos públicos, movilizados por los dos pilares.
• Pago básico: Régimen de ayuda obligatorio para los estados miembros y pieza clave de la PAC renovada. Se trata de un pago desacoplado de las cantidades producidas y asociado a la superficie agraria.
• Pago verde: Régimen obligatorio, el pago verde es una nueva capa en el sistema general de ayudas.
• Ayudas acopladas: Régimen voluntario, que permite pagos directamente vinculados a la producción, lo que se justifica por reservarse a actividades agrarias de gran importancia que se enfrenten a determinadas dificultades, pudiendo los estados miembros elegir entre una amplia lista de esferas productivas.
• Pago redistribuido: Régimen voluntario, los estados miembros pueden destinar hasta el 30% de los recursos disponibles para garantizar una mayor equidad en el reparto de las ayudas.

Por último, en lo que concierne a la política de desarrollo rural, cabe destacar que se han fijado 6 prioridades que se siguen:

• Fomentar la transferencia del conocimiento y de la innovación.
• Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias.
• Desarrollar la organización de la cadena alimentaria y mejorar la gestión de los riesgos.
• Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas.
• Promover la eficiencia de los recursos y el paso a una economía baja en carbono.
• Favorecer la inclusión social en las zonas rurales.

Evolución del Sector Industrial

La comparación del crecimiento de la industria con el del conjunto de la economía revela que la contribución de este sector al crecimiento económico español se ha reducido sensiblemente desde 1985 hasta el comienzo de la presente década, ejerciendo desde entonces un papel central en la recuperación de la actividad. La progresiva pérdida de peso de las manufacturas ha generado cierta preocupación acerca de una posible desindustrialización de la economía española. Una tendencia, por lo demás, compartida por buena parte de las economías europeas y que ya comienza a afectar a algunas de las que se encuentran aún en fase de desarrollo.

Esta tendencia puede explicarse por varios factores:

• En primer lugar, la contracción de la participación de las manufacturas en el Valor Añadido Bruto (VAB) expresado en términos reales es sustancialmente menor que en el VAB valorado a precios corrientes y en el empleo.
• En segundo lugar, la progresiva externalización de servicios por parte de las empresas industriales y sus cada vez mayores necesidades de estos contribuye a esclarecer el menor crecimiento relativo de las manufacturas mostrado por las fuentes estadísticas.
• Finalmente, ha de considerarse la incidencia de la globalización económica. La alteración en el entorno competitivo y la intensificación de la competencia de países en desarrollo a la que se enfrentan las manufacturas de los países avanzados han supuesto que una creciente proporción de la demanda interna sea satisfecha con importaciones, lo que amenaza la permanencia de las producciones menos eficientes.

Destaca especialmente la notable expansión de las exportaciones. Por otra parte, se trata de una desindustrialización relativa; hasta el comienzo del nuevo siglo el crecimiento de la industria es elevado, si bien inferior al del conjunto de la economía, y posee un perfil semejante al de esta. Es a partir del 2000 cuando se manifiestan dificultades para el avance de la producción industrial. Aunque las tasas de crecimiento de la industria en el periodo estudiado, en la década de 1960 y primera mitad de la de 1970, su progreso tuvo lugar sobre bases más firmes.

Una visión más compleja del crecimiento de la industria española se obtiene al efectuar la comparación con las economías de su entorno geográfico y económico, en particular con las que también pertenecen a la UE. La comparación revela la solidez del crecimiento industrial español.

Especialización Productiva y Comercial del Sector Industrial

El crecimiento industrial español no ha alcanzado la misma magnitud en los tres grupos de manufacturas. Por ello, durante los dos últimos decenios ha tenido lugar un cambio de la estructura productiva y comercial de la industria y en su especialización intersectorial.

En el año de la incorporación española a la UE, el núcleo básico de la producción manufacturera estaba compuesto por las actividades tradicionales que absorbían algo menos de dos tercios del valor añadido. Las actividades avanzadas únicamente representaban el 5,8% de la producción total. Además, su importancia relativa, que siguió una tendencia ascendente hasta mediados del decenio de 1990, se ha reducido sustancialmente desde entonces. No han conseguido alcanzar el mismo ritmo de crecimiento en sus ventas al exterior, y en consecuencia han aminorado su presencia en el total de exportaciones.

Se produce una pérdida acentuada en las actividades informáticas y electrónicas (TIC), que constituyen el eje de la revolución tecnológica más reciente. España continúa apareciendo entre los países europeos con un índice de especialización más bajo en estas actividades. Otro elemento explicativo es el rápido desarrollo de las manufacturas de alto contenido tecnológico, especialmente las TIC, en el seno de los nuevos países industriales, gracias a la implantación de un amplio conjunto de empresas multinacionales en sus territorios desde finales del siglo pasado.

Las actividades intermedias son las únicas que han aumentado su presencia en el valor añadido industrial y las producciones han mantenido su predominio en el patrón comercial. Una de las claves de la especialización productiva y comercial española en manufacturas tradicionales es la pequeña dimensión de los establecimientos, la intensidad en recursos naturales y mano de obra, entre otras. El rasgo diferencial respecto a las décadas precedentes es que el estímulo al crecimiento de las manufacturas se ha desplazado desde las actividades avanzadas más vinculadas a las TIC hacia las intermedias de mayor contenido tecnológico.

Evolución del Sector Energético y Especialización Productiva y Comercial

La conexión causal entre energía e industrialización es un hecho universal; en España ha sido potente, manifestándose tanto a través del petróleo como fuente de energía primaria fundamental en su proceso de desarrollo, como de la electricidad, una gran fuente secundaria.

La intensidad energética es un concepto que se mide por la cantidad de recursos energéticos que deben destinarse a la generación del producto. Pues bien, mientras en el promedio de países europeos la intensidad en el uso de la energía ha venido disminuyendo a lo largo de las tres últimas décadas, en España ha evolucionado en este periodo hasta alcanzar valores próximos a las ratios continentales. Otro indicador, el de consumo energético per cápita, revela parecidas tendencias. El sostenido crecimiento de la intensidad energética española durante tantos años indica una escasa atención al ahorro y la eficiencia de uso hasta fechas recientes.

La industria ha ido reduciendo sus necesidades energéticas por unidad de producto a lo largo de las últimas décadas. Esto es resultado de los cambios en su composición por ramas y de la sustitución en sus procesos productivos de fuentes primarias menos eficientes por otras más eficientes como el Gas Natural.

Si algo caracteriza al sector energético español en su composición sectorial es la fuerte dependencia del petróleo. Contemplado a través del consumo privado, el sector ha seguido un perfil evolutivo marcado por una decreciente participación del petróleo (45%). Los hidrocarburos (petróleo y gas) representan cerca de dos tercios del consumo primario. El Gas Natural y las energías renovables han adquirido en pocos años una importancia decisiva.

El grado óptimo de abastecimiento de un país es en función de múltiples factores: unos de naturaleza estructural, pero también es una decisión política. Lo que cuenta, en suma, es disponer de la energía en condiciones competitivas de coste, calidad y seguridad, evitando que la dependencia energética se traduzca en posiciones de extrema vulnerabilidad. La cuestión de la eficiencia es clave del sector energético.

Evolución del Sector de la Construcción

El carácter motor de la actividad constructora en la economía española queda reflejado en sus cifras básicas, que muestran su aportación al valor añadido final, a la formación bruta de capital y al empleo. La actividad de la construcción ha atravesado diferentes fases, que se corresponden con las etapas del crecimiento económico español:

• Desde la entrada de la UE, la etapa de crecimiento más destacada comenzó a mediados del decenio de 1990 y se extendió hasta 2007, asociada a un ciclo de edificación residencial de largo plazo, que llegó a superar el máximo histórico en la década de los 70, y que coincidió con una fuerte inversión en infraestructuras.
• El sector inició una severa recesión desde 2007 como resultado del impacto de la crisis financiera internacional que colapsó la mencionada expansión y ha llevado al sector hasta mínimos históricos en actividad y construcción. El proceso de crisis ha tenido dos fases:
  1. Fue el resultado de la restricción crediticia que cortó las vías de financiación a la construcción y a los hogares para la compra.
  2. El impacto de las restricciones en los gastos públicos y la deflación interna generalizada, que redujo aún más la demanda residencial y ha abocado al sector a una crisis mayor, con destrucción de una parte importante de su tejido productivo y una contribución negativa al crecimiento económico agregado durante más de 8 años.
• Desde 2015, el sector muestra síntomas de recuperación y la aportación al VAB se acelera.

Las fases expansivas se han caracterizado por una intensificación de la edificación residencial, coincidiendo con periodos de inversión en obra civil por encima del 8% del PIB. La productividad del trabajo en construcción se redujo en el momento en que la actividad se concentra en la producción de viviendas que tiene una elevada dependencia en la mano de obra en su función de producción. Como consecuencia, la fuerte pérdida de empleo que se produce en edificación durante la crisis dio lugar a una recuperación de la productividad a partir de 2015.

Sector Servicios: Evolución y Especialización Productiva y Comercial

La evolución de la producción y el empleo en el sector servicios ha estado determinada por la oferta y cambios en la demanda de servicios. En concreto:

• Se ha producido una expansión sustancial de la participación de los servicios en el valor añadido nacional valorada a precios corrientes. Los servicios tienden a aumentar con el crecimiento económico y el aumento de la renta per cápita.
• La participación relativa de los servicios en la producción agregada ha aumentado en menor medida. El sector terciario suele mantener, e incluso reducir, su participación en la producción real en las etapas de expansión económica, al tiempo que acostumbra a aumentarla en las fases de crisis.
• El empleo de los servicios ha crecido de forma sostenida, en términos absolutos y relativos. España es, además, uno de los países industriales que ha experimentado con mayor intensidad el desplazamiento del empleo hacia los servicios.

Cabe destacar que la mayoría de las actividades terciarias han permanecido aisladas de la competencia internacional. A partir de la década de 1990, se produjo una expansión de la participación de los servicios en las importaciones españolas. España destaca como uno de los productores con mayor representación en el comercio internacional de servicios, particularmente en relación con las exportaciones.

El estancamiento de la productividad en los servicios limita el aumento de la producción de bienes y servicios. El escaso o incluso nulo avance de la productividad en las actividades terciarias explica el comportamiento expansivo del empleo. Los precios de los factores en los servicios crecen a un ritmo similar al resto de los sectores; el crecimiento de los costes laborales es semejante en todas las actividades. Si el aumento de costes es similar en todas las actividades productivas, la evolución de los precios estará determinada por la capacidad de lograr aumentos de la productividad. La evolución de los precios sectoriales confirma que han aumentado por encima de la industria y la agricultura, mientras que las diferencias sectoriales explican las tendencias registradas por los precios de los servicios.

Distribución Funcional de la Renta

La distribución funcional de la renta (VAB) estudia cómo se reparte esta entre los factores productivos que la han generado (trabajo y capital), dividiéndose por tanto en remuneración de asalariados (RA) y excedente bruto de explotación (EBE). El reparto del valor añadido entre esos dos componentes básicos depende de la intensidad en el uso y el rendimiento de cada uno de ellos e incluye además los impuestos sobre la producción y los productos que recauda el Estado para proveer servicios e infraestructuras públicas.

En las sociedades contemporáneas, la renta salarial constituye el coste principal de producción de la generalidad de las empresas y una parte sustancial de los ingresos de la mayoría de las familias. Los cambios en el peso de los salarios en el PIB son tanto un indicador de la alteración en la estructura de costes de una economía como de los ingresos que corresponden a los asalariados.

En el periodo de crecimiento que se inaugura avanzada la década de 1990 y se prolonga hasta la crisis de 2008, la participación de los salarios en el PIB aumenta y lo hace por encima de la media europea. Tras la crisis de 2008, la participación de las rentas salariales respecto a las no salariales disminuyó significativamente en España, mientras en el conjunto europeo se mantuvo bastante estable. La pandemia trajo consigo un incremento coyuntural de dicha participación. Con la recuperación, tras la fase intensa de pandemia, vuelve a reducirse el peso relativo de las rentas salariales.

La evolución de la cuota salarial ajustada hasta 2015 refleja casi un estancamiento del PIB por ocupado, junto a un descenso de la remuneración por asalariado en el caso español. También influye en que el peso de las rentas salariales se mantenga casi estable en la Unión Europea, mientras desciende en España. La intensa etapa de la pandemia provoca un aumento de la cuota salarial ajustada, mayor en España que en la UE-27. El PIB por ocupado desciende de manera más acusada en España, mientras la tasa de asalarización se incrementa más en la UE-27 que en España. Con la recuperación, vuelve a caer de forma significativa la cuota salarial ajustada tanto en la UE-27 como en España. El cambio de tendencia en la cuota salarial ajustada es consecuencia de que el incremento del PIB por ocupado es mucho mayor que el de la remuneración por asalariado, aunque esta última también crezca.

En la etapa de expansión que llega hasta 2007, los sueldos y salarios habían mantenido e incluso incrementado su participación en la renta nacional. A partir de la crisis de 2008, se invierte dicha tendencia, reduciéndose su porcentaje y como contrapartida aumentando el correspondiente al excedente de explotación y la renta mixta. Con la recuperación desde 2015, vuelven a ganar peso, pero eso no se consolida tras la pandemia de 2020. El excedente de explotación y la renta mixta reducen su participación en la renta nacional.

Distribución Personal de la Renta y Desigualdades

Distribución Personal de la Renta

La forma en que se distribuyen las rentas primarias en los mercados de factores afecta a la distribución de la renta entre los hogares. Esa relación no es directa. Para analizar la distribución personal de la renta se parte normalmente de la renta de la que finalmente dispone cada familia después de transferencias. España sigue siendo un país con niveles de desigualdad en la renta disponible muy superiores al promedio de la Unión Europea.

La desigualdad no ha evolucionado de manera uniforme en las últimas décadas, sucediéndose periodos de distinto signo. Podrían distinguirse las siguientes etapas:

• Moderada reducción de la desigualdad en los años setenta, que se intensifica en la siguiente década. La crisis económica de los años setenta no supuso un aumento de la desigualdad.
• Estabilidad en la distribución de la renta en el periodo anterior a la crisis. Tras un cierto repunte de la desigualdad en la primera mitad de los años noventa, como consecuencia de una breve pero intensa recesión, esta tendió a estabilizarse.
• Rápido crecimiento de la desigualdad y la pobreza en la crisis. Como consecuencia del drástico aumento del desempleo, el crecimiento de la desigualdad salarial y la menor fortaleza de las políticas redistributivas durante la crisis de 2008.
• Lenta reducción en la fase de recuperación previa a la pandemia. Esa resistencia a la baja está relacionada con el predominio de las formas de contratación más ligadas a salarios bajos y la citada insuficiencia del número de horas trabajadas.

El alto nivel de desigualdad en España supone una importante pérdida de bienestar económico.

Desigualdades de Renta y Políticas de Redistribución

Las economías contemporáneas suelen destinar un alto volumen de recursos públicos a la satisfacción de las necesidades de aseguramiento de rentas y de provisión de servicios sociales. Existen amplias diferencias entre los países de la OCDE en el volumen de prestaciones e impuestos que tratan de corregir la desigualdad. Las divergencias en el esfuerzo redistributivo están ligadas a las que se dan en la propia percepción que cada sociedad tiene sobre el grado de justicia con el que se reparten las rentas primarias. Un nivel dado de desigualdad puede ser considerado más o menos aceptable dependiendo de las distintas percepciones de cómo se ha acumulado la riqueza o, por el contrario, si se debe al azar, las relaciones sociales o la corrupción.

En España, con desigual intensidad en el tiempo, las políticas redistributivas han alcanzado una notable expansión, aunque inferior a la de la mayoría de los países del entorno europeo. Con la crisis de 2008 se incrementó el peso de las transferencias en la renta disponible de las familias, para luego reducirse en el periodo previo a la pandemia.

Políticas Económicas y Desigualdades Territoriales

La existencia de desigualdades territoriales y la convicción de que el mercado por sí solo no es suficiente para atenuarlas ha impulsado el establecimiento de políticas regionales.

En primer lugar, cabe destacar la política regional europea, cuyo objetivo es disminuir las desigualdades territoriales que se producen en el seno de la Unión Europea, que debiliten el proceso de crecimiento global de la misma. Es ayudar a las regiones más pobres a converger, y a aquellas que estén en un proceso de cambio económico a reestructurarse y así promover la cohesión económica y social dentro de la UE. Se lleva a cabo a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión.

Los cinco principales objetivos de inversión de la política de cohesión en 2021-2027 serán:

1. Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la transformación económica y el apoyo a las pymes.
2. Una Europa más verde y libre de carbono, invirtiendo en la transición energética, las energías renovables y la lucha contra el cambio climático.
3. Una Europa más conectada, con transportes estratégicos y redes digitales.
4. Una Europa más social, que apoye el empleo de calidad, la educación, las competencias y la inclusión social.
5. Una Europa más cercana a los ciudadanos, apoyando las estrategias de desarrollo local y el desarrollo urbano sostenible en toda la UE.

Complementariamente a los procedimientos establecidos por la UE, la actual configuración de la política regional española incluye el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), cuyas disposiciones legales lo configuran como un fondo de recursos incorporados en el presupuesto del Estado destinado a financiar proyectos de inversión pública, y el Sistema de Incentivos Regionales, que tiene como objetivo promover la localización de la inversión empresarial en las regiones menos desarrolladas. Estos tres instrumentos, es decir, los fondos europeos estructurales y de cohesión, el FCI y los Incentivos Regionales, no son los únicos que utiliza la política regional española, pero son los fundamentales por la cuantía de sus dotaciones presupuestarias.

El Marco Institucional del Mercado de Trabajo y las Reformas Laborales de 2012 y 2021

El marco institucional del mercado de trabajo se caracteriza por varios elementos clave:

• Fijación de salarios: Por un proceso de negociación colectiva entre empresas y sindicatos. A mayor afiliación y mayor cobertura del convenio, mayores salarios. La negociación puede ser centralizada (a nivel nacional), descentralizada (se realiza a nivel de la empresa) y a escala sectorial (no actúan los mecanismos moderadores anteriores).
• Costes de despido: Incluye los trámites necesarios para reducir personal y las indemnizaciones, cuya cuantía depende de las causas y de la antigüedad. A mayores costes, menos despidos y contrataciones: una mayor estabilidad en el empleo se logra a costa de una mayor duración del paro (más persistente).
• Prestaciones por desempleo: Permiten realizar una búsqueda de empleo más eficiente, para que el empleo se ajuste a las características y cualificación del desempleado. A mayor tasa de sustitución y mayor periodo de cobro, más se retrasará la búsqueda de empleo y menor será la intensidad de búsqueda.
• Políticas activas: Comprenden el gasto en asesoramiento y apoyo al desempleado, formación e incluso subvenciones a su contratación.

Aspectos Fundamentales del Marco Laboral y sus Reformas

A lo largo del tiempo, el marco laboral español ha experimentado diversas reformas:

• Estructura de la negociación colectiva: El mercado de trabajo tiene sindicatos de baja afiliación, alta cobertura de convenios y el modelo de negociación sectorial predominante.
• Regulación del despido: Existía una reglamentación del despido muy rigurosa y con un elevado coste. Se recurría a los contratos temporales. Las reformas de 1994 disminuyeron los costes.
• Modalidades de contratación: La reforma de 1984 pretendía flexibilizar la entrada y salida de empleo, apareciendo nuevas formas de contratos.
• Intermediación en el mercado de trabajo: En 1994 se autorizaron las empresas privadas de colocación con carácter no lucrativo. Fue el fin del monopolio del INEM y se aprobaron las ETT.
• Prestaciones por desempleo: En 1992 se redujeron las prestaciones por desempleo debido al fuerte gasto que soportaba la Seguridad Social y los efectos nocivos en la búsqueda activa de un nuevo empleo.
• Políticas activas en el mercado de trabajo: Se busca mejorar el acceso al empleo e incentivar directamente la creación de puestos de trabajo.

Reforma Laboral de 2012

• Regulación del despido: Con cambios importantes en la protección del desempleo, se redujeron las indemnizaciones por despido, facilitando el uso por causas económicas y aproximándolas a la media europea.
• Prestaciones por desempleo: Se reduce la cuantía de la prestación a partir del sexto mes y el porcentaje de parados que cobran la pensión. Mayor control en el cobro y combate al fraude.
• Estructura de la negociación colectiva: Mejora la flexibilidad interna en las empresas y posibilita el descuelgue, se prioriza el convenio de empresas respecto a cualquier otro y se limita a un año la ultraactividad.
• Intermediación en el mercado de trabajo: Autoriza a las ETT para actuar como agencias privadas de colocación en colaboración con los servicios públicos de empleo.
• La reforma de 2012 no potenció las políticas activas.

Reforma Laboral de 2021

• No se modifica la regulación de despido ni las prestaciones por desempleo.
• No potencia las políticas activas.
• Se prioriza el convenio sectorial y potencia el uso de los ERTE.
• Se reduce la tasa de temporalidad con el uso de: el contrato indefinido (regla general) y los contratos fijos discontinuos.

El Sistema Bancario: Crisis y Reestructuración

La acentuación de la competencia provocó una intensa contracción del margen de intermediación, que es la diferencia entre los ingresos y los costes financieros. El crecimiento de los ingresos por comisiones, la mejora en los niveles de productividad y la favorable evolución de la economía, entre otras variables, posibilitaron el mantenimiento de un elevado nivel comparable de rentabilidad. Puede afirmarse entonces que las entidades bancarias españolas consiguieron mantener su costoso modelo de servicio bancario basado en una densa red de pequeñas oficinas en un contexto caracterizado por la reducción de los márgenes y la acentuación de la competencia.

La situación cambió radicalmente a partir de 2007, con el estallido de la crisis financiera. El impacto directo de la crisis sobre el sistema financiero español fue limitado, gracias básicamente al distinto modelo de titulación existente en España. En cambio, el impacto indirecto fue muy importante. Las elevadas tasas a las que aumentó el crédito y el estancamiento de sus fuentes de recursos tradicionales (depósitos) hicieron que las entidades financieras tuviesen que buscar otras vías de financiación, especialmente el endeudamiento en los mercados interbancarios en la eurozona. Sin embargo, la aversión al riesgo que provocó la caída de Lehman Brothers hizo más caro y difícil conseguir financiación en mercados internacionales.

El aumento de la morosidad, muy especialmente entre los promotores y constructores, y la pérdida de valor de los activos inmobiliarios que ha generado la crisis económica causaron elevadas pérdidas a las entidades bancarias españolas y en concreto a las cajas de ahorro, hasta el punto de poner en cuestión la viabilidad de muchas de ellas. La situación se empeoró aún más al elevarse la prima de riesgo de la economía española y, junto con ella, el coste de la financiación de las entidades bancarias. Estos factores generaron serias dificultades a un gran número de entidades bancarias.

Medidas Adoptadas por el Banco de España y el Ministerio de Economía

Por esto, el Banco de España y el Ministerio de Economía adoptaron algunas medidas:

• Inyección de liquidez: Para aliviar el problema de liquidez se creó el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) y se comenzaron a conceder avales públicos a las emisiones por entidades bancarias.
• Incentivar los procesos de integración: El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se creó para el apoyo a la fusión de entidades con sobrecapacidad y elevada exposición con otras más eficientes y menos expuestas.
• Bancarización de las cajas de ahorro: Se posibilitó que las cajas ejercieran su actividad financiera a través de un banco.
• Mayores exigencias en materia de provisiones: Se obligó a aumentar las provisiones de los activos inmobiliarios considerados problemáticos.
• Incremento de los requerimientos de capital: Se eliminaron las dudas sobre la solidez del sistema bancario mediante una ley que exige a las entidades de crédito mayores y mejores niveles de recursos propios.

El empeoramiento de la situación económica, la no resolución de la crisis de la deuda soberana y las dudas sobre la viabilidad de algunos de los proyectos de integración impidieron que las medidas señaladas se tradujeran en una reducción de la desconfianza sobre el sistema bancario español.

Cambios en la Gestión de la Crisis Bancaria por Autoridades Europeas

Las autoridades europeas introdujeron cambios básicos en la gestión de la crisis bancaria:

1. Se opta por estimar las necesidades de capital de cada entidad individual y se explicita el volumen de recursos que se pondrán en manos de las entidades para llevar a cabo el proceso de recapitalización.
2. Las autoridades europeas exigieron que se llevaran a cabo «ejercicios, voluntarios u obligatorios, de responsabilidad limitada».
3. Las entidades salvadas tuvieron que reducir la capacidad instalada, entre otras cosas.
4. Antes de que finalizara el 2012, las autoridades españolas tenían que haber aprobado la creación de un mecanismo de segregación de activos.

Evolución General del Sector Exterior: Operaciones Corrientes, de Capital y Financieras

Operaciones Corrientes y de Capital

Entre 1985 y 2022, el saldo de la Cuenta Corriente más el saldo de la Cuenta de Capital de España ha sido negativo en 22 de los 38 años de referencia; la economía española es más proclive a tener necesidad que capacidad de financiación exterior. Encadenamos ya once años de superávit en la suma de la Cuenta Corriente y de Capital. Con la pandemia de la COVID-19, la capacidad de financiación se reduce a la mitad en 2020.

Hasta la adopción del euro, el déficit comercial se sitúa en promedio en el -3,9% del PIB. Entre 1999 y 2008 se incrementa hasta el 6,7%, habiéndose moderado por efecto de la crisis hasta rondar el -2% entre 2012 y 2019. En 2020, se alcanza uno de los niveles más bajos desde el ingreso en la Unión Europea. En 2021 se retoma la tendencia alcista del déficit comercial, duplicándose su cuantía respecto a la de 2020 y casi triplicándose en 2022 hasta alcanzar el 4,4% del PIB. Ambos flujos comerciales han alcanzado máximos históricos anuales en 2022. El marcado aumento de las importaciones se debe al encarecimiento de los productos.

El saldo de rentas primarias internacionales y el de rentas secundarias internacionales han sido mayoritariamente negativos. El saldo negativo de las rentas primarias es propio de un país que es receptor neto de capitales extranjeros y que debe pagar dividendos e intereses al exterior.

La cuenta de servicios ha presentado un saldo positivo bastante estable, en torno al 3% del PIB, en el primer decenio del nuevo siglo. A partir de 2002 se produce un descenso en esta aportación que, no obstante, se corrige desde 2010, cuando retoma el impulso superavitario. Los ingresos por turismo han ido creciendo a un ritmo similar al que lo han ido haciendo los gastos por turismo hasta 2020. En los años previos a la crisis sanitaria los ingresos por turismo rondaban el 5,5% del PIB. Es sabido que España tiene en los ingresos por turismo la actividad más sólida para compensar el déficit del comercio y de las rentas internacionales. En el caso de España, tal incremento se explica particularmente por los saldos positivos en telecomunicaciones, informática e información y en otros servicios empresariales.

A partir de 1993, el saldo de la Cuenta de Capital ha sido siempre positivo, si bien desde 2005 su cuantía se redujo prácticamente a la mitad. La explicación se encuentra en las ampliaciones de la Unión Europea hacia países de inferior nivel de renta que han recortado notablemente los fondos comunitarios recibidos por España.

Operaciones Financieras

El saldo de la Cuenta Financiera debe ser igual a la capacidad o necesidad de financiación del país. Cuando hay discrepancia entre ambos saldos, la diferencia se anota en la partida de errores y omisiones. Los déficits por Cuenta Corriente y de Capital de la economía española se han financiado tradicionalmente con una entrada neta de capital extranjero.

El análisis de las variaciones netas de activos y de pasivos financieros ofrece unos rasgos generales claros, que pueden condensarse en los siguientes:

• Desde 1995, se aprecia una tendencia al incremento de los flujos de entrada y salida de capitales, cuya magnitud tiende a igualarse.
• Desde la introducción del euro, en 1999, se registra un aumento de la variación neta de pasivos. Pero también es notable la aceleración de los flujos de salida.
• Inmediatamente después de 2008 se aprecia un notable retroceso de las entradas y las salidas como consecuencia de la brusca interrupción de la actividad económica que supuso la crisis.
• El saldo de la Cuenta Financiera implicó una salida neta de fondos al resto del mundo y que obedeció a una drástica reducción de la inversión neta del resto del mundo en nuestro país, que se torna incluso negativa. Este fenómeno fue de mayor intensidad durante la segunda mitad de 2011 y la primera mitad de 2012, cuando arreciaron los riesgos de quiebra de la eurozona.

Tras la interrupción de 2011 y 2012, en el bienio 2013-2014 se retoma el tradicional signo negativo del saldo de la Cuenta Financiera que permitía cubrir sin dificultades la necesidad de financiación de la economía española con entradas netas de capital. En los siguientes siete años, 2015-2021, las transacciones financieras netas entre España y el resto del mundo han presentado un saldo neto acreedor.

Evolución del Comercio Exterior Español

Desde comienzos de la década de 1960, el proceso de crecimiento de la economía española se benefició de los efectos dinámicos del comercio internacional. Con gran frecuencia, tanto las exportaciones como las importaciones crecieron a mayores ritmos que el PIB.

La evolución experimentada por el saldo comercial en las últimas dos décadas ilustra este comportamiento cíclico: con un notable empeoramiento del déficit durante la larga fase expansiva previa a la crisis de 2008 y una severa corrección tras el ajuste a que esta dio lugar, seguidos de una leve recuperación a medida en que nos adentramos en el segundo decenio del siglo; y la pandemia generó una abrupta caída de los intercambios en el año 2020.

Entre 1960 y 2022, la cuota correspondiente a las exportaciones siguió una trayectoria creciente en el tiempo. Con posterioridad y hasta la crisis de 2008, la cuota se mantuvo relativamente estabilizada, como consecuencia tanto de la pérdida de competitividad de la economía española como de la mayor absorción interna activada por el crecimiento de la demanda doméstica. En 2009, la cuota se recuperó y emprendió una tendencia alcista, hasta situarse a mediados de la década de 2010 en una nueva meseta. La pandemia COVID-19 supuso una caída en los volúmenes de comercio en 2020. La recuperación postpandemia ha motivado un incremento notable de las compras externas, que han crecido en los últimos dos años. Como consecuencia, la cuota de importaciones sobre el PIB se sitúa, en 2022, en valores superiores al 33%.

El abrupto cambio que motivó la crisis financiera de 2008 obligó a corregir el abultado déficit comercial que había acumulado la economía española. Un déficit que, en 2007, había situado el desequilibrio comercial en una magnitud de algo más de un 8,7% del PIB. A medida que se reactivó la economía, crecieron también las importaciones, de modo que el déficit repuntó, situándose en una cuota cercana al 3% del PIB, en 2018. La crisis derivada de la pandemia produjo una visible contracción del comercio. La recuperación postpandemia activó el proceso contrario: un intenso crecimiento tanto de exportaciones como de importaciones.

Un comportamiento como el señalado ha tenido tres consecuencias de importancia que conforman un primer balance agregado del comercio exterior español:

• En primer lugar, debido al dinamismo de las exportaciones, se produjo un aumento leve en la cuota de las ventas españolas en los mercados internacionales.
• En segundo lugar, se experimenta en el periodo un notable proceso de apertura de la economía española, de forma que los flujos de comercio que alcanzaban el 12% del PIB en 1960, suponen más del 62% en 2022.
• En tercer lugar, se constata que la brecha comercial se ha mantenido a un nivel relativamente aceptable.

Las estimaciones realizadas confirman que las importaciones en España dependen básicamente de la renta, con una elasticidad que, en la mayor parte de los casos, se sitúa en el entorno de 2, mientras que los precios relativos muestran una elasticidad negativa que, en valores absolutos, se sitúa por debajo de la unidad. Este comportamiento es acorde con la naturaleza de los bienes importados. En lo que respecta a las exportaciones, dependen en lo fundamental de la renta mundial, con una elasticidad positiva y cercana a 1, mientras que la variación de precios presenta una elasticidad lógicamente negativa y algo superior a la unidad en valores absolutos.

A medida que la economía se ha ido recuperando, las importaciones han elevado su crecimiento, lo que se ha traducido en un incremento del déficit comercial en los años 2018 y 2019. Ese proceso se vio ocasionalmente interrumpido a causa de la pandemia, pero se ha vuelto a activar en los últimos años como consecuencia de la recuperación.

Cambios en la Orientación Geográfica del Comercio

Incluso antes de la entrada en la Unión Económica y Monetaria, podía decirse que la economía española se encontraba ya comercialmente integrada en los mercados comunitarios. Hacia aquellos países se dirigía la mitad de las exportaciones y provenía un tercio de las importaciones. Por otro lado, destacamos la estrecha relación de España con los países de América Latina y la dependencia energética que tiene con los países de la OPEP.

La entrada en la Unión Europea supuso un gran cambio en el origen y destino de las corrientes comerciales españolas. Hoy en día, el 66% de nuestras exportaciones se dirigen al mercado europeo, y el 57% de las importaciones procede de Europa. En cuanto a los clientes más relevantes de la exportación española, tenemos que destacar a Francia, Alemania, Portugal como países comunitarios. Fuera de la UE, destacan EE.UU., América Latina y los países de la OPEP.

Por el lado de las importaciones, son los países de la UE los principales abastecedores, junto a China y los países de la OPEP. Una forma de analizar la orientación del comercio exterior español es considerar los principales países proveedores y clientes de nuestro mercado. Podremos observar que tanto nuestros principales clientes como buena parte de nuestros proveedores son países europeos (Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Portugal…), y EE.UU., en el primer caso, y en el segundo sustituyendo Portugal por China. Por otro lado, si comparamos el peso que nuestras ventas tienen en las compras de los países, en este caso, aparecen de nuevo países europeos, pero también africanos como Marruecos o Argelia.

Medidas Adoptadas por el Banco de España y el Ministerio de Economía para la Crisis Bancaria

Para hacer frente a la crisis del sistema bancario, el Banco de España y el Ministerio de Economía adoptaron las siguientes medidas:

• Inyección de liquidez: Para aliviar el problema de liquidez se creó el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) y se comenzaron a conceder avales públicos a las emisiones por entidades bancarias.
• Incentivar los procesos de integración: El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se creó para el apoyo a la fusión de entidades con sobrecapacidad y elevada exposición con otras más eficientes y menos expuestas.
• Bancarización de las cajas de ahorro: Se posibilitó que las cajas ejercieran su actividad financiera a través de un banco.
• Mayores exigencias en materia de provisiones: Se obligó a aumentar las provisiones de los activos inmobiliarios considerados problemáticos.
• Incremento de los requerimientos de capital: Se eliminaron las dudas sobre la solidez del sistema bancario mediante una ley que exige a las entidades de crédito mayores y mejores niveles de recursos propios.

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