La Proclamación de la República

1.1. La caída de la monarquía y el Gobierno Provisional

En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, los monárquicos obtuvieron mayoría de concejales por el control que los caciques ejercían en las zonas rurales. Sin embargo, el triunfo en las grandes ciudades de la coalición republicano-socialista mostró la falta de apoyo a la monarquía.

En la noche del 14 de abril de 1931, Niceto Alcalá Zamora proclamó en Madrid la Segunda República Española y el rey Alfonso XIII partió al exilio. El comité revolucionario, creado por el Pacto de San Sebastián y constituido por todos los partidos políticos favorables a la República, se convirtió en el Gobierno Provisional de la República.

1.2. Las reformas inmediatas

El objetivo principal del gobierno era convocar Cortes Constituyentes. Pero su actuación política, en los primeros meses, también se ocupó de una serie de reformas inmediatas:

• El debate territorial: Los nacionalismos plantearon de inmediato a la República la cuestión autonómica. El mismo día 14 de abril, Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana, proclamó de manera unilateral la República Catalana «como Estado integrante de la Federación Ibérica». El gobierno republicano logró un compromiso por el que se restauraba la Generalitat, como gobierno autónomo de Cataluña, hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía.
• La miseria agraria: Una secuencia de decretos dirigidos a paliar la precaria situación de los campesinos despertó pronto el recelo de los propietarios agrarios. El decreto de laboreo forzoso obligaba a los propietarios a tener cultivadas las tierras. El decreto de términos municipales para combatir el paro agrícola estableció la obligación prioritaria de contratar braceros del propio término municipal. También se aprobó el seguro de accidentes de trabajo y la jornada laboral de ocho horas, y se prohibió expulsar de sus tierras a los pequeños arrendatarios.
• En la educación: El objetivo prioritario era erradicar el analfabetismo y promover la enseñanza laica. Varios decretos preveían la creación de miles de escuelas para el curso siguiente y un número similar de maestros. Asimismo, se estableció el principio de la coeducación y la no obligatoriedad de la enseñanza religiosa.

La Constitución de 1931

Las Cortes Constituyentes aprobaron la primera constitución republicana de la historia de España. El proyecto fue resultado de un compromiso entre socialistas y republicanos de izquierdas para establecer una república democrática y no confesional. Definía a España como «una república democrática de trabajadores de toda clase», en la que todos los poderes emanaban del pueblo.

Recogía una amplia declaración de derechos y libertades, como el derecho al voto de las mujeres, el establecimiento del matrimonio civil y el divorcio, y el derecho a una educación primaria obligatoria y gratuita. Se respetaba la propiedad privada, pero se asumía el principio de que la riqueza del país quedaba subordinada a los intereses nacionales. Así, la propiedad privada podía ser objeto de expropiación forzosa por utilidad social, pero con la correspondiente indemnización, y se abrió la posibilidad de nacionalización de ciertos sectores de la economía.

División de Poderes según la Constitución de 1931

La Constitución de 1931 establecía una radical división de los poderes:

• Las Cortes o Congreso de los Diputados: De una única cámara, tenían una amplia capacidad legislativa, de control político sobre el gobierno e incluso podían destituir al presidente de la República.
• La Jefatura del Estado: Se atribuyó al presidente de la República, entre cuyas funciones destacaron la de nombrar y destituir al presidente del gobierno, promulgar las leyes y disolver las Cortes hasta dos veces como máximo. Los gobiernos debían contar con la confianza del presidente y con el respaldo de la mayoría parlamentaria.
• La Justicia: Se basaba en la autonomía y la independencia de los tribunales. Se introdujo el jurado. Y se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales para asegurar la constitucionalidad de las leyes, amparar los derechos individuales y resolver los conflictos entre el Estado y las regiones autónomas.

La República se configuraba como un «Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones». Varias provincias podrían organizarse en región autónoma. La distribución de competencias entre el Estado y las regiones autónomas se hizo primando la supremacía del Estado. Finalmente, cada estatuto de autonomía debía ser aprobado por las Cortes.

El Frente Popular

5.1. Las elecciones de febrero de 1936

En febrero de 1936 se celebraron las últimas elecciones de la Segunda República y las últimas elecciones libres en España en más de 40 años. La campaña electoral fue tensa y agitada, pero no hubo alteraciones significativas del orden público. Fueron unas elecciones limpias y con una muy elevada participación. En esta ocasión, la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) cambió de actitud al no propugnar la abstención e incluso llegó a recomendar votar.

Los partidos de izquierda constituyeron en enero de 1936 una gran alianza, el Frente Popular, resultado de un acuerdo electoral, pero no de gobierno, entre los partidos republicanos de izquierda, los socialistas y los comunistas. Su programa era moderado, basado en una amnistía general para los encarcelados por los sucesos de octubre de 1934 y la recuperación de la política reformista del primer bienio. Frente a esa coalición electoral, las derechas y el centro se presentaron desunidos:

• La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) fracasó en su intento de una coalición de derechas a escala nacional y solo logró establecer pactos electorales puntuales en algunas provincias, unas veces con el Partido Radical y otras con los monárquicos. Su programa se centró en la revisión total de la Constitución.
• También fracasó en la extrema derecha el intento de Calvo Sotelo de recomponer el Bloque Nacional con Renovación Española, Acción Española y los carlistas de Comunión Tradicionalista.

Los resultados electorales arrojaron una victoria muy ajustada del Frente Popular. El sistema mayoritario establecido por la ley electoral favoreció su triunfo en número de escaños.

La Guerra Civil (1936-1939)

1.1. La sublevación militar

El alzamiento militar contra la República, previsto para el 18 de julio de 1936, se inició de modo imprevisto en Melilla el 17 de julio, y de inmediato se extendió al resto de las tropas del Protectorado español en Marruecos. El general Francisco Franco, tras declarar el estado de guerra en Canarias, se trasladó al Protectorado de Marruecos para ponerse al mando del ejército de África.

Entre los días 18 y 20 de julio, el alzamiento militar se extendió al resto del territorio español con resultados muy diversos. Triunfó en parte de Andalucía, donde el general Queipo de Llano se hizo con el poder en Sevilla. También se sublevaron las guarniciones de Cádiz, Córdoba y Granada. El general Mola ocupó Navarra, el centro de la conspiración. En Zaragoza, el general Cabanellas logró dominar la mayor parte de Aragón. La rebelión militar también se hizo con el poder en Castilla y León, La Rioja, Galicia, Canarias, Mallorca y parte de Extremadura.

En las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia y el puerto clave de Cartagena) y en las zonas industriales de Asturias, País Vasco y Cataluña, se abortó la sublevación militar. En estos sitios, buena parte del ejército y de las fuerzas de orden público (Guardia de Seguridad, Guardia de Asalto y Guardia Civil) se mantuvieron fieles a la República, a lo que se añadió la fuerte resistencia popular de milicianos de las organizaciones políticas y sindicales.

3. Las operaciones militares

La sublevación militar provocó la revolución social y la desintegración del ejército regular republicano, dejando a la República prácticamente sin tropas para defenderse. Así, en los inicios de la guerra, su defensa quedó en manos de las milicias armadas y organizadas por los partidos y sindicatos obreros (socialistas, anarquistas y comunistas). Además, el gobierno republicano apenas controlaba política y militarmente Madrid y la zona centro, mientras que el País Vasco, Cataluña, Asturias y Santander organizaban la defensa por su cuenta.

3.1. La batalla de Madrid (agosto de 1936 – marzo de 1937)

El principal objetivo de los militares rebeldes era una rápida conquista de Madrid que les permitiera consolidar la sublevación. El general Mola inició las primeras operaciones, pero el avance quedó detenido en la sierra de Guadarrama.

Con este fracaso, el protagonismo recayó en el ejército de África al mando del general Franco. En agosto de 1936, con la ayuda de aviones alemanes e italianos, comenzó el traslado del ejército de Marruecos a la Península.

Una columna de legionarios y regulares, al mando del general Yagüe, inició una rápida marcha sobre Madrid por la carretera de Extremadura, superó con facilidad a los milicianos sin formación militar y tomó Badajoz.

Franco decidió aplazar la conquista de Madrid y liberar el Alcázar de Toledo del asedio republicano. Su liberación supuso un triunfo político y propagandístico para Franco, quien poco después fue designado Generalísimo de las fuerzas sublevadas por la Junta de Defensa de Burgos.

3.4. El fin de la guerra (diciembre de 1938 – abril de 1939)

A finales de 1938 se produjo la ofensiva franquista sobre Cataluña, que fue el golpe decisivo para la República. Frente a un ejército republicano de 220.000 soldados, desmoralizado y falto de armamento, Franco opuso un ejército de 300.000 soldados experimentados y con muchos medios.

El 26 de enero de 1939, Barcelona fue ocupada por las tropas de Franco y pocos días después Gerona. Unas 500.000 personas, incluidos los restos del Ejército Popular de Cataluña, el presidente de la República Manuel Azaña, los miembros del gobierno republicano de Juan Negrín y el de la Generalitat, se exiliaron a Francia.

Negrín regresó de Francia en enero de 1939 e instaló su gobierno en Elda. Defendió, con el apoyo de los comunistas, una política de resistencia para alargar el conflicto ante el inminente estallido de una guerra mundial que permitiera a la República encontrar aliados. El Ejército Popular del Centro, Extremadura y Levante aún contaba con 500.000 soldados, la mitad de la flota y la importante base naval de Cartagena, pero ya era prácticamente imposible conseguir suministros del exterior.

En Madrid, el coronel Casado, jefe del Ejército del Centro, junto a dirigentes socialistas (Julián Besteiro), de la CNT (Cipriano Mera), de Unión Republicana e Izquierda Republicana, todos contrarios al dominio que ejercían los comunistas, se sublevaron contra el gobierno de Negrín. Pretendían negociar con Franco una paz con garantías y sin represalias.

Mientras Negrín y los principales dirigentes del Partido Comunista abandonaban en avión el país, Madrid fue, durante varios días, escenario de una «guerra civil» dentro de la Guerra Civil. Tras la derrota de los comunistas, Casado reanudó las negociaciones con Burgos, pero Franco mantuvo su postura intransigente y exigió una rendición incondicional.

La Dictadura de Franco: Características

La dictadura de Franco fue personal, autoritaria y de base militar. En sus primeros años se identificó con el fascismo totalitario, tanto por la influencia del ideario de la Falange como por la admiración hacia el modelo político de la Italia fascista y la Alemania nacionalsocialista. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, y especialmente desde la década de 1950, el régimen franquista se adaptó a la nueva situación internacional. Mantuvo sus ideas fundamentales, pero evolucionó condicionado tanto por las presiones del exterior como por las necesidades internas.

Franco fue un dictador carismático que concentró en sus manos un poder ilimitado del que solo respondía «ante Dios y ante la historia». Los medios de comunicación del régimen exaltaron y mitificaron el carácter providencial y caudillista de su persona, que quedó acuñado desde 1947 en las monedas con su busto (Doc. 12) y la leyenda: «Francisco Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios», siendo objeto de respeto, admiración y culto. Como militar y católico conservador impuso un Estado unitario, centralista y repleto de simbología religiosa.

Para mantenerse en el poder ejerció una continua y sistemática represión contra sus opositores y suprimió las libertades y derechos más elementales como los de manifestación, opinión y reunión. Los españoles quedaron sujetos a las leyes del nuevo Estado que, además de carecer de garantías jurídicas, podían ser agravadas con discrecionales estados de excepción.

1.2. Bases ideológicas y sociales del régimen

En la instauración y consolidación del régimen colaboraron tres instituciones fundamentales y distintos grupos sociales:

• El Ejército: Fue fiel al Generalísimo y constituyó la columna vertebral del régimen. Sus miembros gozaron de privilegios y un buen número de ellos desempeñaron tareas ministeriales. Pero también hubo desavenencias en su seno, ya que había militares favorables a restablecer la monarquía y además hubo descontento por la falta de modernización del ejército y su escaso protagonismo en la descolonización de las posesiones africanas: Marruecos (1956), Guinea (1969) y el Sáhara (1975).
• La Falange: Quedó subordinada al Caudillo por el decreto de 1937 y sus ideas fueron claves para la formación del régimen, el control de la sociedad y el equilibrio de poderes entre las «familias» del régimen. Perdió peso político con la salida de Serrano Súñer del gobierno en 1942 y la derrota de los fascismos europeos en 1945, aunque mantuvo su influencia a través del sindicato, de la Secretaría General del Movimiento y sus organizaciones.
• La Iglesia Católica: Se identificó con el nuevo régimen y colaboró con su política, como había hecho al bendecir y legitimar el alzamiento de 1936. Franco la favoreció dejando en sus manos la educación y el control religioso-moral de la sociedad. De esa alianza nació el nacionalcatolicismo, la ideología oficial unificadora y hegemónica de los españoles.

2.2. La «democracia orgánica»

Las leyes del Fuero del Trabajo, la Ley Constitutiva de las Cortes y el Fuero de los Españoles pusieron las bases del Estado corporativo y crearon los cauces de participación de los españoles a través de sus «organizaciones naturales»: la familia, el municipio y el sindicato. Este sistema fue definido como «democracia orgánica», porque se oponía a la democracia «inorgánica» o parlamentaria, basada en el sistema de partidos y en la libertad de reunión, asociación y expresión. Las Cortes eran un «órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado», controladas por el Jefe del Estado.

Los procuradores a Cortes eran elegidos de diversas formas: unos por la condición de su cargo, otros por el sindicato y entidades locales, y el resto designados por el Jefe del Estado. Los procuradores del sindicalismo componían el tercio sindical; los de entidades municipales, el tercio municipal; y, a partir de la Ley Orgánica del Estado de 1966, se incorporaron a las Cortes los representantes elegidos por los cabezas de familia, el llamado tercio familiar.

El gobierno nombraba para cada provincia gobernadores militares y civiles. Estos ostentaban la jefatura provincial del Movimiento y controlaban y nombraban a su vez a los alcaldes de los ayuntamientos, que ejercían también como jefes locales del Movimiento. La estructura militar se completaba con el nombramiento de capitanes generales.

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