Las bases del sistema político, sus fuerzas y la oposición

La **Restauración borbónica** se inició en 1875 tras el golpe de Estado del general Martínez Campos (conocido como el **Pronunciamiento de Sagunto**) y la proclamación de **Alfonso XII** como rey de España. Su llegada puso fin al inestable **Sexenio Democrático** (1868-1874), un periodo marcado por la revolución de 1868, la monarquía de Amadeo I y la Primera República. Este periodo se divide en varias etapas: el reinado de Alfonso XII (1875-1885), la regencia de María Cristina (1885-1902), el reinado de Alfonso XIII (1902-1931) y la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931).

Frente al caos político anterior, la Restauración pretendió asentar un régimen político estable y duradero, capaz de garantizar la continuidad de la monarquía borbónica e impulsar la modernización económica del país. El artífice del sistema fue **Antonio Cánovas del Castillo**, quien diseñó un marco institucional que combinaba una apariencia liberal con un fuerte control oligárquico. En realidad, fue un régimen pensado para favorecer los intereses de las clases burguesas dominantes, lo que supuso el triunfo del liberalismo moderado.

La **Constitución de 1876** fue la pieza clave del nuevo sistema. Su principal característica era la flexibilidad, ya que permitía la alternancia entre gobiernos conservadores y liberales sin necesidad de modificar el marco legal. Aunque era una constitución de carácter conservador, permitió incorporar medidas progresistas, como el derecho de asociación (1887), el sufragio universal masculino (1890) o el reconocimiento del matrimonio civil. Establecía una Monarquía Parlamentaria (con Alfonso XII) y una **soberanía compartida** entre las Cortes y la Corona, lo que reforzaba el poder del rey en detrimento del Parlamento. El monarca conservaba el derecho de veto, podía disolver las Cortes y nombrar libremente al presidente del Gobierno. Además, otorgaba oficialidad a la religión católica, y aunque se reconocían los derechos y libertades, podían restringirse mediante leyes ordinarias. El sufragio fue censitario al principio, aunque en 1890 se instauró el sufragio universal masculino.

El funcionamiento práctico del régimen se articuló a través del **turno pacífico de partidos**, un sistema de alternancia pactada entre el **Partido Conservador**, liderado por Cánovas y apoyado por aristócratas y grandes propietarios, y el **Partido Liberal**, dirigido por Sagasta, con apoyo de la burguesía industrial y comercial. Ambos partidos aceptaban las reglas del juego y se turnaban en el poder para garantizar la estabilidad política. Sin embargo, la alternancia no se debía a la opinión pública, sino a la intervención de la Corona, que decidía qué partido debía gobernar y convocaba elecciones amañadas para darle la mayoría.

Este **fraude electoral** se sostenía gracias al **caciquismo**, un sistema de control político local ejercido por los caciques (oligarcas rurales con gran influencia), que manipulaban los votos mediante presiones o favores. En consecuencia, el caciquismo fue la base real del sistema, garantizando el control social y político en las zonas rurales, donde la mayoría de la población carecía de medios de expresión política. Las grandes ciudades, llamadas por Ortega y Gasset “islas de modernidad”, resultaban más difíciles de manipular. De este modo, el sufragio universal masculino instaurado en 1890 quedó en gran parte neutralizado, evidenciando el carácter fraudulento y oligárquico del régimen.

Además, otros factores también contribuyeron al funcionamiento del sistema. En primer lugar, la prensa adquirió gran importancia como cuarto poder, con numerosos periódicos de todas las tendencias políticas que formaban la opinión pública y apoyaban la línea de los grupos de poder. Las mejoras educativas favorecieron su difusión y surgieron publicaciones como El Socialista, que dio voz al pensamiento y a las reivindicaciones obreras. Por otra parte, el ejército, que al inicio de la Restauración tuvo un papel político más limitado, ayudó a mantener la estabilidad, aunque a finales de siglo, los reveses coloniales en Cuba y Filipinas devolvieron al ejército un protagonismo desestabilizador. Finalmente, la Iglesia, aunque resignada al triunfo del liberalismo, aceptó el sistema y, pese a perder influencia política directa, mantuvo una gran influencia social a través de sus obras educativas y religiosas, actuando como elemento articulador de la sociedad.

No obstante, pese a su apariencia estable, el sistema de la Restauración tuvo que enfrentarse desde el inicio a diversas fuerzas de **oposición**, en gran parte excluidas del poder político. Entre ellas destacaron:

• Los **republicanos**, divididos en múltiples facciones que cuestionaban la monarquía y el turno de partidos.
• Los **carlistas**, defensores de la legitimidad dinástica de Carlos VII, con fuerte apoyo en el País Vasco y Navarra.
• El **movimiento obrero**, representado por el **socialismo** (con el PSOE fundado en 1879 y la UGT en 1888) y el **anarquismo**, muy activo en Cataluña y Andalucía, que criticaban el carácter oligárquico del régimen liberal.
• Los **nacionalismos periféricos** emergentes (catalanismo, galleguismo y nacionalismo vasco), que comenzaron a cuestionar el centralismo y la uniformidad del Estado liberal.

En conclusión, el sistema político de la Restauración se sustentó en la combinación de legalidad constitucional, alternancia pactada y control social mediante el caciquismo fraudulento. Este modelo permitió una relativa estabilidad política durante varias décadas, pero al mismo tiempo incubó tensiones internas que erosionaron su legitimidad con el paso del tiempo. En definitiva, su carácter oligárquico y excluyente impidió la integración plena de amplias capas sociales y de las nuevas corrientes políticas, lo que acabaría contribuyendo a su crisis final en el siglo XX.

La política colonial

La política colonial fue uno de los capítulos más significativos de la Restauración borbónica, ya que constituye un aspecto clave para comprender tanto la evolución del régimen como su proyección internacional. Al inicio de este periodo, España conservaba un pequeño imperio ultramarino tras las independencias americanas del primer tercio del siglo XIX. Dicho patrimonio colonial incluía **Cuba** y **Puerto Rico** en el Caribe, **Filipinas** y Guam en el Pacífico, además de pequeñas posesiones en África como Fernando Poo y Río Muni (Guinea Ecuatorial) y enclaves en el norte de Marruecos.

La cuestión colonial tuvo un peso enorme en la política española, especialmente por la centralidad de Cuba, conocida como la “perla del Caribe”. Esta isla era económicamente vital gracias a sus plantaciones de azúcar y tabaco, explotadas en gran parte por capital peninsular. Sin embargo, las tensiones entre la metrópoli y la colonia eran constantes. La Guerra de los Diez Años (1868-1878), iniciada durante el Sexenio Democrático, finalizó con la **Paz de Zanjón**, que otorgó algunas concesiones, aunque insuficientes. Por tanto, la Restauración se inauguró con un problema colonial latente.

A lo largo de los años siguientes, la política colonial estuvo marcada por el intento de mantener el control de Cuba mediante una combinación de reformas y represión. Se aprobaron medidas de descentralización administrativa y representación en Cortes, pero sin cuestionar el vínculo con la metrópoli. No obstante, la tensión resurgió en 1895 con el estallido de la **Guerra de Independencia de Cuba**, liderada por José Martí. El conflicto se extendió rápidamente y coincidió con un levantamiento en Filipinas. La guerra adoptó una dimensión internacional en 1898, cuando **Estados Unidos** intervino tras el hundimiento del acorazado Maine en el puerto de La Habana —un incidente provocado probablemente por los propios norteamericanos para justificar la guerra—.

La guerra hispano-estadounidense fue breve, pero concluyó con una rotunda derrota española. El **Tratado de París (1898)** sancionó la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, reduciendo a España a una potencia de segundo orden, carente de un imperio de ultramar significativo. Este acontecimiento, conocido como el **Desastre del 98**, tuvo un impacto devastador en la conciencia nacional. Supuso no solo un golpe económico, al perderse mercados fundamentales, sino también una crisis moral e ideológica, ya que se evidenció el declive de España frente a las potencias industriales europeas.

En este contexto surgió el **Regeneracionismo**, una corriente crítica que proponía modernizar el país y superar el atraso político, social y económico. Intelectuales como **Joaquín Costa** expresaron la necesidad de “escuela y despensa” y de “poner siete llaves al sepulcro del Cid” como símbolos de la renovación nacional y del abandono de la nostalgia imperial. Este clima de reflexión dio lugar también a la **Generación del 98**, con escritores como Unamuno, Azorín, Baroja, Emilia Pardo Bazán y Antonio Machado, que exploraron la crisis moral y la identidad de España tras el desastre colonial.

A pesar de la pérdida americana y asiática, España mantuvo aspiraciones coloniales en África, lo que dio origen a la denominada **cuestión de África**. Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, se impulsó la ocupación del norte de Marruecos, en el marco del reparto colonial internacional. El **Protectorado de Marruecos**, establecido en 1912 mediante un acuerdo con Francia, otorgó a España el control del Rif, una región montañosa del norte rica en yacimientos de hierro. Sin embargo, este enclave se convirtió en escenario de graves conflictos militares, como la guerra de Melilla en 1909 y el **Desastre de Annual en 1921**, donde las tropas españolas sufrieron una dura derrota frente a las cabilas rifeñas lideradas por Abd el-Krim. Estos episodios marcaron profundamente a la sociedad y al ejército español, reforzando el malestar hacia el sistema político de la Restauración y precipitando su crisis final.

En síntesis, la política colonial de la Restauración osciló entre la defensa a ultranza del imperio y la evidencia de un declive inevitable. La pérdida de las últimas colonias americanas y asiáticas en 1898, seguida por los conflictos en Marruecos, dejó una huella profunda en la historia contemporánea de España, alimentando la percepción de crisis nacional y debilitando la legitimidad del régimen.

La economía y la sociedad de España: la cuestión social

La economía y sociedad españolas durante la Restauración (1875-1931) mostraron un crecimiento desigual y fuertes contrastes regionales, manteniendo un retraso evidente frente a la Europa industrializada. En este contexto surgió la **cuestión social**, es decir, los conflictos derivados de la desigualdad económica y de las duras condiciones laborales, que se convirtieron en un problema central y alimentaron el malestar político y social.

En el ámbito económico, la Restauración coincidió con un crecimiento lento y desequilibrado. El sector agrario siguió siendo la base económica, pero con realidades muy distintas. En la costa mediterránea se modernizaron los cultivos orientados a la exportación (vino, aceite, cítricos), mientras que en gran parte del interior predominaba una agricultura tradicional y poco productiva, dominada por el **latifundismo**.

El latifundismo consistía en la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos propietarios, lo que dejaba a la mayoría de campesinos sin tierras propias y obligados a trabajar como **jornaleros** en condiciones de miseria. Este modelo, especialmente presente en Andalucía y Extremadura, generaba tensiones sociales constantes y frenaba la modernización agraria. Así, la cuestión agraria fue durante décadas la gran asignatura pendiente del desarrollo español.

En cambio, el norte minero e industrial vivió un mayor dinamismo económico. El País Vasco se convirtió en el centro siderúrgico y minero, vinculado a la exportación de hierro a Europa; Cataluña mantuvo su liderazgo textil algodonero; y Asturias se especializó en la minería hullera (carbón). Sin embargo, la **industrialización** española se vio limitada por el débil mercado interior, la escasez de capitales, el atraso en infraestructuras y una política proteccionista que frenaba la competitividad exterior.

La pérdida de las colonias en 1898 supuso un duro golpe económico, pero el retorno de capitales coloniales impulsó nuevas inversiones en banca, electricidad y transportes. Aun así, el crecimiento fue moderado y concentrado en pocas regiones.

En el plano social, la Restauración se caracterizó por una gran desigualdad. En la cúspide se situaban la aristocracia y la alta burguesía, que controlaban el poder político y económico. En la base, una masa campesina empobrecida y una clase obrera creciente que comenzaba a organizarse sindical y políticamente, especialmente en Cataluña y el País Vasco, donde surgieron formas de protesta, huelgas y movimientos reivindicativos.

La cuestión social se expresó en conflictos laborales y en la difusión de ideologías revolucionarias. El **anarquismo**, muy arraigado en Cataluña y Andalucía, defendía la acción directa y rechazaba la vía parlamentaria. El **socialismo**, en cambio, se organizó en torno al **PSOE** (1879) y la **UGT** (1888), de orientación marxista, que se convirtió en el principal sindicato obrero. Desde 1910, el PSOE logró representación parlamentaria con Pablo Iglesias como diputado. Ambas corrientes criticaban la alianza entre el Estado y la oligarquía, denunciando la exclusión de las clases populares.

El Estado, ante el avance del conflicto social, respondió combinando represión y tímidas reformas. Durante la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) y el reinado de Alfonso XIII (1902-1931) se aprobaron leyes como la creación del **Instituto de Reformas Sociales (1903)**, el descanso dominical, la prohibición del trabajo nocturno femenino y la ley de accidentes laborales, aunque fueron insuficientes para resolver los problemas de fondo. En conclusión, la economía de la Restauración se caracterizó por un crecimiento limitado y desequilibrado, mientras que la sociedad sufrió fuertes tensiones. La persistencia del latifundismo, el atraso industrial y la falta de reformas estructurales mantuvieron abierta la cuestión social, convirtiéndose en uno de los principales factores que debilitaron la estabilidad del sistema político de la Restauración.

La crisis final de la Restauración

La crisis final de la Restauración se desarrolló a comienzos del siglo XX, cuando el sistema, pese a su larga resistencia, empezó a mostrar claros signos de agotamiento. Las tensiones acumuladas —sociales, políticas y territoriales— se intensificaron, provocando una crisis irreversible que acabaría poniendo fin al régimen.

En el plano político, el turno pacífico de partidos perdió legitimidad. El caciquismo y la manipulación electoral ya no bastaban para frenar el auge de nuevas fuerzas políticas. Los republicanos ganaron influencia en las ciudades, los nacionalismos periféricos, especialmente el catalán y el vasco, crecieron con la aparición de la **Lliga Regionalista** y del **PNV** (1895), y el movimiento obrero, tanto socialista como anarquista, se fortaleció en un contexto de conflictividad laboral creciente. Todo ello cuestionaba la capacidad integradora del sistema y debilitaba el poder de los partidos dinásticos.

Por otro lado, la crisis del 98 había dejado una herida moral y política que no se cerró. El regeneracionismo, que reclamaba reformas profundas, fue asumido parcialmente por políticos como **Antonio Maura**, con su programa de “**revolución desde arriba**”, pero sus intentos chocaron con la resistencia de las élites. La democratización real del sistema resultaba imposible mientras la Corona y los partidos turnistas se aferraran al control oligárquico del poder.

A este deterioro se sumó la creciente conflictividad social. La primera década del siglo estuvo marcada por protestas obreras y por episodios como la **Semana Trágica de Barcelona (1909)**, que reflejó la oposición popular a la guerra de Marruecos y la capacidad de movilización de las masas urbanas. El auge del sindicalismo, con la fundación de la **CNT** en 1910, radicalizó aún más las luchas obreras.

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), aunque España se mantuvo neutral, el conflicto tuvo graves repercusiones internas. La economía experimentó un crecimiento coyuntural gracias a las exportaciones (textiles, siderurgia), pero los beneficios se concentraron en minorías, mientras que la inflación y el desabastecimiento golpearon duramente a las clases populares, generando una crisis de subsistencia. Esto agravó la conflictividad social, culminando en la **huelga general de 1917**, convocada por UGT y CNT, e inspirada en parte por la Revolución Rusa, que alentó las esperanzas de cambio entre los trabajadores.

Ese mismo año, la **crisis de 1917** fue triple:

• Militar: con las **Juntas de Defensa** que protestaban por la pérdida de privilegios.
• Política: con la **Asamblea de Parlamentarios** impulsada por los catalanistas en Barcelona.
• Social: con la mencionada huelga general.

En conjunto, estos hechos evidenciaron el colapso del sistema de la Restauración.

Durante el reinado de Alfonso XIII, la inestabilidad política se agravó. El rey, que intervino activamente en la política, fue perdiendo prestigio ante amplios sectores. La guerra de Marruecos volvió a ser un problema central, sobre todo tras el **Desastre de Annual (1921)**, donde murieron miles de soldados españoles. El “**expediente Picasso**”, que investigaba las responsabilidades del desastre, implicaba a altos mandos militares e incluso a la propia Corona, generando un profundo malestar en el ejército y en la opinión pública.

En este contexto, el sistema de la Restauración se mostró incapaz de ofrecer soluciones. El parlamentarismo estaba desprestigiado, las instituciones eran ineficaces y la monarquía se encontraba en entredicho. Todo ello preparó el terreno para el **golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923**, que puso fin al régimen e inauguró una dictadura militar con el apoyo del propio Alfonso XIII.

En conclusión, la crisis final de la Restauración fue el resultado de una acumulación de tensiones irresueltas: la incapacidad para modernizar el sistema político e integrar a las fuerzas de oposición, la agudización de la cuestión social, el auge de los nacionalismos periféricos y el desgaste provocado por la guerra colonial, que mantuvo al ejército en permanente agitación. En conjunto, todo ello configuró un escenario de descomposición política y social en el que la Restauración, pese a su larga duración, acabó colapsando de forma abrupta en 1923.

El golpe de Primo de Rivera y su dictadura

El golpe de Estado del general **Miguel Primo de Rivera**, el 13 de septiembre de 1923, puso fin al sistema de la Restauración e inauguró una dictadura militar que se prolongó hasta 1930. La intervención fue bien recibida al principio por Alfonso XIII y por amplios sectores sociales, cansados de la inestabilidad política y del desprestigio del parlamentarismo. Sin embargo, aunque la dictadura logró ciertos avances económicos, fracasó en su intento de regenerar la vida política y acabó provocando el descrédito definitivo de la monarquía.

Primo de Rivera justificó su golpe alegando la necesidad de restaurar el orden público, acabar con el caciquismo y resolver el problema de Marruecos. Contó con el apoyo del rey, lo que comprometió seriamente a la Corona con el régimen. La dictadura adoptó al principio la forma de un **Directorio Militar**, compuesto solo por militares: suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes, prohibió los partidos políticos, implantó la censura y concentró todo el poder en el dictador, que gobernó por decreto.

En el terreno militar, Primo de Rivera se propuso resolver la cuestión marroquí. Tras el Desastre de Annual (1921), la presencia española en el Rif estaba gravemente cuestionada. Con ayuda de Francia, se organizó una ofensiva que culminó en el **desembarco de Alhucemas (1925)**, logrando la derrota definitiva de Abd el-Krim y el control efectivo del protectorado. Este éxito reforzó temporalmente la imagen del régimen.

En el plano económico y social, la dictadura impulsó una **política intervencionista** y proteccionista. Se promovieron grandes obras públicas —carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas— y se crearon empresas estatales y monopolios como Telefónica, Iberia o Campsa. En el ámbito laboral, se organizaron **corporaciones sindicales verticales**, inspiradas en el modelo fascista italiano, que agrupaban a obreros y patronos bajo la tutela del Estado, eliminando la libertad sindical. Gracias a una coyuntura internacional favorable, la economía creció y hubo cierta estabilidad social durante los primeros años. Pero a partir de 1929, la crisis económica mundial (Crack del 29) afectó de lleno a España: bajaron las exportaciones, se redujo el crédito y aumentó el paro, minando la base de apoyo al régimen.

En el ámbito político, Primo de Rivera intentó institucionalizar su dictadura con la creación de un Directorio Civil, incluyendo algunos civiles afines, para dar apariencia legal al régimen. Fundó la **Unión Patriótica**, partido único destinado a canalizar el apoyo popular, aunque nunca tuvo verdadera implantación ni logró sustituir a los partidos dinásticos. Su proyecto constitucional, el Estatuto Fundamental de la Monarquía (1929), fracasó por la falta de apoyo popular y por la oposición creciente de intelectuales, republicanos, nacionalistas y obreros. Incluso el ejército, hasta entonces su principal sostén, comenzó a mostrar desafección.

El desgaste político y social aumentó progresivamente. La censura, la represión y la falta de libertades generaron malestar en amplios sectores. Los estudiantes universitarios protagonizaron protestas, mientras que el movimiento obrero, especialmente a través de la UGT, adoptaba una postura cada vez más crítica. La oposición republicana, antes dispersa, empezó a organizarse en comités clandestinos que pedían el fin de la monarquía.

La relación entre Primo de Rivera y Alfonso XIII también se deterioró. El rey, que había apoyado el golpe de 1923, acabó distanciándose del dictador cuando este perdió apoyos en el ejército y en la sociedad. Aislado y enfermo, Primo de Rivera dimitió en enero de 1930 y se exilió en París, donde murió poco después.

La caída de la dictadura no significó el retorno inmediato al régimen parlamentario. El rey nombró al general Berenguer, iniciándose la etapa conocida como la “**Dictablanda**”, que intentó restaurar el constitucionalismo, aunque sin éxito. El desprestigio de la monarquía era ya insalvable tras su colaboración con la dictadura. Mientras tanto, la oposición republicana y socialista se reorganizó y firmó el **Pacto de San Sebastián (1930)**, que marcó el inicio del fin de la monarquía.

En conclusión, la dictadura de Primo de Rivera fue el epílogo de la Restauración. Nacida como un intento de regenerar el sistema, logró algunos avances económicos y reformas sociales (como la entrada de las primeras mujeres en concejalías y en el Congreso, aun sin derecho a voto), pero fracasó políticamente. Su caída aceleró el derrumbe de la monarquía de Alfonso XIII y abrió el camino hacia la **Segunda República**, proclamada en abril de 1931.

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