La Segunda República y la Guerra Civil

El Bienio Radical-Cedista y la Revolución de Octubre de 1934

Tras las elecciones de 1933, la derecha ganó y comenzó el llamado bienio negro. El gobierno fue liderado por Lerroux (Partido Radical) con apoyo de la CEDA de Gil Robles. Se frenaron muchas reformas del bienio anterior, se aprobó una amnistía para golpistas y anarquistas, se ralentizó la reforma agraria y se restituyó poder e influencia a la Iglesia y al Ejército (Franco fue nombrado Jefe del Estado Mayor). La entrada de la CEDA en el gobierno (octubre 1934) provocó una reacción violenta de la izquierda, que convocó una huelga revolucionaria. Fracasó en casi toda España, salvo en Cataluña (donde se proclamó brevemente el Estado catalán) y en Asturias, donde la insurrección fue muy fuerte, con apoyo conjunto de UGT y CNT. En Asturias se formaron Consejos Obreros, se colectivizaron industrias y hubo actos violentos contra Iglesia y propietarios. El gobierno respondió con gran dureza, usando tropas marroquíes al mando de Franco. Hubo más de 1.300 muertos, 30.000 detenidos y una fuerte represión (torturas, penas de muerte, cárcel para Companys, etc.). Las consecuencias fueron una mayor polarización política, división en la izquierda y avance de posiciones autoritarias. La izquierda se reorganizó como Frente Popular para las elecciones de 1936. Aunque no fue una antesala directa de la guerra civil, evidenció la fragilidad de la República.

El Frente Popular, su Gobierno y el Inicio de la Guerra Civil

A finales de 1935, el gobierno radical-cedista cayó por escándalos de corrupción como el estraperlo, que rompieron su alianza y generaron inestabilidad. Alcalá Zamora convocó elecciones para febrero de 1936. La campaña fue muy polarizada, con tensión creciente y violencia. Las izquierdas se unieron en el Frente Popular (IR, UR, PSOE, PCE, POUM, UGT, etc.), con un programa de amnistía a los presos de 1934 y reactivación de reformas sociales. La derecha fue dividida y el centro casi desapareció. El Frente Popular ganó con el 34% de los votos pero obtuvo mayoría por el sistema electoral. La derecha triunfó en zonas rurales; la izquierda en ciudades y el arco mediterráneo. El nuevo gobierno, sin el PSOE, fue presidido por Casares Quiroga, y Azaña pasó a ser presidente de la República. Se aplicaron medidas rápidas: amnistía, restitución de la Generalitat y el Estatut, reactivación de la reforma agraria (con ocupaciones de tierras) y de las reformas militar, educativa y religiosa. Esto radicalizó a los sectores conservadores. Entre febrero y julio hubo una fuerte violencia callejera (primavera sangrienta), con asesinatos, incendios y choques entre izquierdas y derechas. La conspiración militar avanzaba, con Mola, Franco y Goded como líderes. El gobierno intentó dispersarlos geográficamente, pero sin éxito. El 13 de julio fue asesinado Calvo Sotelo por guardias de Asalto como represalia por el asesinato del teniente Castillo. Este hecho precipitó el golpe: el 17 de julio comenzó la sublevación en Marruecos, y el 18 Franco se alzó en Canarias y voló a África. El gobierno no reaccionó con decisión, creyendo que sería una rebelión aislada. Así comenzó la Guerra Civil.

Contexto Internacional de la Guerra Civil y Apoyo Exterior

La Guerra Civil Española fue un conflicto ideológico entre fascismo y comunismo que atrajo apoyo internacional. El bando sublevado, liderado por Franco, recibió el respaldo de la Alemania nazi, Italia y Portugal, que enviaron tropas, armas y recursos. Marruecos también contribuyó con tropas moras. Aunque EE. UU. fue neutral oficialmente, empresas como Texaco suministraron petróleo a los franquistas. La República, por su parte, recibió ayuda limitada de la Unión Soviética, que le proporcionó armamento y asesores, y de México, que envió armas y acogió exiliados. Además, las Brigadas Internacionales, formadas por voluntarios extranjeros, lucharon en defensa de la República, aunque su retirada en 1938 debilitó al bando republicano. Las democracias europeas, especialmente Francia y Reino Unido, adoptaron una postura de no intervención, lo que favoreció a los sublevados. La Sociedad de Naciones fue ineficaz, mostrando su incapacidad para intervenir. Así, el apoyo desigual entre ambos bandos fue decisivo para el desenlace del conflicto.

El Régimen Franquista (1939-1975)

Características Ideológicas y Bases de Apoyo

El franquismo fue una dictadura autoritaria con Franco como líder absoluto, controlando todas las instituciones del Estado. Su poder se mantuvo a través de un culto a la personalidad, con propaganda que exaltaba su figura. No existió una ideología única, pero el régimen adoptó diversas corrientes políticas para consolidarse. Entre sus bases ideológicas destacaban:

• Anticomunismo, dirigido contra toda la izquierda, intensificado con la Guerra Fría.
• Nacional-catolicismo, con la Iglesia controlando la moral, la educación y la censura.
• Tradicionalismo carlista, exaltando el pasado imperial y centralizando España, prohibiendo lenguas y símbolos regionales.
• Militarismo, con el Ejército y la Falange en puestos clave, promoviendo la memoria de la Guerra Civil.

Dentro del régimen coexistieron diversas familias ideológicas:

• Falangistas, con simbología fascista y organizaciones como el Frente de Juventudes y la Sección Femenina. Su influencia decayó tras la Segunda Guerra Mundial.
• Católicos, ligados al Opus Dei, cobraron relevancia desde los años 50, aportando cuadros técnicos al gobierno.
• Monárquicos, divididos entre carlistas (conservadores y con influencia en Justicia) y borbónicos, que apoyaban a Don Juan de Borbón, generando tensiones con el régimen.

El apoyo social al franquismo vino de la oligarquía terrateniente, beneficiada tras la guerra y luego reconvertida en clase industrial y bancaria. También recibió apoyo de las clases bajas y medias rurales, especialmente en zonas conservadoras, y de funcionarios públicos, que reemplazaron a los depurados republicanos.

Organización Política del Estado Franquista

El régimen franquista, aunque adoptó algunos rasgos fascistas, no consolidó un partido único con control total del Estado. La Falange Española Tradicionalista y de las JONS nunca monopolizó el poder y tuvo una influencia limitada en la gestión económica. Franco gobernó a través del Consejo de Ministros, apoyándose en figuras clave como Nicolás Franco, Serrano Súñer y Carrero Blanco. Mantuvo el equilibrio entre diferentes familias ideológicas del régimen (militares, falangistas, carlistas, católicos del Opus Dei, tradicionalistas) para evitar que ninguna adquiriera demasiado poder. A partir de 1942, suavizó la imagen fascista del régimen y promovió una supuesta “democracia orgánica”.

Democracia Orgánica

La Ley de Cortes de 1942 institucionalizó el régimen bajo el concepto de “democracia orgánica”, basada en la representación a través de la familia, el municipio y el sindicato, en lugar de partidos políticos. No existía competencia política ni sindical, pues FET y de las JONS era el único partido permitido, y el Sindicato Vertical el único autorizado. En 1969, se aprobó el Estatuto de Asociaciones, que permitía asociaciones sin carácter político. La estructura política mantenía una aparente división de poderes, pero todo estaba bajo el control de Franco. Como jefe del Estado y del Gobierno, él nombraba y cesaba ministros y gobernadores civiles. El poder legislativo estaba compuesto por tres órganos de atribuciones consultivas:

1. Consejo Nacional del Movimiento: control ideológico, compuesto inicialmente por falangistas, presidido vitaliciamente por Franco.
2. Cortes Españolas: simulacro de parlamento, con procuradores designados por Franco, elegidos indirectamente o miembros natos.
3. Consejo del Reino: órgano asesor del jefe del Estado.

Leyes Fundamentales del Régimen

En 1947, la Ley de Sucesión estableció a España como un Estado “católico, social y representativo”, consolidando la dictadura. Se garantizaba que Franco mantendría la jefatura del Estado de por vida y que la sucesión quedaba en sus manos. En 1969, Franco designó a Juan Carlos como su sucesor. Se establecieron el Consejo de la Regencia y el Consejo del Reino para asistir al jefe del Estado. La Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 definía los valores fundamentales del régimen: patria, familia y religión. La Ley Orgánica del Estado (1966) Franco quiso asegurar la continuidad del régimen con esta ley, que reformuló la estructura política sin cambiar su esencia. Separó formalmente la jefatura del Estado de la del Gobierno (aunque este seguía siendo elegido por el primero), amplió la elección de procuradores mediante el voto de cabezas de familia y mujeres casadas, y reorganizó el Consejo Nacional del Movimiento. Fue sometida a referéndum, obteniendo más del 95% de votos favorables.

Derechos de los Ciudadanos bajo el Franquismo

En 1945 se promulgó el Fuero de los Españoles, una carta de derechos y deberes que mantenía importantes limitaciones:

• No abolía la pena de muerte ni la tortura.
• No mencionaba la igualdad por sexo, raza o edad.
• Los derechos (honor, educación, trabajo, propiedad, creencias religiosas, expresión) estaban sujetos a restricciones. La religión católica era la única permitida en el espacio público.
• La inviolabilidad del domicilio estaba condicionada a la “autorización competente” sin requerir orden judicial.
• El derecho al voto era limitado: solo para concejales y referéndums convocados por Franco (Ley del Referéndum de 1945), usados más como propaganda que como ejercicio democrático.

A pesar de estos cambios, el régimen siguió condenado internacionalmente, con la retirada de embajadores.

Depuración, Represión y Control Ideológico

Desde 1939, el régimen emprendió una fuerte represión:

• Ley de Depuración de Responsabilidades Políticas (1939): permitía juzgar a cualquier persona que hubiera apoyado la República, aplicándose incluso dentro del bando franquista.
• Depuración de funcionarios: los docentes debían demostrar su lealtad con avales de falangistas, sacerdotes o figuras afines al régimen.
• Control ideológico: la educación y la cultura quedaron sometidas al régimen.
• Represión lingüística: en 1938 se anuló el Estatuto catalán y se prohibió el uso del catalán en la administración.

El franquismo consolidó un régimen personalista, basado en el control ideológico, la represión y la ausencia de libertades políticas reales.

La Economía durante el Franquismo: De la Autarquía al Desarrollismo

La Cartilla de Racionamiento: Símbolo de la Posguerra

La imagen muestra una cartilla de racionamiento, un documento oficial emitido por el régimen franquista entre 1939 y 1951 dentro de la política de autarquía económica. Este sistema de control estatal regulaba la distribución de productos básicos como pan, aceite o azúcar debido a la escasez provocada por la Guerra Civil (1936-1939) y el aislamiento internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Durante esta etapa, España sufrió graves problemas económicos y sociales, con hambre, desnutrición y mercado negro (“estraperlo”). Aunque pretendía garantizar el abastecimiento, el racionamiento generó desigualdades y corrupción. La eliminación de las cartillas en 1951 marcó el inicio de una lenta apertura económica, culminando en el Plan de Estabilización de 1959. Este documento refleja las duras condiciones de la posguerra y el control estatal sobre la vida cotidiana.

Evolución Económica (Resumen)

1. Autarquía (1939-1951): España, devastada y aislada, aplicó un modelo de autosuficiencia económica con fuerte intervencionismo estatal. La escasez llevó al racionamiento, pero este solo agravó la crisis, fomentando el mercado negro y la corrupción.
2. Reconstrucción y apertura parcial (1950-1959): Con el fracaso autárquico, el régimen promovió la industrialización con el INI y firmó acuerdos con EE. UU. en 1953, recibiendo apoyo económico. Se eliminaron las cartillas de racionamiento, aunque la economía seguía controlada por el Estado.
3. Desarrollismo (1959-1973): El Plan de Estabilización de 1959 impulsó el crecimiento con inversiones extranjeras, industrialización y turismo. España creció un 7% anual, aunque con desigualdades regionales.
4. Crisis (1973-1975): La crisis del petróleo provocó recesión, inflación y desempleo, mientras el régimen aplicaba medidas ineficaces que generaron déficit y dejaron problemas económicos a los gobiernos democráticos.

La Transición Democrática Española (1976-1981)

El Gobierno de Adolfo Suárez y la Estrategia «De Ley a Ley»

Después de la muerte de Franco, en 1976, el rey Juan Carlos nombró a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Fue una sorpresa, porque Suárez venía del franquismo (había sido gobernador y jefe de TVE), y no gustaba ni a los más conservadores ni a los más reformistas. Aun así, Suárez decidió hacer una transición hacia la democracia poco a poco, desde dentro del propio sistema franquista. Lo hizo con la ayuda de Torcuato Fernández Miranda, y usaron una estrategia llamada “de ley a ley”, que consistía en cambiar las leyes del franquismo para abrir paso a un sistema democrático. El primer gran paso fue la Ley para la Reforma Política, que fue aprobada por las antiguas Cortes franquistas. Aunque parecía una ley sin cambios grandes, en realidad permitía elecciones libres y la creación de partidos políticos, incluso el Partido Comunista (PCE), que había estado prohibido. En esa época, España vivía una situación muy violenta. Grupos como ETA, GRAPO y FRAP eran responsables de la mayoría de los atentados, y también había violencia de la ultraderecha, como en el caso del asesinato de abogados en la calle Atocha. Suárez decidió que el Tribunal Supremo se encargara de legalizar partidos si había dudas. Gracias a esto, legalizó el PCE en abril de 1977 (Sábado Santo), sin avisar ni siquiera a sus ministros. Esta decisión generó mucho rechazo en sectores conservadores, incluso dentro del Ejército. El PCE, para calmar las tensiones, aceptó la monarquía y renunció a los símbolos de la República. Otro momento muy importante fue el regreso de Josep Tarradellas, en junio de 1977. Con él volvió también la Generalitat de Cataluña, que había desaparecido durante el franquismo. Cataluña recuperó su autogobierno antes que el País Vasco, que lo hizo en 1978. También se concedieron preautonomías a otras regiones como Aragón, Asturias, Canarias y Valencia, lo que inició el camino hacia el modelo de las autonomías. El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde la guerra. La campaña fue muy intensa, con muchos mítines y una participación muy alta (72%). Ganó el partido de Suárez, la UCD, aunque sin mayoría absoluta. El PSOE quedó segundo, y el PCE, aunque ya era legal, consiguió pocos escaños. También entró en el Parlamento el partido de Fraga, Alianza Popular (AP). Después de las elecciones, en octubre, se aprobó una Ley de Amnistía, que perdonaba a personas encarceladas por motivos políticos (incluso a miembros de ETA y GRAPO) y no permitía juzgar crímenes cometidos antes de la transición. Esto se hizo como un acto de reconciliación nacional, para mirar hacia adelante sin venganzas. En ese mismo mes, el país atravesaba una grave crisis económica, con mucho paro e inflación. Para intentar solucionarlo, el Gobierno firmó los Pactos de la Moncloa con los principales partidos. Estos acuerdos incluían controlar los salarios para frenar la inflación, subir impuestos a los que más ganaban, mejorar la educación y ampliar la Seguridad Social. Gracias a estos pactos, nació la sanidad pública universal en España, que con el tiempo se convirtió en una de las mejores de Europa. Finalmente, aunque Suárez logró avanzar mucho en poco tiempo, su partido (UCD) estaba lleno de tensiones internas. Eso hizo que en 1981 Suárez dimitiera, y poco después la UCD desapareció.

Principales Actuaciones (1976-1981)

• Transición política (1976-1977): Tras la dimisión de Arias Navarro, el Rey nombra a Suárez como presidente. Aunque provenía del Movimiento, lideró una reforma “de ley a ley” para desmontar el franquismo desde dentro. La Ley para la Reforma Política (1976) proponía un sistema democrático con sufragio y Cortes bicamerales. Fue aprobada por las Cortes franquistas.
• Legalización del PCE y elecciones de 1977: Suárez legalizó el PCE en abril de 1977 sin avisar a los militares, lo que generó tensiones. El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República. Ganó la UCD, seguida del PSOE. Se aprobó la Ley de Amnistía (octubre), que perdonaba delitos del franquismo y a presos de ETA y GRAPO.
• Autonomías: En 1977 se restableció la Generalitat con Tarradellas como presidente. Tras la Constitución de 1978, se reconocieron los derechos autonómicos del País Vasco y se concedieron preautonomías a otras regiones.
• Pactos de la Moncloa (1977): Gobierno, sindicatos y partidos firmaron acuerdos para frenar la crisis económica: control salarial, reforma fiscal progresiva, mejora del sistema educativo y extensión de la sanidad pública.

La Oposición al Franquismo y su Evolución

Tras la guerra, la oposición al franquismo quedó muy debilitada. Algunos combatientes resistieron como el maquis, activo hasta 1952. En el exilio, Negrín buscó reconocimiento británico. En 1944 surgió la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, con comunistas, socialistas y monárquicos, valorando una monarquía constitucional con Juan de Borbón. Desde 1946, el PSOE, apoyado por la Internacional Socialista, buscó restablecer la democracia. En los años 60 aumentó la conflictividad obrera, y el PCE lideró la oposición: huelgas, protestas estudiantiles y vecinales. En su VI Congreso (1960), Carrillo propuso la reconciliación nacional, abandonando la revolución y buscando unidad antifranquista. El PCE ganó apoyo por su actividad, discurso unitario y por la represión franquista que los hacía más visibles. Condenaron la invasión de Checoslovaquia (1968), lo que provocó escisiones. En Cataluña, el PSUC promovió una plataforma antifranquista y pidió restablecer la Generalitat provisional. También destacaron el FLP y múltiples detenciones. El PSOE, con una dirección en el exilio paralizada, firmó la Unión de Fuerzas Democráticas (con PNV, UGT…), que proponía elecciones sin colaborar con comunistas ni falangistas. En 1968 surgió el PSOE del Interior (Tierno Galván), que rompió con el sector histórico en 1972, liderado por Felipe González. La CNT entró en declive, desconectada del nuevo movimiento obrero. Algunos anarquistas intentaron acuerdos con el sindicato oficial, sin éxito. Los grupos liberales y democristianos, como Ruiz-Giménez, sin militancia obrera pero con peso intelectual, apoyaron causas democráticas. En 1962, en el Congreso de Múnich, 118 opositores firmaron una resolución con condiciones para que España entrara en la CEE. El régimen respondió con represión y exilios. El PNV mantuvo influencia desde el exilio. En 1964, se recuperó el Aberri Eguna. Surgió ETA, crítica con el PNV, que optó por la lucha armada. En 1968, asesinó a Melitón Manzanas. La represión posterior aumentó la identidad vasca. En Cataluña, la oposición fue cívico-cultural, como la Nova Cançó. En 1966 se formó la Taula Rodona, uniendo fuerzas catalanistas de izquierda.

La Constitución Española de 1978

Proceso de Elaboración y Aprobación

Después de las elecciones, se creó una subcomisión de 7 personas de diferentes partidos, según los resultados electorales. El PSOE cedió uno de sus puestos a CiU. También participaron AP y el PCE. Hubo muchas diferencias entre los partidos, por ejemplo en temas como la educación. En mayo de 1978, el borrador se debatió en el Congreso y se cambiaron muchas cosas para hacerlo más suave y aceptable. En julio se aprobó tras dos meses de sesiones intensas. Después, también fue aprobado en referéndum y en una sesión conjunta del Congreso y el Senado (en octubre). La comisión de redacción, que trabajó en secreto, ayudó a calmar tensiones y mostrar unidad.

Características Principales

La Constitución no fue muy original, ya que se inspiró bastante en otras constituciones europeas como las de Grecia, Portugal, Italia, Francia o Alemania. Es un texto largo y, en algunos casos, no previó bien lo que pasaría, como no mencionar que España se uniría a Europa. Se divide en dos partes: una parte dogmática (con principios y definiciones) y otra orgánica (sobre la división de poderes, la organización del país y sus competencias).

Principios Fundamentales

España se define como una monarquía parlamentaria y un Estado regional. El rey actúa como moderador y representante del país, pero no tiene poder político. No puede ser juzgado y se mantiene la ley de que el hijo varón tiene preferencia para heredar el trono. El rey firma las leyes y nombra al presidente del Gobierno, pero quien decide si ese presidente gobierna o no es el Parlamento.

Derechos y Libertades

La Constitución protege la libertad frente al poder del Estado. Garantiza los derechos individuales, la división de poderes y el control del Gobierno. También asegura que todo se haga según la ley y que no haya abuso de poder. Se reconocen derechos como:

• La vida (no hay pena de muerte).
• El voto a los 18 años.
• La propiedad privada.
• La libertad de pensamiento, expresión, movimiento, reunión, asociación y huelga.

La detención no puede durar más de 72 horas sin pasar por un juez. También hay garantías para los juicios justos. Se crea la figura del Defensor del Pueblo.

Justicia Independiente

El poder judicial es independiente, y la justicia debe ser gratuita y eficaz. El Tribunal Constitucional se asegura de que se cumpla la Constitución. Los juicios deben ser públicos, salvo en casos graves, y no se pueden aplicar sanciones nuevas a hechos del pasado.

El «Estado Social»

Se reconocen derechos sociales como el derecho al trabajo, a la sanidad pública, a la protección social, a cuidar del medio ambiente, a proteger a las personas mayores, el patrimonio y los consumidores. España se define como un Estado social y democrático de Derecho.

Libertad Religiosa y de Expresión

Se reconoce la libertad religiosa. No hay una religión oficial, aunque el Estado puede colaborar con la Iglesia y otras religiones. Nadie está obligado a decir en qué cree. También hay libertad de expresión, de creación artística, de enseñanza y de información. Está prohibida la censura previa.

El Parlamento «Monista»

El Gobierno tiene más protagonismo que el rey y depende del Parlamento, especialmente del Congreso. El Senado representa a las comunidades autónomas. Puede vetar leyes, pero el Congreso puede anular ese veto con mayoría absoluta. El Congreso hace las leyes, aprueba los presupuestos y puede controlar o cambiar al Gobierno con una moción de confianza o de censura (en este caso, proponiendo un nuevo presidente). Hay una Diputación Permanente que actúa cuando el Parlamento está cerrado. Los diputados se eligen por voto universal cada 4 años o si se disuelve el Parlamento. Las provincias eligen diputados según su población.

Organización Territorial

España tiene un modelo a medio camino entre un Estado central y uno federal. Se asegura la unidad del país, que está protegida por las Fuerzas Armadas. Pero también se reconoce la diversidad, permitiendo la existencia de comunidades autónomas, que pueden tener sus propios gobiernos, hacer leyes y recibir competencias del Estado.

España en Europa: Adhesión a las Comunidades Europeas

Significado Histórico de la Adhesión

El texto es un discurso de Felipe González, presidente de España, pronunciado el 12 de junio de 1985, en la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. Es un texto oficial dirigido principalmente a los ciudadanos españoles, pero también a los países miembros de las Comunidades Europeas. En él, González destaca la importancia histórica de la integración de España en Europa y cómo esta refleja el deseo del pueblo español de ser parte de los ideales de libertad y democracia. Ideas principales:

• La firma del tratado marca el fin del aislamiento de España y su regreso a Europa.
• La integración representa una oportunidad de modernización, aunque también un desafío.

Ideas secundarias:

• El proceso de adhesión comenzó en 1977.
• Se mencionan hitos previos, como los congresos de La Haya y Múnich.
• España deberá hacer un esfuerzo de adaptación mayor que los países fundadores.

Consecuencias Económicas de la Integración

La adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986 tuvo varios efectos económicos. Permitió a España acceder al mercado único, facilitando exportaciones y aumentando la competitividad. Atrajo inversión extranjera, impulsando la modernización de sectores clave y diversificando la economía. Además, España recibió fondos europeos para mejorar infraestructuras y reducir desigualdades regionales. La modernización de sectores como la agricultura y la pesca fue necesaria, aunque con sacrificios iniciales. La adopción del euro en 1999 consolidó la estabilidad económica, y la pertenencia a la UE impuso disciplina fiscal. Sin embargo, algunos sectores sufrieron debido a las políticas europeas, como las cuotas de producción. En general, la integración modernizó la economía española, aunque con algunos desafíos.

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