23 Feb
Reformas económicas y sociales en la España del siglo XIX
Las desamortizaciones y la transformación agraria
Durante el siglo XIX, el liberalismo impulsó profundas reformas económicas, destacando las desamortizaciones, que consistieron en la expropiación y venta por el Estado de tierras de la Iglesia y de los municipios con el objetivo de aumentar los ingresos públicos, reducir la deuda, asegurar apoyos sociales al régimen liberal y modernizar la agricultura. Las principales fueron la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836), completada por Espartero, y la desamortización civil de Madoz (1855), cuyos ingresos se destinaron en gran parte al ferrocarril. Sin embargo, sus resultados fueron limitados: aunque redujeron la deuda, no modernizaron el campo, consolidaron la gran propiedad, aumentaron el número de jornaleros y provocaron el rechazo campesino al liberalismo y el enfrentamiento con la Iglesia. La España rural siguió dominada por la agricultura, con baja productividad, escasez de pequeños propietarios, predominio del trabajo jornalero y un fuerte éxodo rural hacia las ciudades.
Industrialización y comercio exterior
La industrialización española fue tardía, incompleta y localizada en pocas regiones costeras como Cataluña, Asturias y el País Vasco, debido a la falta de capitales, materias primas, un mercado interior débil, el proteccionismo, la inestabilidad política y la dependencia exterior. Destacaron la industria textil catalana, la siderurgia asturiana y vasca y la minería, en gran parte en manos extranjeras tras la Ley de Minas de 1868. El comercio exterior creció pero fue deficitario, con exportación de materias primas e importación de productos industriales, lo que reforzó el proteccionismo frente al librecambismo. Finalmente, la mejora de las comunicaciones fue clave, especialmente el ferrocarril, impulsado por la Ley General de Ferrocarriles de 1855, que permitió crear una amplia red ferroviaria, aunque su impacto industrial fue limitado por la importación del material.
Demografía y estructura social en el siglo XIX
Crecimiento poblacional y urbanismo
Durante el siglo XIX la población española creció de forma débil, pasando de unos 10,5 a 18,5 millones de habitantes, un aumento muy inferior al de otros países europeos. Esto se debió al mantenimiento del régimen demográfico antiguo, caracterizado por una natalidad alta pero una mortalidad muy elevada, especialmente infantil, causada por epidemias, crisis de subsistencias, enfermedades endémicas, mala alimentación y falta de higiene y sanidad, lo que mantenía una esperanza de vida muy baja. A ello se sumó una fuerte emigración exterior hacia América y el norte de África, además del exilio político. También se produjo una redistribución territorial de la población debido al éxodo rural, que provocó el crecimiento de las ciudades, sobre todo las capitales de provincia y las zonas industriales y mineras, mientras que el interior peninsular perdió población en favor de las regiones costeras, salvo Madrid.
La nueva sociedad de clases
La estructura laboral siguió siendo arcaica, con un claro predominio del sector agrario, debido a la lenta industrialización y a la abundancia de mano de obra barata. Las ciudades crecieron mediante la construcción de ensanches burgueses planificados, como los de Barcelona y Madrid, mientras que los barrios obreros surgieron sin planificación ni servicios, aunque poco a poco se mejoraron infraestructuras como el alcantarillado, el agua potable, la iluminación y el transporte urbano. Al mismo tiempo, se completó el paso de la sociedad estamental a una sociedad de clases basada en la igualdad legal y la riqueza, con una clase alta minoritaria pero poderosa, una clase media urbana en crecimiento y unas clases populares mayoritarias con condiciones de vida muy duras. La Iglesia perdió parte de su poder económico por las desamortizaciones, aunque mantuvo su influencia social, y el Ejército adquirió un papel central en la vida política del siglo XIX.
La crisis del sistema de la Restauración (1902-1923)
Inestabilidad política y reformas fallidas
Entre 1902 y 1923 la Restauración entró en crisis por la división de los partidos dinásticos tras la muerte de sus líderes, la continua inestabilidad política agravada por la intervención del rey, el fracaso del regeneracionismo, la presión política del Ejército, los desastres militares en Marruecos y la creciente conflictividad social al quedar fuera del sistema republicanos, nacionalistas y obreros. Los gobiernos intentaron reformar el sistema manteniendo el turno de partidos:
- Maura: impulsó una “revolución desde arriba” con reformas sociales (descanso dominical, derecho de huelga, Instituto Nacional de Previsión) y políticas (ley electoral contra el caciquismo y mayor autonomía local), pero fracasó tras la Semana Trágica de Barcelona de 1909.
- Canalejas: trató de integrar a obreros y catalanistas y reducir el poder de la Iglesia mediante la supresión de consumos, reclutamiento obligatorio y la limitación de órdenes religiosas, pero fue asesinado en 1912.
Crecimiento de la oposición
Paralelamente creció la oposición: el republicanismo defendía reformas sociales y laicismo pero estaba dividido; el nacionalismo periférico se fortaleció, especialmente el catalán con la Lliga Regionalista y el vasco con el PNV; y el movimiento obrero se expandió, dividido entre socialistas (PSOE y UGT) y anarquistas (CNT), protagonizando huelgas y conflictos que aceleraron la descomposición del régimen hasta el golpe de 1923.
Conflictos internacionales y la crisis de 1917
La cuestión de Marruecos
A comienzos del siglo XX la política española se vio muy afectada por acontecimientos internacionales. En Marruecos, tras la Conferencia de Algeciras de 1906, España estableció un protectorado para recuperar prestigio tras el 98, pero la resistencia rifeña provocó continuas guerras: en 1909 la derrota del Barranco del Lobo originó la Semana Trágica y en 1921 el desastre de Annual, causado por la ofensiva fallida del general Silvestre frente a Abd el-Krim, provocó miles de muertos y el Expediente Picasso.
Impacto de la Primera Guerra Mundial
Durante la Primera Guerra Mundial España se mantuvo neutral, lo que impulsó la economía gracias a las exportaciones, pero también generó inflación y una fuerte conflictividad social que estalló en la crisis de 1917. Esta crisis tuvo tres dimensiones:
- Militar: Juntas de Defensa.
- Política: Asamblea de Parlamentarios que pedía reformas democráticas.
- Social: huelga general de UGT y CNT influida por la Revolución rusa.
Tras la guerra aumentaron el paro y la violencia social (Trienio bolchevique y pistolerismo en Barcelona), facilitando el golpe de Estado de 1923.
La Dictadura de Primo de Rivera y el fin de la Monarquía
Directorio Militar y Directorio Civil
La crisis del sistema de la Restauración llevó al golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923, apoyado por el Ejército y aceptado por Alfonso XIII. Durante el Directorio Militar (1923-1925) se suspendió la Constitución de 1876 y se reprimió el movimiento obrero. La victoria en Marruecos tras el desembarco de Alhucemas (1925) dio prestigio al régimen. Después, el Directorio Civil (1925-1930) intentó institucionalizar la dictadura mediante la Unión Patriótica y una política económica intervencionista basada en monopolios y obras públicas.
La caída del régimen y la Segunda República
Desde 1928 crecieron las protestas de intelectuales, estudiantes y republicanos, lo que provocó la dimisión de Primo de Rivera en 1930. El rey intentó volver al sistema constitucional con la “Dictablanda” de Dámaso Berenguer, pero la oposición firmó el Pacto de San Sebastián. Tras el fracaso de la sublevación de Jaca, las elecciones municipales de abril de 1931 dieron la victoria a los republicanos en las ciudades, lo que llevó a la proclamación de la Segunda República el 14 de abril y al exilio de Alfonso XIII, poniendo fin a su reinado.
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