Restauración Borbónica en España (1874-1898): contexto, Constitución y movimientos

La Restauración y el acceso al trono de Alfonso XII

Después del golpe de Pavía del 3 de enero de 1874, el general Serrano tomó el poder y puso fin a la guerra carlista. Paralelamente, los alfonsinos adquirieron un mayor protagonismo, mientras que la burguesía catalana y los grupos vinculados al comercio con las colonias presionaban a favor de la restauración borbónica, considerándola símbolo de estabilidad. Posteriormente, el 1 de diciembre de 1874, el príncipe Alfonso publicó un Manifiesto, redactado por Cánovas, en el que sostenía que la única solución para los problemas de España —que afectaban “desde las clases obreras hasta las más elevadas”— era el restablecimiento de una monarquía constitucional, más abierta y dialogante.

A pesar de que Cánovas no deseaba nuevos pronunciamientos militares, el 29 de diciembre de 1874 el general Martínez Campos proclamó a Alfonso XII como rey en Sagunto, logrando de inmediato el apoyo de la mayor parte del ejército. De este modo comenzó la Restauración, que pretendía restaurar el régimen liberal moderado previo a 1868, aunque incorporando algunas conquistas del Sexenio para garantizar una mayor estabilidad. Finalmente, el rey entró en Madrid el 14 de enero de 1875.

Medidas para consolidar el régimen (1875)

Para consolidar el régimen, a finales de 1875 se convocaron elecciones para enero de 1876 mediante sufragio universal, con el fin de elaborar la nueva Constitución. Además, durante 1875 se tomaron varias medidas fundamentales: se buscó asegurar el apoyo de la Iglesia, se suspendieron los periódicos de la oposición, se reincorporó a los mandos militares que habían sido depurados durante el Sexenio y se renovaron las Diputaciones y Ayuntamientos con hombres afines al régimen. Asimismo, para evitar futuros pronunciamientos, el rey pasó a ser el jefe supremo del Ejército, garantizando así el control sobre los altos mandos.

El proceso reforzó un evidente centralismo, sobre todo a partir de la ley del 16 de diciembre de 1876, que reorganizó las Diputaciones y Ayuntamientos. Además, se regresó al sistema electoral restringido, y se dispuso que en las ciudades con más de 30.000 habitantes los alcaldes serían nombrados por el rey, y que los presupuestos municipales o provinciales deberían contar con la aprobación del gobernador civil. En consonancia con este centralismo, se produjo la abolición de los Fueros vascos mediante la ley del 21 de julio de 1876, aprovechando el final de la tercera guerra carlista.

En cuanto a la guerra carlista, terminó en febrero de 1876, cuando Carlos VII cruzó la frontera. La abolición de los fueros supuso la desaparición de los privilegios fiscales y militares, aunque se instauró un sistema de conciertos económicos que otorgaba a las provincias vascas una cierta autonomía fiscal, similar a la de Navarra desde 1841.

La guerra de Cuba y la Paz del Zanjón

Por otro lado, la guerra de Cuba concluyó con la Paz del Zanjón (1878), que concedía una amnistía general, la libertad a los esclavos insurrectos (mientras que la esclavitud no sería abolida del todo hasta 1886) y el derecho de la isla a enviar diputados a las Cortes. Sin embargo, algunas de estas reformas se aplicaron con mucha lentitud y, en consecuencia, no se pudo evitar un nuevo levantamiento independentista.

La Constitución de 1876

La Constitución de 1876, elaborada bajo el liderazgo de Cánovas, otorgaba un papel central a la monarquía, que compartía la soberanía y el poder legislativo con las Cortes, situándose ambos por encima del propio texto constitucional. Además, establecía un Estado confesional, aunque permitía el culto privado a otras religiones.

Se trataba de un texto breve, con 89 artículos, que concedía al monarca la facultad de nombrar al jefe de gobierno y recogía la mayoría de los derechos individuales ya reconocidos en la Constitución de 1869. También configuraba unas Cortes de estructura bicameral:

• Senado: compuesto por senadores por derecho propio, vitalicios nombrados por el rey y electivos mediante sufragio censitario.
• Congreso de los Diputados: con un mandato de cinco años, elegido mediante sufragio directo, aunque sin especificar si debía ser universal o restringido, dejando así margen para que cada partido definiera el sistema electoral según su orientación.

El poder ejecutivo residía en la Corona, que actuaba a través del gobierno. La Constitución fue promulgada el 30 de junio de 1876 y se mantuvo vigente hasta 1923. Aunque era un texto de carácter moderado, era lo suficientemente flexible para que también los progresistas lo aceptaran, evitando así que cada cambio de gobierno supusiera la redacción de una nueva Constitución.

El sistema político de la Restauración: partidos y turno pacífico

El sistema político de la Restauración se sustentaba en la existencia de dos grandes partidos, el conservador y el liberal, los cuales coincidían en lo esencial, aunque desempeñaban papeles complementarios. Ambos defendían la monarquía, la Constitución, la propiedad privada y el Estado liberal, unitario y centralista. Además, eran partidos de notables, cuyos miembros procedían en su mayoría de las élites económicas y la clase media acomodada; entre los conservadores predominaban los terratenientes, y entre los liberales, los profesionales urbanos.

El Partido Liberal-Conservador, liderado por Cánovas, reunía a sectores conservadores como los liberales moderados, los unionistas y parte de los progresistas. Por su parte, el Partido Liberal-Fusionista, dirigido por Práxedes Mateo Sagasta, agrupó a antiguos progresistas, unionistas, demócratas y algunos exrepublicanos moderados.

Ambos partidos acordaron no aprobar leyes que obligaran al otro a derogarlas, garantizando así la continuidad del sistema. La alternancia en el poder se realizaba mediante el llamado turno pacífico, cuyo objetivo era asegurar la estabilidad institucional. Cuando un partido se desgastaba políticamente o perdía el apoyo de las Cortes, el monarca llamaba al líder del partido contrario para que formara gobierno. Además, el nuevo gobierno recibía del rey el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, lo que permitía obtener una mayoría parlamentaria cómoda.

Fraude electoral y mecanismos de control

Este mecanismo solo funcionaba gracias a un sistema electoral profundamente corrupto y manipulado, basado en el caciquismo. El ministro de la Gobernación elaboraba las listas de candidatos que debían resultar elegidos (encasillado), y mediante una extensa red de caciques, gobernadores civiles y alcaldes se alcanzaban los resultados pactados. Cuando esto no era suficiente, se recurría al pucherazo, mediante prácticas como:

• la falsificación del censo (añadiendo muertos o impidiendo votar a vivos);
• la manipulación de actas;
• la compra de votos;
• la coacción sobre los electores;
• la prohibición de propaganda o interventores de la oposición.

El sistema canovista no ofrecía espacio político fuera de los dos partidos oficiales, por lo que surgieron diversas oposiciones, entre las que destacaban el carlismo, los nacionalismos periféricos, los partidos republicanos y el movimiento obrero.

Oposición carlista y escisiones

Tras la derrota de 1876, el carlismo quedó dirigido por Cándido Nocedal, defensor del pretendiente Carlos VII, que residía en Venecia. Sus bases eran la defensa de los valores religiosos, la monarquía tradicional y los fueros. Sin embargo, en 1888 se produjo una escisión cuando un sector carlista formó el Partido Integrista, dirigido por Ramón Nocedal, cuyo objetivo prioritario era la defensa del catolicismo, incluso por encima de la dinastía carlista.

Nacionalismos en Cataluña y el País Vasco

A finales del siglo XIX surgieron movimientos nacionalistas en regiones con identidades culturales fuertes. En Cataluña, la Renaixença revitalizó la lengua y la cultura catalana, lo que impulsó un nacionalismo político que reclamaba mayor autogobierno. Durante la regencia de María Cristina, estas aspiraciones se concretaron en 1892 con las Bases de Manresa, redactadas por Valentí Almirall, que exigían un Parlamento y un Gobierno propios para Cataluña.

En el País Vasco, el nacionalismo fue promovido por Sabino Arana, quien fundó el PNV en 1895. A diferencia del catalán, este movimiento se apoyaba en la idea de raza y poseía un fuerte componente xenófobo. Al principio defendía la independencia de Vizcaya, pero posteriormente extendió esta idea al conjunto del País Vasco; al final de su vida, Arana se mostró más partidario de un régimen de autonomía dentro de España.

El republicanismo y la división interna

Tras el Sexenio, el republicanismo español se caracterizó por su división interna. Existieron diversas corrientes:

• el Partido Posibilista, liderado por Emilio Castelar, que era el más moderado y consideraba viable una monarquía con principios democráticos;
• el Partido Republicano Progresista de Ruiz Zorrilla, más radical y partidario incluso de motines, lo que llevó a su líder al exilio;
• el Partido Republicano Centralista, dirigido por Nicolás Salmerón, que rechazaba los pronunciamientos y defendía la acción electoral;
• el Partido Federal, de Pi y Margall, el más coherente con las ideas del Sexenio y defensor de la descentralización y el anticlericalismo.

Aunque electoralmente eran minoritarios, su influencia social fue mayor que sus resultados, en parte por el deficiente sistema electoral.

Desarrollo industrial y movimiento obrero

Con el desarrollo industrial, muchos trabajadores —incluidos campesinos que se trasladaron a la ciudad— tomaron conciencia de su explotación, debido a las largas jornadas, los bajos salarios, el trabajo infantil y femenino mal remunerado y las malas condiciones higiénicas. En este contexto surgieron los sindicatos y el movimiento obrero, influido por las ideas de Marx y Engels.

Dentro de este movimiento aparecieron dos grandes corrientes:

• Anarquismo: aspiraba a la destrucción del Estado, la eliminación de las fronteras y la creación de comunidades autárquicas. Sus pensadores principales fueron Bakunin y Proudhon, de quienes se separaron los marxistas por diferencias de objetivos y métodos. Los anarquistas defendían las huelgas revolucionarias y, a menudo, el terrorismo, que en España llegó a asesinar a Cánovas. Este movimiento tuvo fuerza principalmente en Andalucía y fue introducido por Fanelli, quien fundó la sección española de la I Internacional en Madrid y Barcelona. Aunque fue disuelto en 1874, Sagasta lo legalizó de nuevo en 1881, y en los años 90 protagonizó diversos atentados.
• Socialismo o marxismo: se basaba en la teoría de Karl Marx, según la cual la historia avanza a través de la lucha de clases, donde la clase obrera debía conquistar el poder e instaurar una dictadura del proletariado como paso hacia una sociedad sin clases. Tras la II Internacional, muchos socialistas rechazaron la vía revolucionaria y optaron por colaborar con la burguesía para mejorar las condiciones laborales; mientras que quienes se opusieron a esta vía serían posteriormente los comunistas, favorables a la revolución, como se vería en la Revolución Rusa.

En España, el socialismo se organizó cuando Pablo Iglesias fundó el PSOE en 1879, y posteriormente la UGT en 1888, el principal sindicato socialista.

Conclusión

La Restauración borbónica configuró un régimen político estabilizado sobre la alternancia controlada entre dos grandes partidos, una Constitución flexible y un fuerte centralismo administrativo. Estas características permitieron estabilidad institucional, pero también generaron exclusión política, corrupción electoral y el surgimiento de oposiciones que marcarían profundamente la vida política española a finales del siglo XIX y principios del XX.

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