El Reinado de Alfonso XIII: Crisis y Reformismo (1902-1917)

P1.D1: El Manifiesto de Alejandro Lerroux y la Crítica al Sistema

El texto es un fragmento de una obra del político republicano radical, creador del Partido Radical, Alejandro Lerroux, de los primeros años del reinado de Alfonso XIII. Se sitúa en una etapa histórica iniciada el 17 de mayo de 1902, cuando Alfonso XIII, con apenas 16 años, accedió al trono bajo la influencia del Desastre del 98 y la urgencia de «regenerar» los males del país. Este periodo se caracteriza por una crisis política permanente, el ascenso de republicanos, socialistas y nacionalistas, y por la notable injerencia del rey en la política, que irónicamente acaba por favorecer el desgaste del sistema del turno.

En estos tres párrafos, Lerroux llama a los obreros a luchar contra el sistema de la Restauración, criticando abiertamente el orden establecido. Invita a los «jóvenes bárbaros» a irrumpir en la decadente civilización del país, destruyendo templos, debilitar la influencia de la Iglesia Católica —que se erige como pilar conservador en una sociedad estancada— y a subvertir la estructura social protegida por el caciquismo, el clericalismo, la rutina y el centralismo. Con este llamado radical, se pone de manifiesto la crítica no solo al sistema político y económico, sino también a la inamovible tradición que impedía la modernización y el progreso social.

La importancia de este manifiesto radica en que refleja las tensiones que marcaron el reinado de Alfonso XIII, las cuales se concentraron en la crítica hacia una política que no supo resolver los problemas de fondo, como la desigualdad, el analfabetismo y la crisis social. Estas tensiones serían determinantes en episodios posteriores, como la Semana Trágica de Barcelona en 1909, un levantamiento que evidenció la crisis del sistema del turno y que anticipó la inminente transformación del régimen político español.

P1.D1: La Caricatura de *Cu-cut!* y la Ley de Jurisdicciones

Esta imagen satírica de la revista nacionalista catalana (*Cu-cut!*, revista de apoyo al nacionalismo catalán) a raíz de la cual el ejército, al que va dirigida la imagen, tomó represalias contra la revista, quemando su sede en 1905. Este incidente provocó la aprobación de la Ley de Jurisdicciones en 1906, que establecía que cualquier crítica al ejército sería juzgada por la jurisdicción militar. La imagen se sitúa en el contexto del reinado de Alfonso XIII, dentro de una etapa marcada por los intentos de regeneración del sistema político español (1902-1917).

Esta caricatura se enmarca en un clima de tensión entre el nacionalismo catalán y el ejército, siendo una muestra del creciente descontento con las estructuras del poder central, especialmente el papel del ejército tras el Desastre del 98. La imagen pertenece a la primera etapa del reinado de Alfonso XIII (1902-1917), caracterizada por una fuerte inestabilidad política, intentos fallidos de regeneración del sistema de la Restauración y una creciente oposición desde sectores obreros, nacionalistas y republicanos. Se refleja aquí el conflicto entre militares y catalanistas, uno de los focos de tensión de estos años.

En la imagen, se representa un evento satírico: «El Banquete de la Victoria», en alusión irónica al triunfo militar, mientras un personaje comenta que si se trata de una victoria, deben ser pasadas (derrotas militares). Esto ridiculiza la actuación del ejército, especialmente después del fracaso en Cuba y el Desastre del 98, cuestionando su prestigio y poder. La imagen resalta la crítica catalana al militarismo español y al centralismo.

Esto tuvo consecuencias graves. Tras su publicación, un grupo de militares asaltó la redacción de *Cu-cut!*, lo que generó una fuerte crisis política. El Gobierno respondió con la Ley de Jurisdicciones (1906), que otorgaba al ejército la libertad de juzgar delitos contra «la patria» y el ejército, limitando así la libertad de expresión y mostrando el creciente poder de los militares en la política. Esta imagen evidencia los límites de los intentos de regeneración, como los de Maura, cuyo programa buscaba modernizar el país desde arriba, pero chocaba con fuerzas reaccionarias y con una estructura política dominada por el caciquismo y la intervención del monarca en las decisiones. Así, el caso *Cu-cut!* simboliza el fracaso de esta regeneración y anticipa el deterioro del sistema político de la Restauración.

P1.D2: El Programa Político de Solidaritat Catalana

Este es un fragmento del programa político de Solidaritat Catalana, una agrupación formada por dos partidos nacionalistas catalanes que se unieron durante los primeros años del reinado de Alfonso XIII, obteniendo buenos resultados. El documento se sitúa en la etapa inicial del reinado de Alfonso XIII, que comenzó el 17 de mayo de 1902, en un contexto marcado por la influencia del Desastre del 98 y la urgente necesidad de «regenerar» los males del país. Durante estos años, el régimen de la Restauración se encontraba en constante crisis política, agravada por la injerencia del monarca, la descomposición de los partidos dinásticos y el creciente ascenso de republicanos, socialistas y nacionalistas.

El texto reclama, entre otras cuestiones, la derogación de la Ley de Jurisdicciones y la dignificación de un sufragio corrompido, reivindicando la restitución de la función libre del voto. Asimismo, se propone la descentralización de algunas funciones esenciales como la enseñanza, la beneficencia y las obras públicas, para ser gestionadas por organismos regionales y municipales que representen la personalidad de cada región. En este sentido, se recogen algunas de las peticiones que la Solidaritat presentaba al Gobierno central: tener instituciones propias, controlar territorios política y económicamente, y alcanzar la autonomía de la comunidad.

La importancia de este programa radica en su aporte al proceso de regeneración que, en un contexto de crisis permanente (caracterizada también por el ascenso del anticlericalismo y el nacionalismo, sobre todo el catalán), impulsó demandas de mayor autonomía y descentralización. Estas ideas contribuyeron a debilitar el sistema centralista y a sembrar las bases para futuras transformaciones políticas en España, al poner en evidencia la necesidad de reformar la organización del Estado para responder a los desafíos de una sociedad en continua evolución.

P1.D2: El Reformismo de Canalejas

Esta imagen pertenece a la etapa del reinado de Alfonso XIII, un periodo en el que se intentaba regenerar el sistema político tras las secuelas del Desastre del 98, caracterizado por la persistente crisis, el caciquismo y el auge de nuevas fuerzas políticas. En este contexto se dio el reformismo de Canalejas, que buscaba modernizar y renovar el régimen, aunque sin lograr romper de raíz el sistema del turno que había regido la política española.

Tras el ascenso del reformismo canalejista, se mantuvo la estabilidad del turnismo pese a la progresiva desaparición de figuras clave como Antonio Maura, cuya «muerte política» implicó el fin de una era de gobiernos autoritarios y centralizados. Con el liderazgo de Canalejas se pretendía modernizar el país y promover reformas para atender problemas sociales y económicos (como la conflictividad obrera y la lucha contra el anticlericalismo), e incluso se llegaron a intentar acuerdos con ciertos regionalismos. Sin embargo, esta misma consolidación se vio amenazada por el ascenso del nacionalismo, especialmente el catalán, que reclamaba mayor autonomía y representación en un sistema cada vez más percibido como anacrónico y centralista.

La importancia de este periodo radica en que, con la muerte política de Maura y, posteriormente, la muerte física de Canalejas, el sistema del turnismo entró en una fase crítica. La desaparición de estas figuras simbolizaba el colapso de un modelo que, aunque intentara reformarse desde arriba, mostraba ya las grietas de un sistema incapaz de dar respuesta a las demandas sociales y a nuevos movimientos nacionalistas. El ascenso del nacionalismo intensificó las tensiones internas. Las consecuencias fueron profundas, ya que la falta de una renovación política efectiva dejó un escenario convulso, en el que los antiguos equilibrios se desmoronaban, llevando a crisis mayores y a transformaciones radicales en la política española posterior.

P1.D4: Crítica Obrera a la Política Militar en Marruecos

Tenemos un fragmento de un documento redactado por un sindicato obrero catalán, fechado el 21 de julio de 1909, en el que se critica la política del Gobierno conservador de Antonio Maura en Marruecos. Este texto se enmarca en la etapa del sistema canovista durante los primeros años del reinado de Alfonso XIII, período de intensa crisis política y social. En ese contexto, se evidencian tensiones exacerbadas por la intervención militar en Marruecos y las consecuencias del reclutamiento, que afectaban principalmente a la clase obrera.

El documento denuncia que, siendo la guerra una consecuencia del régimen de producción capitalista, solo los obreros son los que hacen la guerra que los burgueses declaran. Se critica enérgicamente la acción del Gobierno en Marruecos, señalando que el envío de soldados, en lugar de brindar medios de subsistencia a los reservistas, afecta gravemente a la clase obrera, mientras que se premia a ciertos sectores de la aristocracia con medallas y escapularios. Además, se propone la formación de regimientos de curas y frailes, que, al no tener familia ni hogar, no tendrían impacto negativo en la producción, lo que subraya la condena a la política militar.

La importancia de este documento radica en que se inserta en el contexto previo a la Semana Trágica de Barcelona (26 de julio al 2 de agosto de 1909), en la que la crisis marroquí y los errores del Gobierno desembocaron en violentos enfrentamientos. Estos hechos, junto al ascenso del republicanismo, anticlericalismo y antimilitarismo (tras la Ley de Jurisdicciones), provocaron la caída de Maura, la escisión interna del sistema canovista (entre mauristas y datistas), y el surgimiento de la CNT, marcando un hito en la transformación de la política española.

P1.D7: La Ley de Mancomunidades y la Descentralización

Tenemos el artículo primero de lo que se conoció como la «Ley de Mancomunidades», promulgado en la *Gaceta de Madrid* el 19 de diciembre de 1913. Este texto se sitúa en la etapa del reinado de Alfonso XIII, en una época marcada por los intentos reformistas y regeneracionistas, donde el sistema canovista se encontraba en crisis por las tensiones derivadas de la lucha entre las viejas estructuras y las nuevas demandas sociales, económicas y culturales.

Las ideas principales del documento establecen que, para fines exclusivamente administrativos que sean de la competencia de las provincias, estas podrán mancomunarse de manera voluntaria, ya sea a plazo fijo o por tiempo indefinido. Además, se faculta al Gobierno mediante real decreto para ordenar la disolución de la mancomunidad si se infringen leyes del Reino o se pone en peligro el orden público o los altos intereses de la Nación. Esta ley pretendía, en particular, aprovechar los recursos y potencialidades de la provincia catalana para modernizar y descentralizar la administración del país.

La importancia de esta normativa radica en que formó parte del reformismo liberal de José Canalejas (1910-12), quien intentó, a través de un ambicioso programa político, regenerar el país mediante soluciones al problema religioso (con la Ley del Candado), el problema catalán y el problema social. Sin embargo, el asesinato de Canalejas en 1912 truncó dicho proyecto regeneracionista, llevando finalmente a la aprobación de la Mancomunidad de Cataluña en 1914 por el Gobierno conservador de Eduardo Dato. Esta ley fue un hito importante en la descentralización administrativa y en la modernización del Estado, aunque no fue suficiente para resolver todos los problemas estructurales del país, lo que agravó la crisis del sistema canovista y contribuyó al deterioro del turnismo en los años venideros.

P1.D9: La Neutralidad Española en la Gran Guerra

Esta caricatura, donde aparecen los dos bandos y España como neutral se beneficia de la venta a ambos, fue publicada en 1915 en la revista «Caras y Caretas». Hace referencia a la situación de los países neutrales durante la Gran Guerra (1914-1918) y al caso de España bajo el reinado de Alfonso XIII. Se trata de un momento histórico marcado por el final del reformismo de Canalejas y la crisis del turnismo, a la que habían contribuido la «muerte política» de Maura y el asesinato del propio Canalejas en 1912. Con la desaparición de estas dos figuras, fracasó el proyecto regeneracionista que pretendía limitar el número de congregaciones religiosas (la polémica Ley del Candado) y dar cauce al problema catalán con el establecimiento de la Mancomunidad (finalmente aprobada, aunque de forma recortada, en 1914 por el Gobierno conservador de Eduardo Dato).

Cuando estalló en agosto de 1914, España decidió mantenerse neutral debido a su debilidad militar y económica. Sin embargo, esta neutralidad no impidió que la opinión pública se dividiera en dos bandos: los aliadófilos (progresistas y liberales que simpatizaban con la Entente) y los germanófilos (conservadores favorables a las Potencias Centrales). Esta fractura aumentó las diferencias políticas y se sumó a la tensión generada por el problema social, que incluía reformas como la Ley de Reclutamiento de 1912 (que suprimía la redención en metálico pero mantenía los «soldados de cuota»), la Ley de la Silla o las medidas contra el trabajo nocturno femenino, y el conflicto marroquí, reforzado tras la confirmación del protectorado español en 1912.

En el plano económico, la neutralidad reportó grandes beneficios a la industria y el comercio españoles: a partir de 1915, aumentaron las exportaciones hacia los países beligerantes y España vivió un periodo de prosperidad puntual. Sin embargo, la población trabajadora no experimentó una mejora significativa, ya que los precios de los productos de primera necesidad se dispararon y los salarios permanecieron estancados. A partir de 1917, con la disminución de la demanda de los países en guerra, surgió el temor a una recesión que, unido a la crisis del turnismo y al ascenso de las tensiones nacionalistas, terminaría por agravar la inestabilidad política del país.

La Crisis de 1917 y la Agonía del Sistema de la Restauración (1917-1923)

P2.D1: Las Juntas Militares de Defensa

El documento se sitúa en la etapa de crisis del sistema político de la Restauración, concretamente durante la Revolución de 1917, cuando las tensiones acumuladas desde el Desastre del 98 y las políticas de Cánovas —que habían confinado a los militares en los cuarteles— obligaron a reincorporar a la oficialidad en la vida política. Tras el Desastre del 98, la humillación sufrida por España impulsó a la clase militar a buscar recuperar su prestigio y a formar un bloque frente a los crecientes sentimientos nacionalistas, lo que les llevaría a aparecer en forma de Juntas Militares de Defensa.

El texto expone que, debido a las dificultades económicas y a un sistema de ascenso basado en la antigüedad en lugar de basarse en méritos personales, parte de la oficialidad de Infantería y Caballería decidió constituir juntas para defender sus derechos y mejorar sus condiciones profesionales. Cuando el Gobierno, en mayo de 1917, trató de disolver estas juntas, la respuesta militar fue decidida: la Junta Superior se negó a acatar la orden, obligando al Gobierno liberal de Manuel García Prieto a ceder y, posteriormente, a la dimisión. Finalmente, el Gobierno conservador de Eduardo Dato reconoció, el 10 de julio, el papel de las juntas como portavoz del Ejército.

La importancia de estos acontecimientos radica en que representan uno de los tres focos revolucionarios que caracterizaron la crisis de 1917, periodo en el que tanto militares, trabajadores y parlamentarios se levantaron en respuesta a las deficiencias de la Restauración. Las consecuencias fueron significativas: la reinserción de los militares en la política contribuyó a debilitar aún más el sistema canovista, sentando las bases para un nuevo orden marcado por el ascenso del nacionalismo y, a la postre, la transformación del panorama político español.

P2.D2: El Manifiesto de las Juntas de Defensa

El documento se sitúa en la etapa de crisis de 1917, dentro del sistema de la Restauración, cuando la inestabilidad política alcanzó niveles críticos. Se trata de un fragmento del manifiesto publicado por las Juntas de Defensa, en el que se denuncia la corrupción del régimen, evidenciada por los 38 gobiernos que se sucedieron en los últimos 20 años, con una duración media de tres o cuatro meses cada uno. Esta ineficiencia, según el texto, es atribuida a la culpa de los gobernantes, así como al mal uso de los derechos de ciudadanía por parte del pueblo, que los vende o los concede a los vividores de la política, facilitado además por la presencia del caciquismo.

El manifiesto critica, asimismo, cómo el Ejército, a pesar de haber resistido inicialmente el contagio de influencias corruptas, fue arrastrado por la burocracia, el favoritismo y la anarquía. El primer conflicto se produjo en el ámbito militar, donde el malestar generado por el sistema de ascensos –basado en la antigüedad y no en méritos– llevó a la aparición de las Juntas de Defensa a finales de 1916, que, pese a ser ilegales, fueron toleradas hasta convertirse en un factor de presión en 1917. El segundo manifiesto, publicado el 25 de junio, denunciaba sin reparos el sistema de la Restauración por su caciquismo y corrupción, estableciendo que la regeneración de la vida política debía partir de un cambio profundo en la organización estatal y en la relación entre ciudadanía y poder.

La importancia de este documento radica en que representa el rechazo institucional y social a un sistema que había perdido legitimidad, contribuyendo a la radicalización de la crisis de 1917 y sentando las bases para futuros cambios en la política española.

P2.D4: El Comité de Huelga y la Crisis Social de 1917

El texto se sitúa en el contexto de la España de 1917, una etapa marcada por una profunda crisis política y social durante la Restauración. En ese momento, casi medio siglo de corrupción había socavado las instituciones, generando un clima de desencanto generalizado y abriendo paso a una crítica feroz por parte del proletariado, que no aceptaba pasar de brazos cruzados frente a la situación. Se denuncia el despotismo de los poderes públicos y se clama por un cambio de régimen que garantizase la constitución de un gobierno provisional capaz de convocar Cortes Constituyentes y solucionar los problemas fundamentales del país.

El documento recoge, en forma de fragmento redactado por el comité de huelga para exponer los motivos de la convocatoria de la huelga general, el desencanto social que desembocaría en la movilización masiva de trabajadores. Esto, a la par, se inserta en un proceso más amplio de conflicto político, como el que se vivió en julio cuando, tras la negativa de Dato a reunir el Parlamento, se produjo el segundo conflicto protagonizado por los parlamentarios. En esa ocasión, la Lliga Regionalista de Cambó convocó una reunión en Barcelona para que se unieran catalanistas, republicanos, reformistas y socialistas con el fin de exigir un cambio de gobierno, convocatoria de Cortes Constituyentes y reformas en ámbitos económicos, sociales, militares y educativos.

Posteriormente, estalló la huelga general de agosto, motivada por la carestía de la vida, que dejó consecuencias importantes en términos de represión y un notable aumento de víctimas. Este conjunto de acontecimientos evidenció la urgencia de reformar el sistema político y sentó las bases para futuras reivindicaciones sociales y políticas en España.

P2.D6: La Huelga General de 1917 y sus Consecuencias

Este fragmento de texto y la imagen hacen referencia a la etapa final de la Restauración en España, un periodo de agitación social y política que se extendió aproximadamente desde 1917 hasta el golpe de Estado de septiembre de 1923. En estos años, la crisis política se agudizó de modo que la incapacidad de los gobiernos para gestionar el descontento social derivó en una explosión de tensiones y conflictos en múltiples frentes, desde el ámbito sindical hasta el militar.

En el momento de la «crisis de 1917» se vivieron intensas movilizaciones obreras, encarnadas en una huelga general que dejó casi cien muertos y más de dos mil detenidos, según el balance final. A partir del día 20, los sindicatos comenzaron a desconvocar a sus trabajadores y la calma se restableció gradualmente en el país, salvo en regiones como Asturias, donde la violencia de la huelga se prolongó durante dos semanas y mineros y ferroviarios persistieron en su protesta hasta septiembre. La condena a muerte de los miembros del Comité de Huelga, que fue conmutada posteriormente a cadena perpetua y finalmente amnistiada cuando se convirtieron en diputados, es un reflejo del clima de extrema tensión y violencia política del momento.

La importancia de estos hechos radica en la demostración de la formidable capacidad de movilización de los sindicatos, lo que evidenció al Gobierno su creciente vulnerabilidad ante el descontento popular. La huelga general, a pesar de su aparente fracaso en sus objetivos inmediatos, marcó un antes y un después en la percepción de la fuerza social de los trabajadores. Además, el episodio supuso un giro espectacular en las Juntas de Defensa, ya que el Ejército, al ver amenazado el orden social, decidió abandonar cualquier pretensión reformista y respaldar al Gobierno con el fin de reafirmar la fuerza de la monarquía, generando una polarización: mientras los catalanistas, reformistas y radicales optaron por acercarse al régimen, socialistas y anarquistas mantuvieron una postura de rechazo firme.

Estos acontecimientos fueron determinantes para precipitar la desintegración del sistema de la Restauración, pues los reiterados fracasos de los gobiernos de concentración nacional, sumados a una inestabilidad crónica y al caos económico y social, abrieron el camino hacia el golpe de Estado de 1923, que marcó el fin del antiguo orden y el inicio de una dictadura.

P2.D7: Los Últimos Años de la Restauración (1918-1923)

La etapa histórica a la que hace referencia el texto abarca los últimos años de la Restauración en España, entre 1918 y 1923, cuando se profundizó la crisis del sistema político y social. A lo largo de 1918 comenzaron a manifestarse con fuerza los primeros síntomas graves de crisis económica: disminución de la producción, cierre de fábricas y aumento del desempleo. Estos factores, sumados a la influencia del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia y a los estragos de la gripe «española» de 1918, agudizaron la conflictividad social: el número de huelgas, manifestaciones y revueltas se disparó en todo el país.

En el campo, especialmente en Andalucía, se vivió el llamado «trienio bolchevique» (1918-1921), caracterizado por ocupaciones de fincas y una fuerte movilización campesina que el Gobierno reprimió con dureza, coincidiendo en el tiempo con la conflictividad laboral en Cataluña. Precisamente en Barcelona se inició en febrero de 1919 la llamada «guerra social barcelonesa» con la huelga de la compañía eléctrica «La Canadiense». El Gobierno, ante la magnitud de los hechos, permitió la aplicación de medidas de *lock-out* por parte de la patronal y favoreció la aparición del Sindicato Libre, cuyos pistoleros actuaron con la connivencia de las fuerzas de orden para eliminar a líderes obreros. La respuesta anarquista, no solo en Barcelona sino en otras ciudades, fue igualmente violenta.

El ambiente de represión se vio reforzado desde 1921 con la aplicación de la «Ley de Fugas», al tiempo que acontecimientos como el asesinato del presidente Dato y la muerte del anarquista Salvador Seguí alimentaban la espiral de violencia. Mientras tanto, el recrudecimiento de la guerra en Marruecos, con el «Desastre de Annual» en julio de 1921, terminó de erosionar la autoridad del régimen. El enorme escándalo político que siguió a la investigación del *Expediente Picasso*, unido a la inoperancia del Gobierno para controlar los desórdenes internos, acabó por desacreditar todavía más al sistema canovista. Finalmente, esta atmósfera de caos y desconfianza propició que algunos sectores del Ejército vieran en un golpe de Estado la solución definitiva, desembocando en la dictadura de Primo de Rivera (1923) y el fin de la Restauración.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

P3.D1: El Manifiesto de Primo de Rivera y el Golpe de Estado

El texto se sitúa en el contexto de la crisis del sistema de la Restauración, en una etapa que precede e inaugura la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Se expresa en un momento en el que el desencanto popular había alcanzado niveles insostenibles debido a la corrupción y la ineficacia de una política que, tras el Desastre de 1898 y agravada con los sucesos del verano de 1917, había evidenciado la incapacidad del sistema para resolver los problemas fundamentales del país.

La idea principal del documento es denunciar de forma vehemente a los «profesionales de la política» y a los responsables de un sistema que, desde 1898, ha sumido a España en crisis y decadencia. Se resalta la urgencia de poner fin a la inmoralidad, a los abusos y a la corrupción que han deteriorado la vida política y social. Con un tono enérgico y patriótico –«¡Viva España y viva el Rey!»–, se convoca al establecimiento de un Directorio Inspector Militar en Madrid que actúe de forma provisional para restituir el orden público y garantizar el funcionamiento normal de las instituciones, sin justificarse ante un pueblo que demanda el cambio de la vieja política.

La importancia de este documento radica en que anticipa las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera, cuya acción se fundamentó en la descomposición del sistema de la Restauración y en el descontento tanto popular como militar. El régimen dictatorial, instaurado en septiembre de 1923, se caracterizó por la suspensión de las Cortes, el establecimiento de un directorio militar y la implantación de medidas autoritarias. Entre algunos logros se destacan el aparente restablecimiento del orden y una cierta modernización administrativa, aunque sus consecuencias incluyeron la limitación de las libertades políticas, el debilitamiento de la monarquía –cuyo apoyo inicial se tornaría en rechazo– y, en última instancia, preparó el terreno para la proclamación de la Segunda República en 1931.

P3.D2: El Decreto de Instauración del Directorio Militar

El texto se sitúa en la etapa inicial de la dictadura de Primo de Rivera, en el contexto de la instauración del Directorio Militar tras el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923. Esta fase corresponde a la etapa del Directorio Militar (IX/1923-XII/1925), marcada por la consolidación de un régimen dictatorial apoyado por Alfonso XIII, en sustitución del sistema de la Restauración, que había caído en crisis tras el Desastre de 1898 y agravado con la «crisis de 1917».

La idea principal del documento es concentrar el poder en manos del Teniente General Miguel Primo de Rivera, a quien se le confiere la presidencia del Directorio Militar con facultades para promulgar decretos con fuerza de ley. Además, se suprimen cargos tradicionales como el de Presidente del Consejo de Ministros y otros altos funcionarios, concentrando la autoridad en un nuevo aparato estatal que busca restablecer el orden público. En este sentido, el manifiesto que acompañó al golpe, emitido por el entonces capitán general en Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, justificaba los motivos del levantamiento: corrupción, caciquismo y la descomposición del régimen.

La importancia de este documento radica en que encarna las causas del golpe. El descontento generalizado, tanto social como militar, se había ido gestando debido a la ineficacia del sistema de la Restauración, la falta de respuesta a problemas económicos y políticos, y el temor al auge del nacionalismo y de ideologías radicales. Con la instauración del Directorio Militar se pretendía acabar con estas lacras instaurando un «cirujano de hierro» que impusiera el orden. Sin embargo, si bien se logró una aparente estabilización y algunas reformas institucionales, las consecuencias incluyeron la limitación de las libertades políticas y el debilitamiento del régimen monárquico, lo que, a la larga, desembocó en crisis que culminarían con la proclamación de la Segunda República.

P3.D3: Medidas del Directorio Militar

El documento se sitúa en la etapa del Directorio Militar instaurado tras el golpe de Estado de Primo de Rivera, en septiembre de 1923. Este periodo, comprendido entre septiembre de 1923 y diciembre de 1925, marca el comienzo de un régimen dictatorial que pretendía solucionar, mediante medidas autoritarias, la profunda crisis y descomposición del sistema de la Restauración. El texto expone medidas de gran impacto político y administrativo.

Se suspenden, de forma temporal, garantías constitucionales fundamentales, lo que permitía actuar sin los límites de la ley en pro de «la salud pública». Además, se declara el estado de guerra en determinadas regiones del país y se cesa la actuación de los gobernadores civiles, destinando sus sueldos al Tesoro. Con estas disposiciones se concentraba el poder en manos del Presidente del Directorio Militar, Miguel Primo de Rivera, eliminando cargos tradicionales y estructuras del antiguo régimen. Tenemos algunas de las medidas que toma el nuevo Directorio Militar, que reflejan la determinación de instaurar el orden de manera radical.

Esta decisión se enmarca dentro de lo sucedido tras la Diada en Cataluña el 11 de septiembre de 1923, cuando el golpe, acompañado de un Manifiesto que justificaba sus acciones en contra de la corrupción, el caciquismo y la descomposición del régimen, encontró el apoyo del rey. Se declaró el estado de guerra, vigente hasta 1925, para reforzar el control. Así, estas medidas, que en cierto modo fueron de inspiración para el propio Primo, buscaban consolidar un orden que permitiera la transformación del Estado y la erradicación de las viejas estructuras, aunque a costa de limitar las libertades y profundizar el autoritarismo en el país.

P3.D4: La Persistencia del Caciquismo bajo Primo de Rivera

El fragmento se sitúa en el régimen dictatorial de Primo de Rivera, posterior al golpe del 13 de septiembre de 1923, durante la etapa en la que se pretendía poner fin a la corrupción y al caciquismo del sistema de la Restauración. Este documento denuncia que el caciquismo era tan patente como en la etapa anterior, observándose que los afiliados a la Unión Patriótica eran, en su mayoría, antiguos jefes locales y representantes de instituciones preexistentes. En otras palabras, las mismas familias que habían ostentado cargos antes de 1923 seguían controlando el poder, a pesar de las promesas de renovación.

El autor del fragmento señala que una de las promesas de Primo de Rivera en el manifiesto que acompañó al golpe del 13 de septiembre de 1923 era acabar con el caciquismo; sin embargo, esta promesa no se cumplió, y las mismas familias continuaron controlando los cargos. Se resalta que la supuesta regeneración política pretendida por Primo de Rivera, mediante medidas dictatoriales, consistió en declarar el estado de guerra, suspender las Cortes, la Constitución de 1876 y las garantías constitucionales; además, se ilegalizaron partidos y organizaciones obreras, se impuso censura y se prohibieron elementos nacionalistas. A principios de 1924 se inició un proceso de institucionalización del régimen con la aprobación del Estatuto Municipal, obra de José Calvo Sotelo, que buscaba combatir el caciquismo, pero que derivó en el endeudamiento y en la perpetuación de un nuevo sistema caciquil.

La importancia de este documento radica en evidenciar las contradicciones del régimen: la promesa de acabar con la corrupción política y de modernizar el Estado se vio traicionada, ya que, en lugar de sustituir a los viejos caciques, se instauró un nuevo partido único, la Unión Patriótica, que consolidó la perpetuación del poder de las mismas élites. Esto habría contribuido a la desilusión generalizada y a la crisis que eventualmente precipitaría el fin del régimen.

P3.D5: La Unión Patriótica como Partido Único

El fragmento se sitúa en la etapa dictatorial de Primo de Rivera, específicamente a partir de 1924, cuando se inició el proceso de institucionalización del régimen. Este documento es un fragmento de la cartilla de la Unión Patriótica, el partido político creado por la dictadura con el objetivo de reemplazar a los viejos y corruptos partidos dinásticos.

El texto define a la Unión Patriótica como una agrupación de españoles que procuran distinguirse en el cumplimiento de sus deberes patrióticos, tales como el conocimiento y la divulgación de las glorias de España, la defensa de la unidad nacional y el sacrificio personal para proteger la Patria contra sus enemigos, tanto exteriores como interiores. Asimismo, se reflexiona sobre el origen de esta organización, que surge en el marco del golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923 y se consolida en 1924, siguiendo el modelo de partido único fascista. La Unión Patriótica se presentó como un partido «apolítico», conformado por «gentes de buena fe» con un ideario centralista, monárquico y limitadamente democrático, cuyo lema era «Patria, Religión y Monarquía».

La importancia de esta formación radica en que fue una de las medidas adoptadas para intentar regenerar y controlar políticamente el país en un momento de crisis del sistema de la Restauración y del caciquismo. A principios de 1924 se tomaron medidas como la aprobación del Estatuto Municipal, obra de José Calvo Sotelo, y del Estatuto Provincial en 1925, para combatir el viejo sistema, pero en la práctica solo se instauró un nuevo caciquismo. A pesar de sus pretensiones, la Unión Patriótica fracasó totalmente, evidenciando la insuficiencia de las reformas dictatorialmente impuestas para lograr una verdadera regeneración política.

P3.D6: El Directorio Civil y el Triunfo de Alhucemas

La fotografía alude a la etapa histórica que siguió al golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923, concretamente al periodo en el que, tras el Directorio Militar (1923-1925), se instauró el Directorio Civil. A partir de 1924, el régimen comenzó un proceso de institucionalización destinado a reforzar su legitimidad y a combatir el caciquismo. Sin embargo, salvo algunas medidas aisladas, como el Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo, los resultados no fueron especialmente espectaculares, pues la supuesta democratización de ayuntamientos y diputaciones quedó en entredicho al no celebrarse elecciones municipales y mantenerse el nombramiento directo de alcaldes por parte de los gobernadores provinciales.

Durante esta primera etapa del Directorio Civil, Primo de Rivera buscó sustentar su poder mediante iniciativas como la fundación de un partido único de carácter regeneracionista, la Unión Patriótica. Inspirado en los movimientos fascistas de la época, este partido serviría para vertebrar la vida política en torno a un ideario monárquico y fuertemente centralista. Asimismo, la represión se intensificó contra anarquistas y comunistas, mientras que se toleró la UGT como sindicato colaborador. El objetivo era crear una apariencia de orden y respaldo social que garantizara la continuidad del régimen, cada vez más convencido de que no se trataba de una solución meramente transitoria.

El Directorio Civil alcanzó su momento de mayor popularidad a raíz de la intervención en Marruecos, donde, tras el fracaso inicial y la suspensión del «Expediente Picasso», Primo de Rivera se planteó incluso abandonar el Protectorado. No obstante, la invasión rifeña del protectorado francés y el exitoso Desembarco de Alhucemas, en septiembre de 1925, fueron la clave para revertir la situación y sumar un gran triunfo militar que elevó el prestigio del dictador en España. Este éxito en Marruecos reforzó la sensación de que el Directorio Civil no sería algo efímero, sino que pretendía perpetuarse en el poder, consolidando así un régimen que, a pesar de la propaganda oficial, no conseguía erradicar los viejos problemas de la vida política y social española.

P3.D7: El Directorio Civil y el Proyecto de Constitución

La imagen corresponde a la segunda y última etapa de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que comenzó en diciembre de 1925 con la sustitución del Directorio Militar por el Directorio Civil y se extendió hasta enero de 1930. Tras el éxito en la campaña de Alhucemas, Primo de Rivera se sintió reforzado para convertir su régimen en un proyecto permanente, por lo que introdujo en el Gobierno a figuras civiles de relevancia, como José Calvo Sotelo o Eduardo Aunós. Así, quedó claro que la dictadura no pretendía ser una solución transitoria, sino que buscaba perpetuarse y sustituir definitivamente al sistema de la Restauración.

Entre las iniciativas más destacadas de este periodo figura la creación, en noviembre de 1926, de la Organización Corporativa del Trabajo, inspirada en el modelo del sindicalismo vertical italiano. Con el apoyo de la UGT, se establecieron Comités Paritarios entre obreros y patronos, aunque el Gobierno conservó la última palabra para resolver cualquier desacuerdo. En cambio, el movimiento anarquista y el comunista fueron duramente perseguidos, mientras que la fundación de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) en 1927 reflejaba la radicalización creciente de un sector obrero no dispuesto a colaborar con el régimen.

En el ámbito institucional, la dictadura promovió en septiembre de 1927 la creación de la Asamblea Nacional Consultiva, de carácter corporativo. Se pretendía así elaborar una nueva constitución, denominada «Estatuto Fundamental de la Monarquía», que reemplazara la de 1876 y diera una pátina legal al nuevo orden. Sin embargo, el borrador presentado en el verano de 1929 generó numerosas críticas por su falta de garantías democráticas, lo que, unido al progresivo desgaste del régimen frente a la crisis económica y social, acabó frustrando la iniciativa. Este periodo se caracterizó por el intento de dotar de solidez a la dictadura mediante reformas de corte autoritario y corporativista, pero el fracaso del proyecto constitucional y la creciente oposición de amplios sectores de la sociedad terminaron por precipitar la caída de Primo de Rivera en enero de 1930, dejando a la monarquía en una posición sumamente debilitada.

P3.D8: Logros Económicos y Fragilidad de la Dictadura

La etapa histórica reflejada en la imagen se enmarca en los últimos años de la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), concretamente en 1929, momento en el que se celebraron la Exposición Universal de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Estos acontecimientos se promovieron como símbolo del supuesto «despegue económico» del régimen, que durante la década de los felices años veinte había experimentado un crecimiento notable gracias a las condiciones favorables de la economía mundial y a la aparente paz social conseguida mediante la represión de la oposición.

El texto gira en torno a los logros económicos de la dictadura, planteando que, aunque el entorno internacional ayudó a incrementar la producción y el consumo interno, las medidas adoptadas no resolvieron los problemas estructurales del país, sobre todo en el sector agrario. No hubo una reforma que facilitara el reparto de tierras, si bien se ampliaron las superficies de regadío con la creación de las Confederaciones Hidrográficas y se invirtió en obras públicas como ferrocarriles y carreteras. Además, el Gobierno favoreció un modelo proteccionista e intervencionista, promoviendo la producción nacional frente a la competencia extranjera y otorgando monopolios a empresas clave como la Compañía Telefónica Nacional y CAMPSA. La introducción masiva de la electricidad en la industria, especialmente en Cataluña y el País Vasco, reforzó la producción fabril de estas regiones.

La importancia de este modelo económico residía en su capacidad para generar empleo y fortalecer la demanda interna, a la vez que servía de propaganda para un régimen que necesitaba legitimarse. Sin embargo, todo ello se financió en gran parte mediante un aumento del gasto público, lo que disparó la deuda estatal. El coste de las Exposiciones de 1929 multiplicó la sensación de prosperidad, pero cuando ese mismo año se produjo el crack bursátil de Wall Street, la retirada de capitales extranjeros y el incremento de la inflación pusieron de manifiesto la fragilidad real de la economía española. El «milagro económico» se esfumó y, con él, buena parte del apoyo que sostenía a Primo de Rivera, facilitando la caída definitiva de su dictadura en enero de 1930.

La Caída de la Monarquía (1930-1931)

P3.D9: El Pacto de San Sebastián y el Clamor Republicano

El manifiesto corresponde a la etapa final de la monarquía de Alfonso XIII y al proceso revolucionario previo a la proclamación de la Segunda República, en un contexto de agitación social y política tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera. En este documento, se expone el clamor popular que impulsa a derribar la monarquía, comparando la situación con el espíritu revolucionario de la Gloriosa de 1868, pero ahora en favor de la instauración de una República.

Se recoge un manifiesto que los firmantes del Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), ampliados ya con miembros y representantes del PSOE y de la UGT, hicieron público para recabar un mayor respaldo social a favor de la proclamación de una nueva República y la caída de la monarquía. El texto denuncia el fraude electoral, la manipulación del sufragio y la alianza de un Gobierno dictatorial –resultado del «error Berenguer» tras la dimisión de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930– con el caciquismo que avaló la continuidad del sistema de la Restauración. Además, se recuerda cómo movimientos universitarios, como la creación de la Federación Universitaria Escolar (FUE) a finales de 1926, y la movilización obrera (con la UGT retirando su apoyo al régimen y el surgimiento de la FAI en julio de 1927) contribuyeron a la descomposición de la dictadura a partir de 1929.

Este ambiente de indignación culminó con el Pacto de San Sebastián y la preparación de un levantamiento, que, tras la dimisión del Gobierno de Dámaso Berenguer y la victoria de las opciones republicanas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, marcaron el fin definitivo de la monarquía y la instauración de la Segunda República. Las consecuencias fueron profundas, transformando la vida política española y abriendo un nuevo capítulo en su historia.

Cronología de Eventos Clave (1902-1931)

Reinado de Alfonso XIII (1902–1923)

• 17 mayo 1902: Alfonso XIII asciende al trono.
• 1899-1900: Gobierno de Silvela (primera reforma regeneracionista).
• Enero 1903: Muerte de Sagasta.
• 1906: Ley de Jurisdicciones (militarización del orden público).
• 1906: Conferencia de Algeciras (protectorado en Marruecos).
• 1907: Reforma electoral de Maura (intento de acabar con el caciquismo).
• 26 julio – 2 agosto 1909: Semana Trágica de Barcelona (revuelta y represión).
• 27 julio 1909: Barranco del Lobo (derrota militar en Marruecos).
• Octubre 1909: Fusilamiento de Ferrer i Guardia.
• 1 noviembre 1910: Fundación de la CNT.
• 1910: Ley del Candado (Canalejas limita órdenes religiosas).
• 1910: Elecciones: Pablo Iglesias (PSOE) primer diputado socialista.
• 1912: Ley de Reclutamiento (sustituye la redención en metálico).
• 12 noviembre 1912: Asesinato de Canalejas.
• Noviembre 1912: Acuerdo hispano-francés sobre Marruecos.

Primera Guerra Mundial y Crisis de 1917

• Agosto 1914: España se declara neutral en la Gran Guerra.
• 1915-1916: Boom económico por exportaciones a países en guerra.
• Finales 1916: Creación de las Juntas de Defensa militares.
• 1 junio 1917: Manifiesto de las Juntas (exigencias al Gobierno).
• 5 julio 1917: Reunión de parlamentarios en Barcelona.
• 19 julio 1917: Asamblea de Parlamentarios (exigen Cortes Constituyentes).
• 10-20 agosto 1917: Huelga general revolucionaria.
• 29 septiembre 1917: Condena a muerte del Comité de huelga (indultados después).

Agonía del Sistema (1918–1923)

• Noviembre 1917: Primer gobierno de concentración nacional (fracasa).
• Marzo-noviembre 1918: Gobierno Nacional (intento fallido de unidad).
• 1918-1921: «Trienio Bolchevique» (revueltas campesinas en Andalucía).
• Febrero 1919: Huelga de «La Canadiense» (Barcelona).
• 1920: Fundación de la Legión Española (Millán Astray y Franco).
• 1921: Escisión del PSOE: nace el PCE.
• Julio 1921: «Desastre de Annual» (Marruecos).
• 1921-1923: *Expediente Picasso* (investiga Annual).
• Marzo 1921: Asesinato de Eduardo Dato.

Dictadura de Primo de Rivera (1923–1930)

• 13 septiembre 1923: Golpe de Estado de Primo de Rivera.
• 15 septiembre 1923: Alfonso XIII lo nombra jefe de Gobierno.
• 1924: Estatuto Municipal (reforma de Calvo Sotelo).
• Abril 1924: Creación de Unión Patriótica (partido único).
• 1925: Estatuto Provincial.
• 8 septiembre 1925: Desembarco de Alhucemas (victoria en Marruecos).
• Diciembre 1925: Transición al Directorio Civil.
• Noviembre 1926: Organización Corporativa del Trabajo (sindicatos verticales).
• 1926: Federación Universitaria Escolar (FUE) contra la dictadura.
• Julio 1927: Fundación de la FAI (anarquistas radicales).
• Septiembre 1927: Asamblea Nacional Consultiva (parlamento no electo).
• 1929: Borrador del «Estatuto Fundamental» (constitución fallida).
• 1929: Crack del 29 afecta a España.
• 1929: Exposiciones Universales (Barcelona y Sevilla).
• 28 enero 1930: Dimisión de Primo de Rivera.
• 16 marzo 1930: Muerte de Primo en París.

Caída de la Monarquía (1930–1931)

• Febrero 1930 – febrero 1931: Gobierno de Dámaso Berenguer («error Berenguer»).
• Agosto 1930: Pacto de San Sebastián (republicanos + nacionalistas).
• Diciembre 1930: Sublevación de Jaca (Galán y García Hernández ejecutados).
• Febrero-abril 1931: Gobierno del almirante Aznar.
• 12 abril 1931: Elecciones municipales (victoria republicana en ciudades).
• 14 abril 1931: Proclamación de la Segunda República; Alfonso XIII se exilia.

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