04 Feb
El sistema canovista: la Constitución
La Restauración borbónica comenzó con la proclamación de Alfonso XII, legitimado tras la abdicación de su madre en 1870. Su programa político quedó recogido en el Manifiesto de Sandhurst (1874), donde defendía una monarquía liberal, integradora de moderados y progresistas, y la confesionalidad católica del Estado. El regreso de los Borbones se produjo tras el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto (29 de diciembre de 1874), que puso fin al Sexenio Democrático. En enero de 1875, Alfonso XII entró en Madrid y confirmó a Antonio Cánovas del Castillo como presidente del Gobierno.
Cánovas fue el principal artífice del régimen y diseñó el sistema canovista, basado en un liberalismo conservador y en la alternancia pacífica de dos grandes partidos dinásticos para garantizar la estabilidad política, evitando golpes militares y revoluciones populares. Los partidos del turno fueron el Partido Conservador, liderado por Cánovas, y el Partido Liberal o Fusionista, dirigido por Práxedes Mateo Sagasta, con apoyos en las clases medias urbanas y sectores intelectuales. El turno funcionó con regularidad durante la Restauración gracias a la manipulación electoral, mediante el encasillado, el fraude electoral y una red de caciques. Estas prácticas, conocidas como pucherazo, eran coordinadas desde el Ministerio de la Gobernación.
Durante el reinado de Alfonso XII se alternaron gobiernos conservadores y liberales. En la etapa conservadora (1875-1880) finalizó la tercera guerra carlista (1876) y se avanzó en el conflicto cubano, que concluyó con la Paz de Zanjón (1878). En 1880 se abolió definitivamente la esclavitud. En 1881 se inició el primer gobierno liberal de Sagasta. Tras la muerte del rey en 1885, comenzó la regencia de María Cristina de Habsburgo, asegurada por el Pacto de El Pardo, que garantizó la continuidad del sistema.
La Constitución de 1876, aprobada el 24 de mayo, fue la más duradera de la historia de España. Estableció la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, un sistema bicameral, amplios poderes para la Corona, la centralización del Estado y la religión católica como oficial. El sufragio fue censitario hasta la implantación del sufragio universal masculino en 1890.
Quedaron excluidos del sistema los republicanos, divididos (federalistas, centralistas, posibilistas y progresistas), con escasa representación parlamentaria; los regionalismos y nacionalismos, como el catalanismo y el nacionalismo vasco; y amplios sectores populares. Tras la Ley de Asociaciones de 1887 se desarrolló el movimiento obrero, destacando el socialismo y el anarquismo.
Las desamortizaciones. La España rural del siglo XIX
La revolución liberal del siglo XIX supuso la transición del Antiguo Régimen al Estado liberal, con profundos cambios económicos y sociales. Durante el reinado de Isabel II destacaron las desamortizaciones, que transformaron la propiedad amortizada en propiedad libre de mercado mediante la incautación y venta en subasta pública de bienes de la Iglesia, la nobleza y los ayuntamientos, tras la eliminación del régimen señorial y del mayorazgo.
La desamortización de Mendizábal (1836), realizada durante la guerra carlista, afectó a los bienes del clero regular y tuvo como objetivos obtener ingresos para el Estado, implantar la propiedad privada liberal, ganar apoyos políticos y debilitar a la Iglesia carlista. El conflicto con la Iglesia se resolvió con el Concordato de 1851, por el que el Estado asumió el mantenimiento del clero.
La desamortización de Madoz, impulsada por Pascual Madoz, puso en venta los bienes comunales y municipales y otros bienes eclesiásticos. Los ingresos se destinaron al ferrocarril, la industrialización y la deuda pública. Los principales beneficiarios fueron la burguesía, mientras que se creó un campesinado proletarizado. Aunque aumentó la superficie cultivada y la productividad agraria, se produjo un importante expolio del patrimonio eclesiástico.
La industrialización española fue tardía, incompleta y dependiente del capital extranjero. El despegue se produjo durante el Bienio Moderado y el gobierno de O’Donnell, con una crisis en la década de 1850. La industria textil algodonera se concentró en Cataluña, donde se defendió el proteccionismo frente a la competencia exterior. La industria siderúrgica se desarrolló en Andalucía, Asturias y el País Vasco, aprovechando los recursos mineros. La Ley de Bases Mineras de 1868 facilitó la entrada de capital extranjero.
Las comunicaciones mejoraron con el desarrollo del ferrocarril, cuyo primer tramo se inauguró en 1843 y que se impulsó durante el Bienio Progresista. Estas infraestructuras contribuyeron a integrar el mercado nacional y a abaratar costes, aunque el ancho de vía distinto al europeo, el trazado poco racional y la baja demanda limitaron su rentabilidad. En política comercial se enfrentaron librecambistas y proteccionistas. El Partido Progresista y los liberales de Sagasta defendieron la reducción de aranceles, mientras que el Partido Conservador de Cánovas impuso el proteccionismo, consolidado con el arancel de 1891.
En el ámbito financiero surgió la banca moderna: durante el reinado de Fernando VII se crearon instituciones como el Banco de San Fernando, la Bolsa de Madrid y el Código de Comercio. El Banco de España mantuvo la primacía y la banca financió el ferrocarril y la deuda pública. El capital extranjero se orientó a ferrocarril y minería, y el capital nacional a la compra de tierras y a empresas.
Descripción de la fuente fotográfica
1. Se trata de una fuente primaria de tipo fotográfico que muestra a soldados españoles en Cuba durante la Guerra de Independencia cubana (1895-1898). La imagen refleja las duras condiciones que enfrentaban los soldados españoles, muchos de ellos jóvenes y con aspecto enfermizo.
Contexto histórico de la fotografía
2. La fotografía se enmarca en el contexto de la Guerra de Independencia de Cuba (1895-1898), el último conflicto colonial español en América. Esta guerra fue el desenlace de un proceso independentista que comenzó con la Guerra de los Diez Años (1868-1878) y continuó con la Guerra Chiquita (1879-1880).
El conflicto se inició en 1895 con el Grito de Baire, un levantamiento simultáneo en 35 localidades cubanas. España envió soldados a Cuba para enfrentar la insurrección. Muchos de ellos eran jóvenes de clases bajas que no podían pagar para evitar el servicio militar.
Las tropas españolas enfrentaron dificultades en Cuba. El clima tropical y las enfermedades, especialmente la fiebre amarilla, causaron estragos entre los soldados. Además, la falta de recursos y el agotamiento progresivo del ejército español contribuyeron a su eventual derrota.
Los insurgentes cubanos, liderados por figuras como José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez, llevaron a cabo una eficaz guerra de guerrillas. Conocedores del terreno y movidos por el espíritu independentista, fueron desgastando paulatinamente al ejército español.
La guerra se intensificó con la llegada del general Valeriano Weyler, quien implementó la política de reconcentración. Esta medida, que buscaba privar a los rebeldes del apoyo campesino, resultó en la muerte de unas 140.000 personas debido al hambre y las enfermedades.
El conflicto tomó un giro decisivo con la intervención de Estados Unidos en 1898, tras la explosión del acorazado Maine. Esta intervención precipitó la derrota española y llevó a la firma del Tratado de París, por el cual España renunció a su soberanía sobre Cuba.
La Guerra de Independencia de Cuba marcó el fin del imperio colonial español en América y tuvo profundas consecuencias tanto para Cuba como para España. Para Cuba significó el fin del dominio colonial español, aunque quedó bajo la influencia estadounidense. Para España, la derrota provocó una profunda crisis nacional conocida como el Desastre del 98.
El Sexenio Democrático (1868-1874)
El Sexenio Democrático (1868-1874) se inició con la Revolución de 1868, conocida como La Gloriosa, precedida por la crisis de 1866 y el Pacto de Ostende, firmado por progresistas y demócratas. La revolución comenzó con la sublevación del almirante Topete en Cádiz, y se extendió por España mediante juntas revolucionarias y levantamientos populares. Tras la victoria de Serrano en el puente de Alcolea, Isabel II abandonó España.
Se formó un Gobierno provisional, presidido por Serrano, que disolvió las juntas y convocó Cortes Constituyentes, en un contexto de enfrentamiento entre progresistas y republicanos. El Gobierno provisional implantó el sufragio universal masculino. En las elecciones de enero de 1869, las fuerzas gubernamentales obtuvieron mayoría absoluta y las Cortes aprobaron la Constitución de 1869, considerada la primera Constitución democrática española. Proclamaba la soberanía nacional, una amplia declaración de derechos y libertades, mantenía la monarquía como forma de gobierno y otorgaba un papel central a las Cortes, limitando el poder del rey.
Tras su promulgación, se inició la regencia de Serrano y Práxedes Mateo Sagasta (Prim) asumió la jefatura del Gobierno. Se buscó un monarca democrático no borbónico, siendo elegido Amadeo de Saboya, proclamado rey en enero de 1871. Su reinado estuvo marcado por una grave inestabilidad, agravada por el asesinato de Prim, la falta de apoyos políticos, la división entre constitucionalistas y radicales, la tercera guerra carlista y el recrudecimiento de la guerra de Cuba, lo que llevó a su abdicación en febrero de 1873.
El fracaso del Sexenio estuvo condicionado por los conflictos armados, especialmente la Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878), iniciada por criollos que reclamaban autonomía, sostenida por la debilidad del Estado español y el apoyo encubierto de Estados Unidos, y la tercera guerra carlista (1872-1876), protagonizada por los partidarios de Carlos VII en el País Vasco, Navarra y Cataluña.
Tras la abdicación de Amadeo, las Cortes proclamaron la Primera República, caracterizada por una extrema inestabilidad, con cuatro presidentes en menos de un año. Figueras gobernó en un clima de desorden; le sucedió Pi y Margall, defensor de la república federal, durante cuyo mandato estalló la insurrección cantonalista (1873), iniciada en Cartagena y extendida por Levante y Andalucía. Tras su dimisión, Salmerón recurrió al Ejército para sofocar el movimiento, resistiendo solo el cantón de Cartagena hasta enero de 1874. Finalmente, Castelar gobernó con poderes extraordinarios, pero el golpe de Estado del general Pavía puso fin a la República parlamentaria. Posteriormente, Serrano instauró un régimen dictatorial que sirvió de transición hacia la Restauración borbónica con Alfonso XII.
Isabel II: las Regencias. Las guerras carlistas
La muerte de Fernando VII en 1833 y la minoría de edad de Isabel II abrieron una etapa de inestabilidad política marcada por la regencia de María Cristina (1833-1840) y el enfrentamiento entre liberalismo y absolutismo. María Cristina se apoyó en los liberales para asegurar el trono de su hija e impulsar la transición hacia una monarquía parlamentaria, mientras que el carlismo, defensor de los derechos de Carlos María Isidro, el absolutismo, los fueros y el papel de la Iglesia, arraigó en zonas rurales como País Vasco, Navarra y Cataluña.
El conflicto derivó en la primera guerra carlista (1833-1840). Los carlistas estuvieron dirigidos por Zumalacárregui en el Norte y Cabrera en el Maestrazgo, mientras que los liberales fueron liderados por Espartero. Carlos María Isidro, proclamado Carlos V en el Manifiesto de Abrantes, contó con el apoyo de potencias absolutistas, mientras que los liberales recibieron ayuda de la Cuádruple Alianza (España, Francia, Inglaterra y Portugal). La guerra finalizó con el Convenio de Vergara (1839), aunque la resistencia carlista continuó hasta 1840. Sus consecuencias fueron el fortalecimiento del Ejército, el debilitamiento de la Hacienda y la aceleración de reformas como la desamortización de Mendizábal.
Durante la regencia se consolidaron los primeros partidos liberales. El Partido Moderado, liderado por Narváez, defendía la autoridad del rey, el orden social y el sufragio censitario. El Partido Progresista, encabezado por Espartero, apoyado por clases medias urbanas, defendía la soberanía nacional, el protagonismo de las Cortes y la ampliación de derechos.
En 1834, María Cristina otorgó el Estatuto Real, que establecía unas Cortes bicamerales (Próceres y Procuradores) y un sufragio muy restringido. Su carácter conservador provocó el pronunciamiento de La Granja (1836), que obligó a convocar Cortes Constituyentes y dio lugar a la Constitución de 1837, texto de compromiso que proclamaba la soberanía nacional, ampliaba derechos, establecía la división de poderes y unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado), consolidando el régimen liberal.
Tras la guerra, Espartero fue nombrado regente (1840-1843). Aunque progresista, gobernó de forma autoritaria, suspendió la Ley de Ayuntamientos y reprimió sublevaciones, llegando a bombardear Barcelona por el conflicto arancelario con Inglaterra. Su pérdida de apoyos culminó en el pronunciamiento de Narváez en 1843, que puso fin a la regencia y adelantó la mayoría de edad de Isabel II.
El reinado de Carlos IV (1788-1808)
El reinado de Carlos IV (1788-1808) estuvo profundamente condicionado por la Revolución Francesa de 1789, que obligó a la monarquía española a adoptar una política de vigilancia y represión frente a las ideas revolucionarias. La tradicional alianza con Francia, basada en los Pactos de Familia, se redefinió en tres etapas: neutralidad (1789-1792), guerra (1793-1795) y alianza (1796-1808).
En 1792, Carlos IV destituyó al conde de Aranda y nombró primer ministro a Manuel Godoy, cuyo ascenso contó con el apoyo de la reina. La acumulación de poder de Godoy generó una fuerte oposición entre la nobleza, el clero y el partido fernandino, encabezado por el futuro Fernando VII. La alianza con Francia enfrentó a España con Inglaterra, culminando en la derrota de Trafalgar (1805), que supuso la pérdida del poder naval español. La firma del Tratado de Fontainebleau (1807) permitió la entrada de tropas francesas en España para atacar Portugal, facilitando en realidad la ocupación napoleónica.
El creciente descontento popular y cortesano provocó el Motín de Aranjuez (marzo de 1808), que forzó la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII. Aprovechando el conflicto dinástico, Napoleón atrajo a ambos a Bayona, donde se produjeron las Abdicaciones de Bayona, tras las cuales nombró rey a su hermano José Bonaparte. La reacción popular dio inicio a la Guerra de la Independencia, cuyo comienzo simbólico fue el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid, duramente reprimido por las tropas francesas.
La guerra fue un conflicto de liberación nacional y, al mismo tiempo, una guerra civil, enfrentando a afrancesados, partidarios de José I, y patriotas, defensores de Fernando VII. Dentro de estos últimos se diferenciaban liberales, favorables a una monarquía constitucional, y absolutistas, defensores del Antiguo Régimen. El conflicto se desarrolló en tres fases: una primera hasta noviembre de 1808, marcada por la victoria española en la batalla de Bailén; una segunda hasta enero de 1812, caracterizada por el dominio francés y la generalización de la guerra de guerrillas; y una tercera desde 1812, cuando el debilitamiento del Imperio napoleónico permitió el avance de las tropas españolas y británicas, con apoyo portugués.
El conflicto finalizó con el Tratado de Valençay (finales de 1813), por el que Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España. Aunque algunas tropas francesas permanecieron en territorio español, Fernando VII regresó en marzo de 1814, poniendo fin a la guerra.
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