La restauración borbónica (1874–1902)

La restauración borbónica. Durante la I República la burguesía moderada había optado por la restauración borbónica del príncipe Alfonso, resultado de una doble acción:

• Una civil, encabezada por Antonio Cánovas del Castillo, que consiguió que Isabel II renunciara a sus derechos al trono en 1870 y redactó el Manifiesto de Sandhurst, que, firmado por Alfonso, ofrecía una propuesta de régimen monárquico, católico y constitucional.
• Una militar, representada por el pronunciamiento en Sagunto (Valencia) del general Martínez Campos (diciembre de 1874), que precipitó la restauración y el nombramiento de Alfonso XII como nuevo rey.

Así se inicia la Restauración, que estuvo vigente hasta la instauración de la dictadura de Primo de Rivera, prólogo de la II República. El artífice del sistema de la Restauración fue Antonio Cánovas del Castillo. Antiguo ministro de la Unión Liberal, su pensamiento político fue reaccionario y conservador, contrario al sufragio universal. Sin embargo, fue un político pragmático y realista que buscó el consenso entre las fuerzas liberales en las que basó el régimen de la Restauración.

La Constitución de 1876

Su proyecto político se basaba en la llamada Constitución interna: producto de la historia de España y formada por dos instituciones tradicionales, la monarquía hereditaria (el rey) y las Cortes, depositarias de la soberanía y la tradición histórica, por lo que ambas instituciones eran más importantes que la propia Constitución. Para garantizar la estabilidad del sistema se elaboró una nueva Constitución: la de 1876.

Inspirada en la moderada de 1845, permaneció en vigor hasta 1931, aunque fue suspendida y vulnerada en varias ocasiones. Elaborada por una comisión de diez miembros presidida por Alonso Martínez, fue retocada por el propio Cánovas. La Constitución de 1876, breve (89 artículos), establecía un sistema político que habría de permitir el ejercicio del gobierno a todos los partidos que aceptaran el sistema liberal y la Monarquía. Los principales aspectos del texto son los siguientes:

• La soberanía es compartida.
• La Corona es la clave principal del sistema.
• El poder ejecutivo lo ejerce la Corona a través de los ministros, que sólo son responsables ante él, por él nombrados y por él separados.
• El poder legislativo corresponde a las Cortes y al Rey.
• Las Cortes se componen de dos cámaras: el Senado y el Congreso de los Diputados, elegidos por sufragio directo por cinco años.
• El poder judicial queda reforzado en su independencia.
• La declaración de derechos y deberes del liberalismo recoge casi todas las conquistas de 1869.
• Se establece la confesionalidad católica del Estado.
• Refuerza la centralización del Estado.

La Constitución no fijaba el tipo de sufragio, pero en 1878 se estableció el voto censitario; sin embargo, en 1890 se aprobó el sufragio universal masculino.

Reinado de Alfonso XII (1874–1885)

Reinado de Alfonso XII (1874–1885)

Entre 1875 y 1880 Cánovas asumió la dirección del gobierno, organizó su partido y fue asentando las bases del sistema político. Se restringieron las libertades y volvió a establecerse el sufragio censitario. Se promulgó la Constitución de 1876 y se consiguió la pacificación al poner fin a la Tercera Guerra Carlista en 1876 y someter la insurrección cubana en 1878. En 1880 se fundó el Partido Liberal, con Práxedes Mateo Sagasta como líder. En febrero de 1881 comenzó a funcionar el turno de partidos. Cánovas dimitió y el rey encargó el gobierno a Sagasta. En 1883 se creó la Comisión de Reformas Sociales, órgano gubernamental para estudiar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y proponer reformas para mejorarlas.

Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885–1902)

Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885–1902)

La muerte del rey Alfonso XII en 1885 abrió el periodo de la Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885–1902) hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII. Tras la muerte del rey, Cánovas y Sagasta reafirmaron en el Pacto del Pardo (1885) el funcionamiento del turno de partidos, para dar estabilidad política al sistema frente al auge del republicanismo y los nacionalismos. Fruto de este pacto fue la llegada al poder de Sagasta, que forma el “gobierno largo” (1885–1890) en el que se aprobaron medidas reformistas: libertad de cátedra, de asociación y de prensa, supresión de la censura (1887) y establecimiento del sufragio universal masculino (1890, mayores de 25 años).

La vuelta de los conservadores al poder en 1890 supuso el retorno a una política económica proteccionista que satisfizo los intereses de los industriales catalanes y vascos y de la burguesía agrícola castellana. Sagasta y los liberales volvieron a gobernar entre 1892 y 1895, siendo lo más destacado de su mandato el proyecto de reforma de la administración de Cuba, que fracasó por la oposición de la oligarquía criolla, dando lugar a la nueva guerra cubana.

En marzo de 1895 vuelve a gobernar Cánovas del Castillo; asesinado en 1897, lo que aceleró el turno, siendo Sagasta quien tuvo que afrontar el Desastre del 98. En 1902, al llegar a la mayoría de edad, Alfonso XIII fue proclamado rey de España, dando fin a la regencia de María Cristina de Habsburgo.

Características y funcionamiento del sistema canovista

Características y funcionamiento del sistema canovista

Las características de este sistema fueron:

• Restauración borbónica en la persona de Alfonso XII (1874–1885), que reemplazó a Isabel II. Cánovas consiguió que la reina renunciara a sus derechos al trono en 1870. Defendía la idea moderada de la soberanía compartida de Rey y Cortes.
• Pacificación del país, excluyendo a los militares de la actividad política. El ejército quedó relegado a sus funciones propias, entre las que estuvo poner fin a la Tercera Guerra Carlista y acabar con la Guerra de Cuba. Martínez Campos forzó la rendición de los carlistas en Cataluña, Aragón y Valencia. El conflicto en el País Vasco y Navarra continuó hasta febrero de 1876, cuando la guerra se dio por finalizada. La consecuencia inmediata de la derrota carlista fue la abolición definitiva del régimen foral. De este modo, los territorios vascos quedaron sujetos al pago de los impuestos y al servicio militar, comunes a todo el Estado.
• Sin embargo, en 1878 se estipuló un sistema de conciertos económicos que otorgaban un cierto grado de autonomía fiscal a las provincias vascas, en virtud del cual estas pagarían anualmente a la administración central una determinada cantidad recaudada directamente por las diputaciones provinciales.
• El final de la guerra carlista permitió acabar más fácilmente con la insurrección cubana (Guerra de los Diez Años, 1868–1878). Como resultado de la actuación militar y de la negociación con los insurrectos, en 1878 se firmó la Paz de Zanjón. En ella se incluía una amplia amnistía, la abolición de la esclavitud (aprobada en 1888) y la promesa de reformas políticas y administrativas por las que Cuba tendría representantes en las Cortes españolas. El retraso o incumplimiento de estas reformas provocó el inicio de un nuevo conflicto en 1879 (Guerra Chiquita) y la posterior insurrección de 1895.
• Creación de un sistema liberal, autoritario y bipartidista basado en dos partidos burgueses que coincidirían en lo fundamental y que se irían turnando en el poder en una convivencia pacífica, al estilo británico: el Partido Conservador, liderado por Cánovas, y el Partido Liberal, liderado por Sagasta.

El Partido Liberal-Conservador comenzó integrando a moderados y antiguos unionistas, cuya ideología liberal evolucionó hacia un cierto autoritarismo, la defensa del orden público y de los valores morales de la Iglesia. Su líder fue Antonio Cánovas hasta su asesinato en 1897. A partir de 1884 se llamaría únicamente Partido Conservador y contaría con el apoyo de la aristocracia y la burguesía terrateniente, industrial y financiera.

El otro partido era el Partido Liberal Fusionista, al que se fueron uniendo grupos políticos diversos: demócratas, constitucionalistas e incluso republicanos moderados. Su líder fue Práxedes Mateo Sagasta, que le dio una orientación reformista, intentando mantener las conquistas políticas y sociales del sexenio democrático, principalmente el sufragio universal. El partido liberal lo constituían la mediana burguesía industrial, profesionales liberales y clases medias.

Sistema electoral corrupto y fraudulento: el caciquismo

Sistema electoral corrupto y fraudulento: el caciquismo.

Para conseguir el turnismo era necesaria la manipulación y el fraude de los resultados electorales. El esquema de transmisión del poder era simple:

• El partido político que está gobernando decide, por circunstancias diversas junto al otro partido, el cambio.
• El Rey, enterado de esta situación, admite la dimisión del gobierno y nombra jefe al líder político; a éste le entrega también el decreto de disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones.

Desde el nuevo Ministerio de la Gobernación se «fabricaban» los llamados encasillados. El resto se dejaba a las minorías excluidas del sistema: carlistas y republicanos, fundamentalmente. La lista se imponía mediante presión, compra de votos, amenazas y, si no era suficiente, se manipulaba el censo o las actas de los resultados. Este conjunto de prácticas antidemocráticas era conocido como pucherazo.

Los políticos que realizaban estas técnicas fraudulentas para obtener votos eran los caciques. Proporcionando cargos, empleos o favores cuando había elecciones, movilizaban a sus clientes y, utilizando a los poderes locales, compraban o presionaban a los electores para falsear las listas y manipular los votos. El caciquismo beneficiaba a todos los que entraban en sus redes: el Gobierno gana las elecciones, el elector se garantiza un empleo y el cacique refuerza su posición.

Los caciques actuaban «con los de arriba», porque los dirigentes nacionales sabían que el cacique era una persona con la que «había que contar» en los momentos delicados, y «con los de abajo», porque el pueblo consideraba al cacique como su protector, o en otros casos como «un conseguidor» con el que había que llevarse bien para trabajar. El elector rural veía en el político «de Madrid» a un señor alejado que poco podría hacer por su beneficio; el cacique, en cambio, era alguien próximo, tangible y real. El elector se dejaba corromper porque no estaba interesado en las leyes que pudiera aprobar el lejano parlamento de Madrid, sino en el favor inmediato que podía recibir en su pueblo.

Entre los factores que hicieron posible el mantenimiento del caciquismo estaba, por un lado, la excesiva concentración de poder en manos del Gobierno, y por otro, la docilidad y desmovilización de la mayor parte de la población. Estas prácticas propias del mundo rural tenían su contrapunto en las ciudades, donde los caciques tenían menos poder e influencia.

En resumen, la Restauración era un sistema oligárquico en el que los resultados electorales no obedecían a la voluntad popular, que votaba a unos u otros en función de la eficacia de los gobiernos, sino a los intereses de los políticos del momento. El cambio de gobierno dependía de la confianza que el Rey tuviera en los políticos de «turno», corrompiendo el principio de la soberanía nacional y la práctica del sufragio universal. Caciquismo, oligarquía dominante, fraude electoral, perversión consciente del principio de soberanía nacional y uso viciado del decreto de disolución definen con bastante claridad lo que fue el régimen político de la Restauración.

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