29 May
La Normalización Democrática y la Alternancia Política en España (1978-2018)
Tras cuarenta años de dictadura, España inició una nueva etapa histórica conocida como la Transición, en la que se restauraron las instituciones democráticas y se aprobó la Constitución de 1978. A partir de 1982, comenzó la alternancia política entre dos grandes partidos, marcando una etapa de estabilidad democrática. La política de consenso fue sustituida por la hegemonía de un solo partido, el PSOE, vinculado al movimiento obrero y a la izquierda histórica, cuyos miembros no habían formado parte del régimen franquista, lo que simbolizaba la consolidación de la democracia iniciada en 1975.
Los Gobiernos del PSOE (1982-1996)
El PSOE, liderado por Felipe González, ganó cuatro elecciones consecutivas y gobernó España entre 1982 y 1996. El partido evolucionó de sus orígenes marxistas hacia una posición de centro-izquierda, impulsando un proyecto modernizador conocido como felipismo, que buscaba consolidar la democracia, fortalecer el Estado del bienestar, avanzar en el desarrollo autonómico y lograr la integración europea.
Su gobierno se divide en tres etapas:
Etapa Reformista (1982-1986)
Se enfrentó a una grave crisis económica con medidas de austeridad, reforma fiscal y reconversión industrial, que tuvo un fuerte impacto en el empleo. Se promovieron leyes sociales en educación, sanidad y justicia, y se ampliaron derechos y prestaciones. En política interior, se intensificó la lucha contra ETA y se impulsó la objeción de conciencia al servicio militar. En política exterior, España se integró en la CEE (1986) y se decidió mantener la pertenencia a la OTAN tras un referéndum.
Etapa Conservadora Social-liberal (1986-1993)
El PSOE adoptó un enfoque más conservador. Aunque la economía creció por el turismo y la inversión, el paro siguió siendo elevado. Surgieron tensiones con los sindicatos, destacando la huelga general de 1988. Los grandes eventos de 1992 (Expo, Olimpiadas, Quinto Centenario) mejoraron la imagen internacional de España.
Etapa de Declive (1993-1996)
El partido se debilitó por una nueva recesión económica y varios escándalos de corrupción (caso Filesa) y de terrorismo de Estado (caso GAL). Todo esto erosionó su apoyo popular y provocó la pérdida de las elecciones en 1996.
Los Gobiernos del PP (1996-2004)
El ascenso del PP se produjo tras el declive del PSOE, llevando a José María Aznar al poder en 1996. Su mandato se divide en dos etapas:
Primera Etapa (1996-2000)
Aznar gobernó con mayoría relativa y apoyo de partidos nacionalistas como CiU, PNV y Coalición Canaria, lo que moderó su política. Impulsó medidas neoliberales como privatizaciones, reducción del gasto público y bajada de impuestos, con el objetivo de cumplir los criterios de Maastricht para la entrada en el euro (2002). La economía mejoró, se redujo el paro y se mantuvieron las pensiones.
En política interior, continuó el proceso autonómico, se eliminó el servicio militar obligatorio y se profesionalizó el ejército. En la lucha contra ETA, episodios como el secuestro de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco generaron una gran movilización social (el espíritu de Ermua) y nuevos pactos políticos.
Segunda Etapa (2000-2004)
Con mayoría absoluta, el PP endureció su política, lo que provocó conflictos con sindicatos (huelga general de 2002) y tensiones con nacionalistas. Se aplicó una política económica liberal más dura, coincidiendo con una recesión, lo que afectó negativamente a los servicios públicos. Se reemplazó la LOGSE por la LOCE en educación y el gobierno gestionó la crisis del hundimiento del petrolero Prestige (2003).
En política exterior, se alineó con EE. UU. tras el 11-S y participó en la guerra de Irak (2003), lo que causó masivas protestas.
El 11 de marzo de 2004, un atentado islamista en Madrid dejó casi 200 muertos. El impacto del ataque cambió el resultado de las elecciones tres días después, dando la victoria al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.
Últimos Gobiernos de Alternancia (2004-2018)
Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE, 2004-2011)
Zapatero retiró las tropas de Irak y promovió la Alianza de Civilizaciones para mejorar las relaciones con el mundo islámico. Inició un proceso de diálogo con ETA que terminó en 2011 con el anuncio del fin definitivo de su actividad armada. Su gobierno impulsó importantes avances sociales, como el matrimonio igualitario, la Ley contra la Violencia de Género, la Ley de Dependencia, una nueva ley educativa (LOE), el carné por puntos y la ley antitabaco.
Tras ser reelegido en 2008, el PSOE enfrentó la crisis económica mundial, lo que marcó su segundo mandato. La falta de mayoría absoluta y el desgaste por la crisis llevaron al triunfo del PP en 2011.
Gobierno de Mariano Rajoy (PP, 2011-2018)
El PP ganó con mayoría absoluta y Rajoy aplicó políticas de austeridad y recortes para evitar la intervención económica. En 2014, Juan Carlos I abdicó y fue sucedido por Felipe VI.
En 2015, Rajoy ganó de nuevo, pero sin mayoría, y con la entrada de Podemos y Ciudadanos se rompió el bipartidismo, generando inestabilidad. En 2017, el conflicto catalán alcanzó su punto álgido con un referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, que provocó la aplicación del artículo 155.
ETA se disolvió en 2018, aunque en 2017 hubo atentados yihadistas en Cataluña. En 2018, una moción de censura llevó a Pedro Sánchez (PSOE) a la presidencia.
La Integración de España en la Unión Europea: Impacto y Participación
España no ingresó en la Comunidad Económica Europea (CEE) hasta 1986, aunque esta se había formado en 1957. El retraso en la adhesión se debió a motivos políticos, ya que el régimen franquista era rechazado por la CEE por su carácter antidemocrático. Tras la muerte de Franco, el gobierno de Suárez solicitó en 1977 abrir negociaciones para la adhesión. Las negociaciones fueron complicadas, especialmente por la oposición de países como Francia, debido a la competencia que los productos agrícolas y pesqueros españoles representaban. Finalmente, con el apoyo de Alemania, se firmó el Tratado de Adhesión en 1985, que entró en vigor el 1 de enero de 1986.
La integración a la CEE supuso importantes consecuencias para España. Al convertirse en miembro, España tuvo que someterse a la normativa común de la Unión Europea (UE), cediendo parte de su soberanía en diversos ámbitos. Esto ayudó a reforzar el sistema democrático y el Estado de derecho, permitiendo a España participar activamente en instituciones clave de la UE, como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
Al ingresar en la CEE, España partía con desventajas en comparación con la media europea, como tasas de paro más altas, un PIB per cápita inferior y menor productividad. Sin embargo, la adhesión puso fin a décadas de aislamiento y obligó a España a realizar reformas en sectores clave como pesca, agricultura, industria y transportes. Estas reformas implicaron un esfuerzo de modernización técnica para mejorar la competitividad, la productividad y el respeto al medio ambiente.
Gracias a estos esfuerzos, el PIB de España se duplicó entre 1985 y 2013, alcanzando el 103% del PIB europeo en 2007. Además, el comercio exterior experimentó un notable crecimiento, multiplicando por ocho el valor de las exportaciones. España también recibió significativas ayudas económicas de la UE, superando los 300.000 millones de euros entre 1986 y 2013, que se destinaron principalmente al desarrollo regional, las infraestructuras (carreteras, trenes de alta velocidad, aeropuertos, etc.) y la investigación (I+D).
La pertenencia a la CEE fue clave para el desarrollo de un Estado del bienestar en España, similar al de otros países europeos, permitiendo un aumento significativo de las prestaciones sociales y la universalización de servicios básicos como sanidad y educación, superando carencias históricas. Tras el Tratado de Maastricht de 1992, los ciudadanos españoles se beneficiaron de derechos como la no discriminación por nacionalidad, la libre circulación y residencia dentro de la UE, el derecho a votar en elecciones municipales, la protección diplomática y la posibilidad de elevar peticiones al Parlamento Europeo.
Además, en 1999, España ingresó en la Unión Económica y Monetaria como uno de los once países fundadores, tras cumplir con los criterios de convergencia establecidos por el Tratado de Maastricht.
El objetivo de la integración económica y política de los países miembros de la UE requería cumplir con criterios de convergencia económica, como reducir la inflación, la deuda y el déficit público. España cumplió estos requisitos aplicando políticas económicas liberales, que incluyeron la reducción del gasto público y la privatización de empresas estatales. El 1 de enero de 2002, el euro reemplazó a la peseta.
La adhesión a la UE fue bien recibida por la población, que participó activamente en las elecciones europeas y valoró las ventajas de la integración. España participó en los nuevos tratados de la UE (Maastricht, Ámsterdam, Niza) y asumió roles de liderazgo, con Javier Solana como Alto Representante de Política Exterior y otros políticos españoles ocupando importantes cargos europeos.
Desde 2004, tras la ampliación hacia Europa oriental, España pasó de ser receptor neto de fondos europeos a contribuyente neto, aunque su PIB y tasa de desempleo aún están por debajo del promedio de la UE.
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