España en el Siglo XIX: De las Cortes de Cádiz a la Restauración

El Reinado de Carlos IV

Carlos III murió en 1788 y le sucedió su hijo Carlos IV. Su reinado estuvo marcado por la Revolución Francesa. Mantuvo como ministro a Floridablanca, con una política neutral hacia Francia. En 1792, Manuel Godoy asumió como primer ministro e intentó salvar sin éxito a Luis XVI. En 1793 Francia declaró la guerra a España, que concluyó con la Paz de Basilea, cediendo Santo Domingo. En 1796, el Tratado de San Ildefonso unió a España con Francia contra Inglaterra, lo que trajo consecuencias graves como la derrota en Trafalgar. En 1807, el Tratado de Fontainebleau permitió la entrada de tropas francesas a España para invadir Portugal. Napoleón aprovechó para ocupar España, lo que provocó el motín de Aranjuez en 1808, la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en Fernando VII. Napoleón los llevó a Bayona, donde logró las «abdicaciones de Bayona». Así, Fernando VII cedió el trono a su padre, este a Napoleón, quien lo entregó a su hermano José Bonaparte. El 2 de mayo de 1808 el pueblo madrileño se levantó contra los franceses.

La Guerra de la Independencia

La Guerra de la Independencia fue un conflicto doble: una lucha contra la invasión napoleónica y una guerra civil entre españoles. Por un lado, estaban los afrancesados, que apoyaban a José I Bonaparte buscando una modernización pacífica del país; por otro, los defensores de Fernando VII, divididos entre liberales y absolutistas. El ejército francés respaldaba a José I, mientras que los rebeldes contaban con la ayuda del ejército inglés y la guerrilla popular. La guerra tuvo tres fases: una primera etapa de éxitos españoles como la victoria en Bailén, una segunda etapa con Napoleón al mando directo y una tercera desde 1812, en la que los rebeldes tomaron la iniciativa aprovechando la debilidad del Imperio napoleónico. En 1813 se firmó el Tratado de Valençay, reconociendo a Fernando VII como rey. Aunque la guerra terminó oficialmente, aún quedaban tropas francesas en España en 1814.

Formación de Juntas y Convocatoria de Cortes

En mayo de 1808, tras la marcha de la familia real a Bayona, surgieron juntas locales en toda España para oponerse a la ocupación francesa. Estas juntas, formadas por nobles y clérigos, asumieron el poder en sus territorios. Luego se organizaron en juntas supremas provinciales. En septiembre, la Junta de Valencia impulsó la creación de la Junta Central Suprema, que se instaló en Aranjuez y asumió el gobierno en ausencia del rey. En 1810, esta Junta transfirió sus poderes a un Consejo de Regencia en Cádiz, la única zona libre del dominio francés. Napoleón impuso a su hermano José I como rey tras las abdicaciones de Bayona, y promulgó la Constitución de Bayona, de carácter autoritario. José I fue mal recibido por los españoles, pese a sus reformas ilustradas. Siempre estuvo bajo la influencia de Napoleón y perdió apoyo por la guerra. Finalmente, abandonó España tras las derrotas de Arapiles y Vitoria.

Las Cortes de Cádiz

Las Cortes de Cádiz, convocadas por la Junta Suprema Central durante la Guerra de Independencia, marcaron el inicio de la revolución liberal en España. En ellas convivieron tres posturas: liberales, jovellanistas moderados y absolutistas. Los liberales lograron que la asamblea se organizara sin estamentos, con voto igual para todos los diputados, aunque sin representación popular real. Se proclamó la soberanía nacional, la división de poderes y se asignó a las Cortes el poder legislativo, con el objetivo de redactar una Constitución. Inspiradas por el liberalismo, defendieron la libertad económica, la igualdad jurídica y un sistema parlamentario. Su labor legislativa incluyó la abolición de derechos feudales, la supresión de la Inquisición, de la Mesta y del Mayorazgo, la libertad de imprenta y la desamortización eclesiástica. La culminación fue la Constitución de 1812, la primera verdaderamente española.

La Constitución de 1812

La Constitución de Cádiz de 1812, conocida como “la Pepa”, fue aprobada el 19 de marzo de ese año y redactada por una comisión presidida por Muñoz Torrero, con gran protagonismo del diputado Argüelles. Representó un compromiso entre liberales y absolutistas, aunque predominó la visión liberal. Establecía la soberanía nacional, reconociendo que el poder residía en la nación representada en las Cortes. El sistema político era una monarquía constitucional con división de poderes: legislativo (Rey y Cortes), ejecutivo (Rey) y judicial (tribunales). Las Cortes eran unicamerales, elegidas por sufragio masculino indirecto. Se reconocían derechos fundamentales como igualdad ante la ley, libertad de imprenta, inviolabilidad del domicilio y educación obligatoria. No se admitía la libertad de culto, estableciéndose el catolicismo como religión oficial. Se impulsó un Estado unitario y centralizado, con provincias y diputaciones. Además, se crearon el ejército nacional y el servicio militar obligatorio. Esta Constitución fue un hito del liberalismo español.

El Siglo XIX: Las Desamortizaciones

Concepto y Antecedentes Históricos

La desamortización española del siglo XIX fue un proceso por el cual el Estado incautó bienes raíces, principalmente de la Iglesia y municipios, para venderlos en pública subasta. Estas propiedades estaban en «manos muertas», es decir, eran inalienables, como los mayorazgos y tierras eclesiásticas. Inspirada en el liberalismo, buscaba transformar la propiedad del Antiguo Régimen, liberar el mercado de tierras y fomentar una clase de pequeños propietarios. Aunque el fenómeno tuvo antecedentes ilustrados como Olavide y Jovellanos, la primera desamortización real fue la de Godoy en 1798, impulsada por Urquijo. José I Bonaparte realizó una incautación temporal de rentas eclesiásticas. Las Cortes de Cádiz decretaron normas en 1813, pero no se aplicaron por el regreso de Fernando VII. El Trienio Liberal retomó estas leyes en 1820, incluyendo bienes de la Inquisición y del clero regular. Así, la desamortización se consolidó como una herramienta clave en las reformas liberales.

Desamortizaciones de Mendizábal

Juan Álvarez Mendizábal fue nombrado presidente del gobierno en 1835 con el objetivo de consolidar el liberalismo frente al carlismo y financiar la guerra carlista. Para ello, impulsó la desamortización eclesiástica mediante el decreto del 19 de febrero de 1836, que nacionalizaba los bienes del clero regular para venderlos y pagar la deuda pública. Esta medida buscaba también debilitar el poder de la Iglesia y crear una nueva clase de propietarios liberales. En 1837 se amplió la desamortización al clero secular, se suprimieron órdenes religiosas femeninas, se abolió el diezmo, el mayorazgo y el señorío. Las tierras se subastaron públicamente, pero fueron adquiridas mayoritariamente por la burguesía, no por el campesinado, lo que frustró la reforma agraria. Además, se permitió el pago con títulos de deuda, beneficiando a especuladores. Aunque se aumentó la tierra cultivada, no se redujo la deuda estatal. La medida provocó la ruptura con la Santa Sede, división social y la pérdida de patrimonio artístico. Aun así, ayudó a consolidar el régimen liberal.

La Desamortización de Madoz (1855)

La Desamortización General de 1855, impulsada por Pascual Madoz durante el Bienio Progresista, supuso la venta en subasta pública de bienes eclesiásticos no vendidos anteriormente, así como propiedades del Estado y municipios. Esta medida buscaba financiar la industrialización, la amortización de la deuda y la expansión del ferrocarril. Aunque se permitió mayor participación de pequeños propietarios que en la desamortización de Mendizábal (1836), la gran beneficiaria fue la alta burguesía. No se logró una reforma agraria ni se mejoró la situación del campesinado, que pasó a formar un proletariado agrícola. Se reforzó la estructura latifundista en el sur y el minifundismo en el norte. La ruptura con la Iglesia fue notable por violar el Concordato de 1851. Muchos edificios religiosos quedaron abandonados o arruinados. También se privatizaron extensas áreas forestales, lo que causó gran deforestación y pérdida de biodiversidad. En total, se transfirió el 20% del territorio nacional entre 1836 y 1856.

La Revolución de 1868

En septiembre de 1868, el almirante Topete inició una sublevación en Cádiz, apoyado por los generales Prim y Serrano. La revolución se extendió rápidamente por España con levantamientos populares y juntas revolucionarias. El gobierno quedó aislado y, tras la derrota de sus tropas en Alcolea, Isabel II partió al exilio. El objetivo principal de Prim y Serrano, el destronamiento de la reina, se cumplió. Los progresistas, unionistas y demócratas moderados querían un cambio político sin alterar el orden social. Temían que la revolución se radicalizara. En cambio, republicanos y sectores populares exigían transformaciones más profundas, incluyendo justicia social y económica. Estos sectores quedaron pronto marginados. La revolución, aunque impulsada por múltiples grupos, fue controlada por las élites moderadas. Así, las aspiraciones populares no se vieron cumplidas. Se impuso un nuevo régimen, pero sin una reforma social real.

El Gobierno Provisional y la Constitución de 1869

En octubre de 1868 se formó un Gobierno Provisional liderado por el general Serrano, compuesto por progresistas y unionistas, excluyendo a los demócratas. Este gobierno impulsó reformas liberales basadas en los principios del liberalismo democrático: libertad de expresión, imprenta y asociación. Se optó por una monarquía parlamentaria, aunque se respetaría la decisión de las futuras Cortes Constituyentes. Las elecciones se realizaron por sufragio universal masculino y la coalición gubernamental obtuvo mayoría, aunque también hubo representación republicana y carlista. La Constitución de 1869, considerada la primera democrática en España, reconocía amplios derechos: sufragio masculino, libertad de culto, pensamiento y asociación. Establecía la soberanía nacional, un poder ejecutivo limitado al rey, y Cortes con amplias competencias. Se garantizaba la independencia judicial y se introducía el juicio por jurado. Aunque consolidó el sistema liberal-democrático, excluyó a republicanos y no mejoró la situación del pueblo trabajador.

La Regencia de Serrano (1869 – 1870)

Tras la aprobación de la Constitución de 1869, el general Serrano fue nombrado regente y el general Prim asumió como jefe de Gobierno. La prioridad era encontrar un nuevo monarca para España, enfrentar a los republicanos, frenar la propaganda carlista, resolver el conflicto independentista en Cuba y mantener la unidad de la coalición gubernamental. Prim estableció dos condiciones para el nuevo rey: debía ser demócrata y no pertenecer a la familia Borbón. Tras descartar a varios candidatos, propuso a Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia. Su candidatura generó divisiones, pero fue finalmente proclamado rey por las Cortes, con una ajustada mayoría. Amadeo representaba un modelo de monarquía democrática y parlamentaria, acorde a los ideales de la revolución de 1868.

La Monarquía de Amadeo de Saboya

El breve reinado de Amadeo de Saboya estuvo marcado por una profunda inestabilidad política y social. Desde su llegada, el asesinato del general Prim, su principal apoyo, debilitó la coalición monárquico-democrática. Esta alianza pronto se fragmentó en dos nuevos partidos: los constitucionalistas de Sagasta y los radicales de Ruiz Zorrilla. La falta de respaldo político se agravó con la oposición de moderados, carlistas, republicanos, Iglesia y burguesía financiera. A nivel social, el movimiento obrero creció con fuerza aprovechando la libertad de asociación. A ello se sumaron dos conflictos armados: la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de los Diez Años en Cuba. La desunión de los partidos que lo sostenían dejó al rey sin apoyos. Finalmente, el 10 de febrero de 1873, Amadeo abdicó y se proclamó la Primera República.

La Primera República

Tras la abdicación de Amadeo I en 1873, las Cortes proclamaron la Primera República, marcada por la inestabilidad y graves conflictos internos. Se sucedieron cuatro presidentes en menos de un año. Estanislao Figueras presidió el primer gobierno, centrado en mantener el orden. Le siguió Pi y Margall, que intentó implantar una República Federal, pero fue desbordado por la radicalización cantonalista. Nicolás Salmerón, tercer presidente, reprimió el movimiento cantonal con el ejército, pero dimitió al negarse a firmar penas de muerte. Emilio Castelar asumió el poder y gobernó con poderes extraordinarios, dando un giro conservador. Al perder el voto de confianza en enero de 1874, el general Pavía dio un golpe de Estado y disolvió las Cortes. La República fracasó por divisiones internas, conflictos bélicos y desórdenes sociales.

El Régimen de la Restauración

El Sistema Político Canovista

Cánovas del Castillo diseñó un sistema político estable inspirado en el modelo inglés, basado en la alternancia de dos grandes partidos y en la legitimidad histórica de la monarquía y las Cortes. Su proyecto se sostenía en tres pilares: el rey y las Cortes como instituciones fundamentales, el bipartidismo como mecanismo de estabilidad, y una Constitución moderada como marco legal. Consideraba que el rey y las Cortes debían ejercer la soberanía conjuntamente. Alfonso XII fue colocado como monarca tras la renuncia de Isabel II, lograda en 1870. El sistema político debía funcionar con dos partidos principales: el Conservador, liderado por Cánovas, y el Liberal, encabezado por Sagasta. El Partido Conservador agrupaba a moderados, católicos y alfonsinos. El Liberal reunía a constitucionalistas, demócratas y republicanos posibilistas. Este sistema excluyó a carlistas y republicanos radicales, buscando evitar la inestabilidad.

La Constitución de 1876

La Constitución de 1876 fue el resultado de las Cortes Constituyentes tras las elecciones y supuso un retorno al moderantismo, inspirada en la de 1845 pero con algunos derechos de la de 1869. Establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Incluía una declaración de derechos genérica, dejando su regulación a leyes ordinarias. El catolicismo era la religión oficial, aunque se permitía la libertad individual de culto, sin manifestaciones públicas de otras religiones. El rey conservaba amplias prerrogativas: poder ejecutivo, libre nombramiento de ministros, sanción de leyes y control sobre las Cortes. Las Cortes eran bicamerales, con poder limitado. El Senado era elitista y conservador. El Congreso era electivo, pero el tipo de sufragio no quedaba fijado en la Constitución. Esto permitía que el partido gobernante eligiera entre sufragio censitario o universal. La ambigüedad del texto permitía gobiernos de diferentes signos políticos. Fue una Constitución flexible y duradera. Consolidó el sistema de la Restauración borbónica en España.

El Funcionamiento Real del Sistema

Durante la Restauración borbónica en España se impuso un sistema bipartidista basado en la alternancia pactada entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, sin que los resultados electorales reflejaran la voluntad popular. Esta práctica, conocida como caciquismo, consistía en amañar las elecciones mediante una red jerárquica: desde la oligarquía en Madrid hasta los caciques locales en pueblos y comarcas. Los gobernadores civiles elaboraban listas de candidatos “encasillados” y coordinaban con los caciques la manipulación del voto. Estos utilizaban amenazas, favores o directamente el fraude (pucherazo) para asegurar los resultados. El Partido Conservador gobernó los primeros años del régimen (1875-1881) consolidando el sistema canovista. Desde 1881, con la llegada del Partido Liberal al poder, se inició el turno pacífico entre Cánovas y Sagasta. El Partido Liberal aplicó reformas importantes como la Ley de Asociaciones y el restablecimiento del sufragio universal masculino en 1890.

Los Excluidos del Sistema

Durante la Restauración, los grandes movimientos sociales, regionalismos y nacionalismos quedaron al margen del sistema político, lo que provocó su debilitamiento. El catalanismo surgió en los años 30 con la Reinaxença y se organizó políticamente con la creación de la Lliga Regionalista en 1910, que pedía autonomía. El nacionalismo vasco nació en 1894 con el PNV, fundado por Sabino Arana, de ideología carlista y conservadora. En Galicia, el regionalismo apareció con O Rexurdimento y la fundación de la Asociación Regionalista Galega en 1889, con menor peso político. El anarquismo fue la ideología dominante del movimiento obrero, rechazaba la vía parlamentaria y empleó a veces la violencia, como en el asesinato de Cánovas del Castillo. En contraposición, el socialismo se organizó en torno al PSOE, fundado por Pablo Iglesias en 1879, y su sindicato, la UGT, nació en 1888. Estos movimientos reflejan la incapacidad del sistema para integrar nuevas demandas sociales y territoriales.

El Reinado de Alfonso XII

Durante el reinado de Alfonso XII se consolidó el sistema político canovista, basado en el turno pacífico entre conservadores y liberales, garantizando estabilidad y fin al intervencionismo militar. Se lograron importantes éxitos como el fin de la Tercera Guerra Carlista (1876) y de la Guerra de los Diez Años en Cuba (1878), gracias a la Paz de El Zanjón. A la muerte de Alfonso XII en 1885, comenzó la Regencia de María Cristina, durante la cual Sagasta impulsó reformas como la Ley de Asociaciones (1887) y el Sufragio Universal masculino (1890). El asesinato de Cánovas (1897) y la pérdida de las últimas colonias en 1898 (Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam) supusieron una grave crisis. El Tratado de París marcó el fin del imperio colonial. A pesar del «Desastre del 98», el sistema político sobrevivió, pero surgió un profundo malestar nacional reflejado en el regeneracionismo y la Generación del 98. En 1902 comenzó el reinado de Alfonso XIII, con nuevos líderes políticos como Maura y Canalejas.

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