EL MARCO HISTÓRICO DE ESPAÑA A LA MUERTE DE FERNANDO VII

En 1833 murió el rey Fernando VII dejando como heredera del trono a una niña, la futura reina Isabel II, bajo la regencia de su madre, María Cristina.
En España, desde que la dinastía borbónica inició su reinado, estaba en vigor la denominada Ley Sálica, de origen francés, que imposibilitaba que una mujer ocupara el trono. Tras la abolición por el rey de la Constitución de 1812, que anulaba dicha ley, ésta volvió a entrar en vigor. El propio Fernando VII, ante la evidencia de que su única heredera era mujer, dictó, en el mismo año que nació la niña, la Pragmática Sanción de 1830, que se apoyaba en una antigua ley castellana y legitimaba la sucesión femenina al trono, permitiendo el reinado de Isabel II y la regencia de su madre María Cristina.
Los grupos políticos carlistas reaccionaron contra la Pragmática fernandina por considerarla una imposición de los liberales. En su empeño por subir al trono al infante Carlos María Isidro, hermano del fallecido rey Fernando VII, provocaron las Guerras Carlistas, en las que se enfrentaban, además de los partidarios de uno u otro pretendiente al trono, los primeros representantes de lo que hoy llamamos partidos políticos, que entonces se englobaban en amplios sectores bastante radicalizados y enfrentados entre sí. Con una ideología liberal, e integrados sobre todo por ciudadanos urbanos de clases medias ilustradas, se formaron los denominados:

• Partido Moderado: apegado a la tradición y, por ello, era partidario de menores cambios en todos los órdenes, ya que estaba formado por:
  
  • Terratenientes,
  • Comerciantes y burgueses, así como
  • Profesionales liberales y jefes del ejército.
• Partido Progresista: más partidarios de reformas de matiz moderno, pretendían una mayor efectividad por parte de los representantes del pueblo, es decir, de las Cortes, integraban:
  
  • Las clases medias y
  • Los artesanos.

El tradicionalismo absolutista tenía sus bases en el ámbito rural, especialmente en el norte de España, en regiones de tradición foral como el País Vasco, Navarra, el Maestrazgo aragonés y Cataluña. De esta manera, lo que en un principio parecía una guerra dinástica, se convirtió en una lucha por el poder entre fuerzas progresistas-liberales y fuerzas tradicionalistas.

LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA DE NÁPOLES (o de Borbón) 1833-1840

La muerte de Fernando VII dejó el poder en manos de su viuda María Cristina de Borbón, que actuaría como regente hasta la mayoría de edad de su hija Isabel. Es posible que la regente hubiera mantenido una línea de reformismo ilustrado, pero el estallido de la guerra civil carlista hizo derivar la situación hacia un liberalismo moderado y posteriormente hacia un liberalismo pleno. Su regencia duró lo que la primera guerra carlista. Esta terminará cuando, ante la división dentro de los carlistas –apostólicos y transaccionistas- y la imposibilidad de derrotar a los cristinos, el general firmó un acuerdo con el que conocemos como el Abrazo de Vergara (1839), según el cual se reconocían los grados y pagas de los militares carlistas y estos podían integrarse en el ejército cristino. Esto no solucionaba ninguna de las reivindicaciones carlistas, de ahí que el carlismo permaneciera como un elemento de oposición latente y volviera a reaparecer en épocas sucesivas.

Los gobiernos de Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa
Nada más hacerse con la regencia, María Cristina buscó apoyos políticos entre los partidarios de realizar pequeñas reformas dentro del absolutismo. Así se hace cargo del gobierno Cea Bermúdez, político liberal moderado y conservador que ya había presidido un gobierno durante la década ominosa. Pero ante la presión de un importante sector del absolutismo que veía la necesidad de una reforma política, pactada y controlada por la corona y que buscaba la colaboración de los sectores más moderados del liberalismo, la regente nombró a un antiguo liberal moderado, recién llegado del exilio, Francisco Martínez de la Rosa. Algunas de las nuevas medidas del nuevo gobierno reflejaron la voluntad de cambiar las estructuras del Antiguo Régimen que seguían vigentes. Se disolvió la jurisdicción gremial y se impuso la libertad de fabricación y comercio.

Otra serie de reformas afectaba a la relación del Estado con la Iglesia. El objetivo de los liberales era limitar el poder de la Iglesia que desde el principio se había mostrado contraria a sus ideas.
En 1834 se proclamó el Estatuto Real, una carta otorgada que olvidaba los cambios que propuso la Constitución de 1812 y establecía un Parlamento bicameral formado por el Estamento de Próceres y el de Procuradores. El primero estaba formado por altos cargos eclesiásticos y de la Administración, nobles y grandes propietarios designados por la reina con carácter vitalicio. El segundo se elegía por sufragio censitario. La iniciativa legislativa quedaba en manos de la Corona y las Cortes sólo tenían funciones consultivas.

Principios generales del Estatuto Real

• Soberanía conjunta, es decir, corresponde a las Cortes con el rey. Este principio será recogido también en las Constituciones moderadas de 1845 y 1876.
• La separación de poderes no es total. Se admite una colaboración de poderes.
• El rey interviene en la función legislativa: convoca las Cortes, las disuelve, tiene iniciativa legislativa y sanciona las leyes, es decir, posee el veto absoluto.
• Las Cortes son bicamerales, con dos estamentos, uno aristocrático (próceres) y otro popular (procuradores del Reino).
• La función estricta de las Cortes es votar cada dos años las contribuciones, pero pueden ser oídas en aquellos asuntos que el monarca someta a su deliberación. Se concede a la Asamblea el tradicional derecho de petición. Las Cortes deben reunirse al menos una vez al año.
• Salvaguardando el principio monárquico, se permite la intervención de las clases adineradas en el gobierno del país.

No se puede decir que el Estatuto sea en sentido pleno una constitución, pues ésta debía ser aprobada por una asamblea constituyente, lo que no había ocurrido en este caso.
Los grupos moderados consideraron este Estatuto como un ensayo útil que podía iniciar al país en las prácticas constitucionales, pero los liberales lo consideraron inadecuado y pobre.

El régimen moderado previsto por el Estatuto Real se frustró ante la virulencia de la guerra civil que asolaba el norte de España. Sin embargo, durante tres años gobernarían con él los gabinetes presididos por Martínez de la Rosa, el Conde de Toreno, Mendizábal y de nuevo Martínez de la Rosa.

EL GOBIERNO DE MENDIZÁBAL

Ante la presión de una buena parte de los liberales que no estaban dispuestos a transigir con este modelo tan restrictivo de gobierno, el descontento del ejército por el retraso de las pagas, la presión carlista y el descontento de gran parte de la población, acrecentado por la epidemia de cólera, Martínez de la Rosa dimite y se hace regresar a España, exiliado en Londres desde 1833, a un importante hombre de negocios vinculado al liberalismo, Juan Álvarez de Méndez, Mendizábal, liberal progresista que inició las siguientes reformas:

• Suprimió la Mesta.
• Creó las diputaciones provinciales que sustituyeron a las Juntas.
• Promulgó el decreto de desamortización eclesiástica.

La regente creía que las reformas estaban yendo demasiado lejos y sustituyó el gobierno de Mendizábal por otro más moderado que frenó el ritmo de la desamortización (mayo de 1836).
Tres meses más tarde, mientras la regente veraneaba en el palacio de La Granja (Segovia), un grupo de sargentos se sublevan y obligan a la regente a aceptar un gobierno radical y retornar a la Constitución de 1812.
El nuevo gobierno será presidido por José María Calatrava, que coloca nuevamente al frente de la cartera de Hacienda a Mendizábal, el cual retomará la desamortización (1836-1837).

Con las desamortizaciones se pretendía mejorar el estado caótico de las finanzas al nacionalizarse primero los bienes del clero y luego venderlos en pública subasta, previa tasación oficial, con dos procedimientos de pago en dinero en efectivo o en títulos de deuda pública.
El enorme traspaso de propiedades debilitó el poder económico de la Iglesia y fundamentó el de la burguesía, principal beneficiaria, al poder diversificar sus rentas mediante la compra de bienes raíces (tierras). El Estado estaba agobiado por las necesidades dinerarias creadas por la primera guerra carlista y la amortización de la gran masa de deuda pública. Por ello, la desamortización aportó beneficios a la hacienda, pero fue perjudicial social y económicamente.

La desamortización ayudó a cimentar socioeconómicamente el régimen liberal de las clases medias urbanas, pero también supuso:

• Un notable fracaso económico, financiero y social para las clases humildes del medio rural, ya que los colonos hubieron de pagar más impuestos.
• Deforestación.
• Aumento de los latifundios, que recibieron las inversiones que deberían haberse producido en la incipiente industria española.
• Deterioro y pérdida del patrimonio artístico y cultural.

En definitiva, las desamortizaciones del siglo XIX no obtuvieron las consecuencias deseadas: no se inició la reforma agraria, la tierra no se redistribuyó equitativamente, los pobres se hicieron más pobres y los ricos más ricos.

LA CONSTITUCIÓN DE 1837

El gobierno dirigido por J. Ma Calatrava convocó elecciones a Cortes Constituyentes para adecuar la Constitución de Cádiz a las necesidades políticas de la época. Las Cortes comenzaron su obra reformadora en 1836 y dieron como resultado una nueva Constitución, aprobada en junio de 1837. Su inspirador principal fue Salustiano Olózaga. Principios generales:

• La soberanía era compartida. Este concepto se expresaba en el preámbulo.
• Declaración de los derechos individuales en los primeros artículos.
• Bicameralismo: cámara baja-Congreso de los Diputados- y cámara alta-Senado-, representación de la nobleza. El Senado tiene carácter electivo.
• Respecto a la religión declara: “La nación española se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica, que profesan los españoles”. Se inicia una cierta tolerancia religiosa.
• Libertad de imprenta.
• El monarca mantiene prácticamente los poderes del Estatuto Real. Posee el poder ejecutivo, tiene capacidad para seleccionar las leyes con veto absoluto y puede disolver las cámaras. También es él quien nombra y cesa a los ministros.

REGENCIA DE ESPARTERO 1840-1843

Cuando los moderados intentaron recortar el poder de los ayuntamientos de la mayoría de las ciudades que contaban con alcaldes progresistas, y al aplicar una Ley Municipal que elevaba el nivel de renta necesario para ejercitar el derecho al voto, provocó el levantamiento en muchas de estas ciudades. Durante 1840 se organizaron juntas revolucionarias en las principales ciudades. La regente trató de recurrir al general Espartero, pero este, conocedor de la situación de las ciudades, se negó a emplear el ejército contra los ayuntamientos progresistas. Las juntas aclamaron a Espartero para que anulase la Ley Municipal y pidieron la destitución de María Cristina. La regente decidió renunciar, convirtiéndose Espartero en el presidente del Consejo de Regencia.

Nombrado presidente del Consejo de Regencia, Espartero ejerció el poder en exclusiva, permitiendo la conclusión de las reformas iniciadas por Mendizábal en 1836. La desamortización de los bienes del clero regular (conventos y monasterios) iba a completarse con la de septiembre de 1841, que afectó a inmuebles y tierras que el clero secular (sacerdotes de las parroquias, catedrales) poseía en las ciudades. La nacionalización y posterior venta de los inmuebles eclesiásticos posibilitaron el enriquecimiento de los grupos financieros e inmobiliarios y contribuyó a la remodelación del espacio urbano.

A medida que Espartero imponía una política personalista en el gobierno, se fueron sucediendo los levantamientos. En octubre de 1841 fracasó una conspiración de los ejércitos del norte, en la que participaron los generales moderados O’Donnell y Narváez, los cuales contaron con el apoyo de navarros y vascos. Esto hizo que Espartero, tras fusilar a algunos conspiradores, suprimiera el régimen foral de Navarra y desarticulara los fueros vascos (pero estas medidas no pudieron hacerse efectivas en la práctica).

A finales de 1842 estalló una rebelión en Barcelona que tardó dos meses en ser dominada, tras el bombardeo desde el mar. En esta sublevación participaron tanto los patronos catalanes, descontentos por la implantación de una política librecambista que perjudicaba a la incipiente industria textil catalana, como los obreros descontentos por la supresión de las asociaciones obreras y la abolición de los arrendamientos urbanos protegidos. La rebelión de Barcelona encontró eco en otras ciudades como Valencia y Sevilla.

Mientras las Cortes pretendían ejercer el derecho de control parlamentario sobre los ministros, lo que les valió la disolución por parte de Espartero. Aprovechando este clima de confusión, algunos generales moderados vuelven del exilio; el general Narváez desembarca en Valencia (junio de 1843) y se dirige a Madrid. Espartero, que se había dirigido a Andalucía para sofocar la sublevación, terminará saliendo del país en un barco inglés. Ahora Narváez asumirá el poder e inaugurará una década de dominio del liberalismo moderado. La reina Isabel II, apenas una adolescente, fue declarada mayor de edad y elevada al trono (1843).

EL GOBIERNO LIBERAL MODERADO BAJO EL REINADO DE ISABEL II

En 1843 comenzaba la Década Moderada (1844-1854) que alcanzó hasta el inicio del Bienio Liberal (1854-1856). La coalición en el poder rechazó los extremismos y se inclinó por una vía media, moderada, que intentaba conjugar los principios de relativa libertad con los de relativa autoridad. Fueron años de paz en los que el país progresa. Obras de esta etapa fueron:

• Reajuste de la Hacienda y de los tributos.
• El establecimiento del Banco de España.
• El asentamiento de la Administración provincial.
• La ley de Instrucción Pública (Ley Moyano de 1857).
• Creación de la Guardia Civil en 1844 por el Duque de Ahumada.
• En el terreno económico, se inició el equipamiento industrial moderno, se tendió la red de ferrocarriles y se desarrollaron las actividades financieras apoyadas en el triángulo económico-político del país: la industria textil catalana, la siderurgia andaluza, asturiana y vasca y la agricultura castellana.
• Se logró el acuerdo con la Iglesia, a pesar de las desamortizaciones, firmando el Concordato de 1851.

En este periodo hay que destacar también la redacción de una nueva Constitución moderada en 1845, la reacción progresista durante el bienio de 1854 a 1856, con su Constitución non nata, la formación del partido de O’Donnell de la Unión Liberal y el comienzo de la Guerra de África.

El 7 de julio de 1854, Cánovas redactó el manifiesto de Manzanares, donde se solicita la suspensión de la camarilla que rodeaba a la reina, la rebaja de impuestos, la descentralización, la convocatoria de las Cortes y una ley electoral de imprenta.

LA CONSTITUCIÓN DE 1845

Los moderados habían llegado al poder mediante un levantamiento armado contra Espartero, que fue apoyado por los progresistas disconformes con el regente. Antes de reunir las nuevas Cortes, el Gobierno disolvió totalmente el Senado y proclamó la mayoría de edad de la reina sin atender al plazo fijado por la Constitución (comenzando su reinado a la edad de trece años).
Las nuevas Cortes se reunieron en octubre de 1854, con una mayoría moderada, algunos monárquicos reivindicaban la vuelta al Estatuto de 1834 y algunos carlistas. En el discurso de apertura de las Cortes, la reina se refirió ya a la necesidad de reformar la Constitución de 1837, e inmediatamente se formó una comisión bajo la dirección de Donoso Cortés. Esta Constitución impuso la ideología, las instituciones y el orden de los moderados. Principios generales:

• La soberanía es concebida como conjunta: las Cortes con el Rey. Este principio fue una constante en las Constituciones moderadas.
• Se robustece la autoridad del rey. Subsiste el veto regio, convoca las Cámaras y designa a los componentes del Senado. Se suprime el control parlamentario de la Hacienda. Se anulan también las prohibiciones al rey de ausentarse del reino y de contraer matrimonio sin consentimiento de las Cortes.
• El Senado se organiza como Cámara aristocrática de designación regia entre los individuos que reúnen determinadas condiciones económicas y nobiliarias.
• El sufragio es de carácter restringido. Se eleva el censo electoral a 400 reales de impuestos indirectos.
• Se eleva el tiempo de mandato del Congreso de 3 a 5 años.
• La religión de la nación española es la católica, apostólica romana, aunque no se prohíbe el ejercicio de otra religión.
• Desaparece la Milicia Nacional por ser considerada una creación progresista.
• Se modifica la legislación sobre ayuntamientos, considerada excesivamente liberal: se elige a los concejales pero no a los alcaldes.

Posteriormente, Bravo Murillo, en 1852, propugnó una reforma constitucional más moderada y autoritaria. Este intento despertó una gran oposición liberal y de algunos moderados. Estos obligaron a Bravo Murillo a renunciar a la reforma constitucional y a presentar su dimisión.

Valoración y desarrollo
Esta Constitución supuso un giro antidemocrático, pues mantiene una concepción política análoga a la que inspiró el Estatuto Real. En los grupos progresistas provocó un replanteamiento de su línea de acción confiando en la revolución como único medio de quitar los obstáculos tradicionales.

Este régimen moderado se consolidó porque concedió a la oligarquía agraria y financiera las riendas del poder, y permitió a la burguesía una acumulación de capital, gracias a la regulación del orden público y a la represión del naciente movimiento obrero.

La Constitución non nata de 1856

La actitud autoritaria y represiva de los gobiernos moderados fue causa de protestas de los sectores liberales, que terminaron con un nuevo pronunciamiento progresista. Éste estuvo dirigido por O’Donnell y se plasmó en un enfrentamiento de tropas en Vicálvaro, cerca de Madrid, en junio de 1854 –la Vicalvarada-. Todo ello desembocó en levantamientos liberales y populares en diversos puntos del país. El Gobierno, incapaz de controlar la situación, dimitió, e Isabel II, temiendo que la revolución afectara al trono, llamó para formar gobierno al general Espartero, al que se incorporaron también el general O’Donnell y un grupo de liberales próximos a éste. Se convocaron Cortes Constituyentes en enero de 1855 y el texto constitucional fue preparado para el año siguiente. Aunque la Constitución no llegó a estar vigente, su interés estribaba en recoger en un texto coherente los principios políticos del progresismo español.

EL FINAL DEL REINADO DE ISABEL II

Los últimos años del reinado de Isabel II se caracterizaron por la ruptura del consenso político existente, al introducirse en la vida política los partidos progresistas y demócratas y demostrarse la ineficacia de los gobiernos ante las crisis que se planteaban. Estas crisis tendrían una doble naturaleza, por un lado política y por otro, económico-social. En 1864, el general Prim se levantó en Villarejo de Salvanés, Madrid, con dos regimientos de caballería. El intento fracasó y el general huyó a Portugal. Poco después se intentó derrocar al gobierno mediante el levantamiento de los sargentos en el cuartel de San Gil de Madrid. El resultado fue el fusilamiento de 66 personas (sargentos, cabos, soldados y paisanos) y el exilio de los principales líderes del Partido Progresista.

Los sucesos aceleraron la caída de O’Donnell, sustituido en la presidencia del Consejo de Ministros por Narváez, que asumió el poder de manera dictatorial con el fin de contener a las fuerzas políticas coligadas contra la reina. Esto llevó a la monarquía a recuperar principios absolutistas propios del Antiguo Régimen, lo que aceleró la caída de Isabel II. En este contexto surgieron problemas de tipo económico, social, monetario… que provocaron revueltas campesinas, desórdenes militares y protestas estudiantiles.

Todo hacía pensar en un golpe de Estado que produciría un cambio de sistema político. En agosto de 1866 se reúnen demócratas y progresistas y llegan al Pacto de Ostende (Bélgica), por el que se comprometen a derrocar a Isabel II, tras lo cual se elegiría por sufragio universal masculino, una asamblea constituyente que decidiría sobre la forma de gobierno, monarquía o república. Los unionistas, con el general Serrano, se adhieren en 1867 al pacto, sí bien con la condición del respeto por la monarquía.

DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ

En 1855, durante la etapa del Bienio Progresista, del reinado de Isabel II, se reanudó el proceso desamortizador, esta vez de la mano de Pascual Madoz. Además de las propiedades eclesiásticas, nacionalizó y vendió bienes de uso y de propiedad común, lo que agravó la situación de municipios y agricultores, ya que los ayuntamientos obtenían sus ingresos del alquiler de los bienes municipales y los pastos y bosques comunales eran una fuente de recursos para los campesinos. Esta desamortización, que estuvo en vigor hasta finales de siglo, también supuso un aumento de la tensión en las relaciones con la Santa Sede, ya que suponía la violación del Concordato firmado en 1851, ante la paulatina liquidación del patrimonio de la Iglesia.

Objetivos de la desamortización:

• Adaptar la propiedad agraria a los principios del liberalismo y asegurar una propiedad individual y libre, que pudiera ser comprada y vendida.
• Remediar el déficit crónico de la Hacienda Pública.
• Obtener fondos para sufragar gastos de guerra, equilibrar el presupuesto estatal y subvencionar obras públicas.
• Fortalecer las bases sociales del régimen liberal al ampliar el número de propietarios como resultado de la venta de los bienes desamortizados.

Consecuencias:

• La deuda pública del Estado no desapareció.
• Aunque dio lugar a un aumento del número de propietarios agrarios, no evitó que las tierras continuaran en manos de la nobleza o que pasaran a un reducido grupo de la alta burguesía, puesto que eran las únicas clases sociales con capacidad económica para invertir. Por lo que, en la práctica, se creó un neolatifundismo burgués.
• En muchas zonas, especialmente en Andalucía, se consolidó el latifundismo, dando lugar al afianzamiento de la oligarquía agraria y a la proletarización del campesinado (aumento de los jornaleros).
• Desvío hacia el mundo agrario de importantes sumas de capital que podían haber sido empleados en la industrialización.
• Desde el punto de vista político, la desamortización tendría como consecuencia la consolidación del régimen liberal.
• También tuvo consecuencias en el terreno urbanístico, cultural y religioso. En las ciudades, los conventos se convirtieron en cuarteles o edificios públicos o fueron derribados para remodelar el espacio urbano. Todo esto también supuso la dispersión del patrimonio mueble (obras de arte, archivos, etc.).

LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1840)

Después de los sucesos de La Granja de 1832, Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, se exilió en Portugal. Tras la muerte de Fernando VII, difundió el manifiesto de Abrantes, en el que reclamó sus derechos al trono y se proclamó rey de España como Carlos V.
El movimiento carlista mantenía una defensa a ultranza del absolutismo monárquico. Su principal apoyo provenía fundamentalmente del campesinado rural del País Vasco y Navarra.
Sus principales aspiraciones de instaurar una monarquía absolutista, católica y tradicional quedaron recogidas en el himno carlista, la marcha de Oriamendi.
El carlismo contó con el apoyo del Miguelismo en Portugal; por otro lado, Portugal, Reino Unido y Francia secundaron a Isabel II, lo que se materializó en el tratado de la cuádruple alianza.
Entre las filas de Carlos, los carlistas contaron con militares como Tomás de Zumalacárregui, Miguel Gómez o el general Ramón Cabrera.

UNIÓN LIBERAL

La Unión Liberal se fundó en 1858 por Leopoldo O’Donnell como alternativa de gobierno frente a los moderados y progresistas. En este sentido, se trataba de un partido de centro que pretendía atraerse al ala más conservadora del partido progresista y al ala más liberal del partido moderado. Su principal apoyo social procedía de las clases medias.
Su principal objetivo fue garantizar la estabilidad social y política reprimiendo cualquier intento de insurrección o pronunciamiento, al tiempo que efectuaba una activa política exterior. Defendieron la soberanía compartida entre el monarca y las Cortes. Asimismo, la Unión Liberal siempre se inclinó por una política económica de fuertes inversiones públicas.

DEL SEXENIO REVOLUCIONARIO A LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA

LA “GLORIOSA” Y FORMACIÓN DEL GOBIERNO PROVISIONAL (1868-1871)

Además del destronamiento de Isabel II, la consecuencia de la revolución de 1868 es que se abre un período de seis años de inestabilidad que la historia conoce como el sexenio revolucionario. Algún libro lo ha empezado a denominar «sexenio democrático», pero de democrático no tiene más que el sufragio universal masculino para mayores de 25 años, que hizo pasar el electorado del 2,67% al 25% de la población, que desembocará en la abstención del 60% y que, como era habitual, se verá manipulado y falseado, en este caso por los militares golpistas de la Gloriosa.
En el sexenio revolucionario, se irán hundiendo toda clase de formas de Estado, no sólo infinidad de gobiernos.
Aquellas discrepancias surgidas entre Isabel II y O’Donnell llevaron a la dimisión de éste como jefe de gobierno y a la ruptura de relaciones entre ambos. Es cuando O’Donnell se expatrió y asumió el poder una vez más Ramón María Narváez; pero su muerte, ocurrida en 1868, dejó a la Corona española sumida en una profunda crisis. González Bravo presidió el Gobierno hasta mediados de septiembre de 1868, adoptando medidas de represión y desterrando políticos y generales sospechosos. Se produjo un nuevo pronunciamiento protagonizado por el ejército, que se convierte otra vez en instrumento del cambio político. La Armada, al mando del almirante Topete, se sublevó en Cádiz y contó rápidamente con el apoyo de los generales Serrano, Prim y Dulce. Las revueltas se extendieron por el país. En algunas ciudades como Cádiz y Málaga, especialmente afectadas por la crisis económica, se organizaron juntas radicales y la lucha alcanzó gran crudeza.

La derrota de las tropas fieles a Isabel II en el Puente de Alcolea (Córdoba) obligó a la reina a exiliarse a Francia. A pesar del triunfo de la revolución, las sublevaciones continuaron y, a lo largo de 1869, siguieron en el sur (Sevilla, Granada, Cádiz) los levantamientos demócratas adoptaron el ideal federalista. Esta revolución de 1868 fue un nuevo intento de la burguesía y de buena parte del pueblo de instaurar un sistema democrático. Llamada «la Gloriosa», según sus artífices, supuso una nueva revolución liberal basada en el golpismo militar.

Estos principios se recogieron en la Constitución de 1869, que hacía de España una monarquía constitucional con un sistema bicameral y establecía claramente la división de poderes. Además, se reconocieron los derechos de los ciudadanos. Aprobada la Constitución y estabilizada la situación política, Serrano fue nombrado regente, en ausencia de un rey; Prim, jefe de gobierno, el objetivo de ambos fue abordar los problemas urgentes, como la búsqueda de un candidato para el trono y la solución a la insurrección independentista que se había iniciado en 1868 en Cuba. Pronto tuvieron que ocuparse de las sublevaciones promovidas por los republicanos desengañados por la falta de soluciones para la cuestión social y por la decisión del gobierno de defender el régimen monárquico.

LA CONSTITUCIÓN DE 1869

PRINCIPIOS GENERALES

• En el título 1º se desarrolla la más explícita, amplia y cuidada declaración de derechos humanos garantizados hasta entonces por nuestro derecho constitucional.
• Más amplia autonomía local.
• Sigue vigente la monarquía hereditaria, democrática y parlamentaria, sobre la base de un reconocimiento expreso de la soberanía nacional.
• Delimitación estricta de los poderes del monarca. Al rey corresponde la sanción y promulgación de las leyes. Sistema bicameral, con Senado electivo (cuatro senadores por provincia) y Congreso, con plena potestad legislativa. Un diputado por cada 40.000 habitantes y tres años de mandato.
• Los ministros son responsables ante el Parlamento, aunque son nombrados por el Rey.

EL REINADO DE AMADEO I (1871-1873)

El problema de quién debía de ocupar el trono de España se convirtió en una cuestión internacional que retrasó aún más el periodo de provisionalidad del gobierno y permitió que, a pesar de los esfuerzos de Prim, la oposición de republicanos y carlistas fuera creciendo.
El candidato considerado idóneo fue el hijo de Victor Manuel II, rey de Italia, Amadeo de Saboya. En principio cumplía todos los requisitos: pertenecía a una casa real con tradición liberal, era católico y su elección no inquietaba a Francia ni a Prusia, las dos potencias continentales europeas que se encontraban enfrentadas. Las Cortes le nombraron rey el 16 de noviembre de 1870 por un escaso margen de votos, 191 contra 120. Prim, el principal valedor del rey, fue asesinado tres días antes de la llegada de Amadeo I.

El rey juró la Constitución y se mostró dispuesto a cumplir con el papel de rey constitucional. Sin embargo, la división entre las fuerzas políticas hizo imposible mantener la estabilidad. Los gobiernos se sucedieron rápidamente entre los constitucionales de Sagasta, los radicales de Ruiz Zorrilla y el grupo de viejos unionistas de Serrano. A los anteriores se sumó la oposición de los republicanos, así como la de los partidarios de que el trono fuera ocupado por el príncipe Alfonso, hijo de Isabel II. Agravaba la situación un evidente descontento económico y social que justificó la sublevación de los monárquicos, en ocasiones antiguos carlistas, en 1872. En 1873, Amadeo de Saboya regresaba a Italia tras presentar su Acta de Abdicación de la Corona. Congreso y Senado, en sesión conjunta, proclamaron la Primera República por 285 votos contra 32.

LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874)

A lo largo de sus once meses de vida, la Primera República intentó, sin éxito, consolidar el sistema iniciado en 1868. Desde el primer momento, el nuevo régimen se vio obligado a enfrentarse a graves problemas que provocaron su inestabilidad y precipitarían su fracaso:

1. La división interna entre los republicanos en: unitarios y federalistas (considerados como los más revolucionarios), subdivididos en:
   • «benévolos», partidarios de implantar el sistema republicano federal desde las Cortes,
   • «intransigentes», partidarios de implantarlo mediante la insurrección.
2. Insubordinaciones separatistas.
3. La guerra carlista.
4. La guerra de Cuba.
5. El cantonalismo.

A este contexto habría que añadir el escaso apoyo popular y la falta de convicciones republicanas entre la clase política. La Hacienda Pública estaba arruinada tras los gastos de las permanentes revoluciones y de los intentos de mantener unas colonias que luchaban por su independencia. La corta duración de los mandatos presidenciales de la República da una idea del clima de confusión en que se desarrolló, sucediéndose cuatro presidentes en ocho meses.

La preocupación de Estanislao Figueras, primer presidente, fue convocar elecciones para Cortes Constituyentes que definieran la nueva situación, hubo un 60% de abstención. Las Cortes Constituyentes proclamaron la república federal y ocho días después, el 9 de junio, eligieron como presidente a Pi y Margall, también catalán y partidario del federalismo. Figueras huyó a Francia. El proyecto de Constitución que Pi y Margall presentó a las Cortes convertía a España en una República federal que proclamaba como de diecisiete estados a las regiones, pero no pudo aprobarse, ya que la insurrección cantonal obligó a suspender las Cortes y Pi tuvo que dimitir.

La proclamación del Estat Català, que Figueras sólo pudo revocar aceptando la disolución del ejército en Cataluña. La República experimentó un giro hacia posturas algo más conservadoras, bajo la presidencia del almeriense Nicolás Salmerón, porque se mostró dispuesto a terminar con la resistencia cantonal. Tras la dimisión de Salmerón (por negarse a firmar sentencias de muerte para disciplinar el ejército), Emilio Castelar, el más famoso republicano, practicó una política dictatorial encaminada igualmente a asegurar el orden público y la unidad. El problema cantonal, que había convertido en estados independientes a localidades como Sanlúcar de Barrameda, Granada o Málaga -enfrentadas a la República y, en algunos casos, incluso entre sí- terminó con la rendición de la belicosa Cartagena, que tenía flota. La República tuvo también que atender el problema cubano y la guerra carlista.

Cuando las Cortes se reunieron de nuevo el 3 de enero de 1874, se produjo la intervención militar del general Pavía, quien irrumpió en el Congreso y disolvió la Asamblea. El general Serrano comenzó el cuarto ensayo político que tuvo como objetivos: restablecer el orden público, controlar a los carlistas y seguir con la guerra de Cuba. Con el apoyo del ejército, mantuvo durante todo el año 1874 una República unitaria, conservadora y presidencialista.

El régimen tenía los días contados por su propia provisionalidad, y el partido alfonsino, intentando impedir un temido triunfo del carlismo ante el desprestigio del liberalismo bajo la república, acabó asegurando la restauración de los borbones como solución estabilizadora, después del levantamiento del general Martínez Campos en Sagunto el 29 de diciembre de 1874. Al final, pues, es también un pronunciamiento militar, la “Saguntada”, lo que corta la situación y da paso a la Restauración.

De esta forma, el general se adelantaría al calculado procedimiento político diseñado por Cánovas, que nunca quiso que Alfonso de Borbón fuese proclamado tras un levantamiento militar; de hecho, Cánovas terminaría consiguiendo por primera vez el predominio del civilismo sobre el militarismo, cuestión de la que estaba convencido, por entender que es el poder civil el que procede de la voluntad popular.

Por tanto, con la actividad del malagueño Antonio Cánovas del Castillo y el pronunciamiento de Sagunto del general Martínez Campos, se restableció la monarquía en la persona del hijo de la impopular Isabel II, que subiría al trono como Alfonso XII y que sí respondería a las expectativas y responsabilidades que en él se depositaban.

Es la vuelta al punto de partida, gastadas y fracasadas todas las formas de Estado de la revolución liberal: monarquía liberal, gobierno provisional, regencias, monarquía demócrata-liberal, república unitaria, república federal, interinidad y otra vez monarquía liberal.

Los seis años y tres meses que transcurren entre septiembre de 1868 y diciembre de 1874 son, sin duda alguna, los que encierran los lances más variados de la Edad Contemporánea en España. En este lapso se suceden una revolución, un destronamiento, un régimen provisional, una regencia, una monarquía democrática, una abdicación, una república unitaria, una república federal, una insurrección en Cuba, dos guerras civiles distintas y simultáneas en la Península, un golpe de Estado, otro régimen provisional, un nuevo intento de regencia y, finalmente, la restauración de la monarquía derribada en un principio. Todo ello en un plazo de seis años.

SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN

FUNDAMENTOS DOCTRINALES, FUNCIONAMIENTO Y BASES SOCIALES E INSTITUCIONALES. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1876. EL REGENERACIONISMO

La Restauración Borbónica
En diciembre de 1874, el general Martínez Campos proclamó rey de España a Alfonso XII mediante un pronunciamiento en Sagunto. Pero, en realidad, la Restauración monárquica no fue una asonada militar, sino que se había gestado cuidadosamente durante el sexenio revolucionario, cuando Antonio Cánovas del Castillo se puso al frente del Partido Alfonsino, y recibió, en 1873, plenos poderes de Isabel II para preparar la vuelta al trono de su hijo.
Su proyecto consistía en aprovechar el descontento político generalizado para conseguir apoyos a la causa alfonsina, tanto desde las filas conservadoras como desde las republicanas, para que la Restauración fuese proclamada por un amplio sector de la opinión pública.
Cánovas, que consideraba la monarquía y el sistema parlamentario británico como modelos, ya había aconsejado una educación británica para el príncipe Alfonso, que fue enviado a la academia militar de Sandhurst.
Desde allí, y después del pronunciamiento militar de 1874, Alfonso XII firmó un manifiesto, redactado por el propio Cánovas, que afirmaba que la monarquía era la única salida para cerrar la crisis del periodo revolucionario y donde se apuntaban las líneas fundamentales de lo que iba a ser el sistema de la Restauración. El nuevo régimen se vio reconocido rápidamente por las potencias extranjeras, incluida la Santa Sede.

La entrada de Alfonso XII en España dio comienzo a una larga etapa de estabilidad política basada en un sistema político que combinaba los principios conservadores de orden, propiedad y monarquía con las novedades institucionales del sistema liberal.

LAS BASES DEL SISTEMA

Cánovas fue quien sentó las bases institucionales y jurídicas del sistema, alejando los peligros que habían provocado el fracaso del periodo isabelino. Consiguió apartar al ejército del poder político y pacificar el país, además de conseguir la estabilidad política integrando las diferentes concepciones liberales en un proyecto común, sobre la base de la monarquía. Esto se plasmó en la organización de un sistema bipartidista y en la aprobación de una Constitución lo suficientemente flexible para adaptarse a los programas de los dos partidos dinásticos, mayoritarios.

Para construir un nuevo régimen era necesario pacificar el país. En 1876 se consiguió finalizar la tercera guerra carlista que, desde 1872, se libraba en País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo. La guerra tuvo un gran coste humano y financiero y supuso la abolición de los fueros vascos y navarros. Por otra parte, en 1878 se firmó la Paz de Zanjón, que puso fin a la insurrección cubana de 1868. Se concedió una autonomía administrativa a Cuba, aunque no respondió a las expectativas y no cerró definitivamente el conflicto.

EL BIPARTIDISMO

Los partidos políticos leales a la Corona, llamados partidos dinásticos, eran el Partido Conservador y el Partido Liberal. Estos dos partidos fueron los que se turnaron en el poder, mientras el resto de las formaciones quedaron excluidas del juego político.
El Partido Conservador, liderado por el malagueño Antonio Cánovas del Castillo, era el heredero del moderantismo, el unionismo y parte del progresismo de la época isabelina. Representaba también los intereses de la burguesía latifundista y financiera de los grupos residuales del Antiguo Régimen.

El Partido Liberal, liderado por Práxedes Mateo Sagasta, integraba a demócratas, radicales y algunos republicanos moderados. Pretendía incorporar a la Restauración los aspectos menos radicales de la revolución de 1868. Representaba los intereses de los profesionales liberales, de la burguesía industrial y comercial y de los funcionarios.
Las diferencias ideológicas y políticas entre ambos partidos eran mínimas: los liberales más preocupados por las reformas sociales y por la educación; y los conservadores más autoritarios y defensores del orden y de los valores.

CONSTITUCIÓN DE 1876

Para legitimar la monarquía parlamentaria era necesaria una Constitución que regulase y garantizase el nuevo régimen. Se convocaron elecciones, con sufragio universal masculino, para formar unas Cortes Constituyentes que deberían redactar y aprobar un nuevo texto constitucional. La manipulación de las elecciones por parte del gobierno permitió a los conservadores redactar una constitución favorable a sus intereses que fue, no obstante, rápidamente suscrita por los liberales, ya que les daría acceso al gobierno mediante el sistema pactado del turnismo político de partidos.

La Constitución establecía que:

• La soberanía era compartida entre las Cortes y la Corona.
• La figura del rey era inviolable. Al soberano correspondía el poder ejecutivo – que ejercía a través del Gobierno, a cuyo presidente nombraba y destituía- y la iniciativa legislativa, con derecho de veto sobre el parlamento.
• Las Cortes eran bicamerales, con un Senado que garantizaba el control del poder legislativo por las minorías privilegiadas.
• Se reconocían los derechos y libertades individuales, aunque su regulación se remitía a leyes posteriores.
• El Estado era confesional, pues se reconocía el catolicismo como religión oficial, pero admitiendo otras confesiones religiosas minoritarias. Ante la presión de la jerarquía eclesiástica, se permitió a la Iglesia ejercer el control de la educación y la enseñanza.

TURNISMO POLÍTICO Y FRAUDE ELECTORAL

El sistema ideado por Cánovas basaba su funcionamiento en el turno pacífico de los dos grandes partidos dinásticos, sin recurrir a los pronunciamientos militares, a lo que accedieron los liberales de Sagasta. Sin embargo, para garantizar el turno se recurría al fraude electoral.
Los caciques locales eran utilizados por los partidos para que garantizasen la obtención de la mayoría necesaria para gobernar, al margen del electorado. Para ello recurrían a la compra de votos o la coacción.

El caciquismo arraigó intensamente en Andalucía, básicamente en el ámbito rural, a causa de las altas cotas de analfabetismo de la población y del dominio del mercado de trabajo por parte de los terratenientes, es decir, de los caciques.
El mecanismo de turno era el siguiente: periódicamente y de forma pactada, el rey encargaba la formación de un nuevo gobierno al partido que le tocaba gobernar. Éste confeccionaba el “encasillado” o listas de diputados; el encasillado se entregaba a los gobernadores civiles para que lo impusieran en la provincia y los ayuntamientos a través del cacique local; para ello se manipulaban los censos electorales, se coaccionaba el voto y, si eso no bastaba, se cambiaban los resultados en las actas.
Las listas de diputados estaban formadas por miembros de la alta burguesía y la aristocracia, que constituían una verdadera oligarquía.
El fraude electoral fue una práctica habitual de los dos partidos durante el periodo de la Restauración, incluso cuando se introdujo el sufragio universal en 1890. Solo en los núcleos urbanos más importantes se hizo cada vez más difícil el control caciquil de la convocatoria electoral.

Este sistema se consolidó porque favorecía la estabilidad política. Sin embargo, las clases medias y las capas populares no se sintieron representadas, por lo que se distanciaron de los asuntos políticos.

REINADO DE ALFONSO XII (1875-1885)

A diferencia de épocas anteriores, una de las características del reinado de Alfonso XII fue la no interferencia del monarca en la actividad política.
El Partido Conservador fue el que llevó a cabo la labor de pacificación militar y la redacción de la Constitución de 1876. Su gobierno se caracterizó por la aprobación de medidas restrictivas orientadas a intensificar el control del Estado y a centralizarlo administrativamente.

Las medidas restrictivas afectaron a la libertad de cátedra, de expresión y al voto.
La centralización administrativa se hizo patente en la abolición de los fueros vascos y en el afán codificador que permitiera aplicar un mismo cuerpo de leyes a todo el territorio español.
Entre 1881 y 1883 subió al poder el Partido Liberal de Sagasta, con lo que se iniciaba el turnismo de los partidos dinásticos. Restableció la libertad de cátedra y de expresión y la de asociación y reunión. También se formó una comisión de reformas sociales para estudiar la situación de las clases trabajadoras.

REGENCIA DE MARÍA CRISTINA (1885-1902)

En 1885, el rey Alfonso XII murió prematuramente y su esposa, la reina María Cristina de Habsburgo, se hizo cargo de la regencia con el apoyo de los partidos dinásticos. Estos firmaron el Pacto del Pardo por el que se comprometían a mantener la monarquía y a respetar el turno pacífico de partidos en el poder.
La regente otorgó el poder a los liberales que, presididos por Sagasta, gobernaron el país entre 1885 y 1890. El llamado “Parlamento Largo” llevó a cabo la liberalización del régimen desarrollando el programa de reformas más avanzado del período y consolidando el sistema.
Se aprobaron el Código de Comercio (1885) y el Código Civil (1889). Respecto al reformismo social, se aprobó la Ley de Asociaciones (1887); se instauraron los juicios con jurado y se abolió la esclavitud en Cuba. En 1890 se aprobó el sufragio universal masculino.

La vuelta de los conservadores al poder en los años noventa supuso el retorno a una política económica más proteccionista.

LA CRISIS DEL 98 Y EL REGENERACIONISMO

La pérdida de los restos del imperio colonial no produjo una profunda crisis económica, ni tampoco grandes cambios políticos.
En primer lugar, la repatriación de capitales al terminar el conflicto supuso una reactivación económica para España, sobre todo de la industria. En segundo lugar, nadie asumió las responsabilidades de la derrota y se intensificó el recelo del ejército contra el poder civil, al que se culpó del desastre. Pero no se cambió el sistema político, tampoco la imagen de la monarquía salió perjudicada.

De hecho, la crisis de valores y el cuestionamiento del sistema de la Restauración se habían iniciado antes de 1898, aunque exclusivamente en círculos intelectuales. La derrota colonial solo sirvió para que la crítica sociopolítica se extendiera a un sector más amplio de la sociedad.

A pesar de todo, la reflexión sobre los hechos del 98 se limitó al ámbito intelectual, donde surgió un sentimiento de crisis de la conciencia nacional y se meditó sobre el papel de España en la historia y su relación con la Europa industrializada. Este fenómeno se reflejó en una producción literaria y artística representada por la generación del 98.

La corriente de pensamiento que cuestionó los valores y el sistema político del fin de siglo español fue el regeneracionismo. Su figura más destacada fue Joaquín Costa, cuya obra más conocida, Oligarquía y caciquismo, caracterizó la situación política de España y denunció la incultura, la decadencia de la oligarquía y el atraso español. Proponía:

• Incentivar la educación,
• La europeización (como sinónimo de modernización),
• La descentralización,
• Una política que activase las obras hidráulicas y la agricultura.

Para ello era necesaria la movilización de las clases medias (las llamadas masas neutras), alejadas de la inactividad de la oligarquía y del movimiento obrero revolucionario, conducidas por un líder fuerte (cirujano de hierro).
El regeneracionismo influyó en la actividad política española del primer tercio del siglo XX, ya que apareció como una corriente crítica tanto dentro del sistema, representada por los liberales y conservadores, como fuera de él, desde posiciones nacionalistas y antimonárquicas.

Pero, en realidad, las diversas corrientes regeneracionistas tuvieron poca efectividad práctica. Los intelectuales no supieron encauzar políticamente sus planteamientos reformistas, y los políticos elaboraron proyectos que fueron rechazados por el bloque dominante y, además, nunca aglutinaron un amplio movimiento social en torno a ellos.

FUERZAS DE OPOSICIÓN AL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN

EL REPUBLICANISMO Y SUS FORMULACIONES. LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y CAMPESINAS. REGIONALISMOS Y NACIONALISMOS

El planteamiento de la Restauración era incompatible con muy variados sectores del mundo político y social: sectores de las clases populares urbana y rural, así como con la orientación del naciente obrerismo industrial; es decir, clases medias y determinados círculos intelectuales.
La oposición al régimen de la Restauración fue ejercida por actores políticos ya existentes, aunque sin fuerza parlamentaria: desde la derecha, el carlismo; desde la izquierda, los distintos grupos republicanos. Pero también surgieron nuevos movimientos como el obrero y los partidos nacionalistas periféricos. En cualquier caso, todos en principio minoritarios.

EL CARLISMO

Derrotado militarmente en 1876, no logró recuperar la importancia que había alcanzado con anterioridad, debido en parte al apoyo que el Vaticano y las jerarquías católicas prestaron a Alfonso XII. Así, pues, minimizada su opción dinástica, el carlismo se redujo a un movimiento ideológico circunscrito socialmente al País Vasco y Navarra, zonas de gran arraigo del foralismo católico. Se dividió en dos tendencias:

• Los integristas
• Los tradicionalistas

Aprovechando la libertad de asociación y el sufragio universal, los tradicionalistas se reorganizaron como partido político y obtuvieron algunos escaños en 1896. Por otra parte, pese a sus escisiones internas, el carlismo se mantuvo vivo en algunos sectores hasta bien entrado el siglo XX.

EL REPUBLICANISMO

El republicanismo fue marginado del sistema político de la Restauración, que estaba basado en la monarquía parlamentaria. Era una fuerza importante, aunque nunca llegaría a convertirse en verdadera alternativa al sistema canovista. Los republicanos no consiguieron recuperarse del fiasco de la Primera República y, como opción política, arrastraban tres graves problemas:

• La represión ejercida por los primeros gobiernos de Cánovas.
• La compleja composición social. El republicanismo era sobre todo interclasista -sectores medios y trabajadores-, aunque su fuerza residía en las ciudades.
• La acusada fragmentación, producto de las violentas discordias surgidas durante el agitado Sexenio. Los republicanos se dividían, por un lado, entre opositores y partidarios de acciones revolucionarias; y por otro, entre defensores de un estado de corte federal o de raíz carlista. Así, los republicanos se agrupaban en torno a diferentes corrientes doctrinales y políticas:

1. Federalistas, agrupados en torno al partido federal de Pi y Margall, que se inclinaron hacia posiciones socializantes.
2. Unionistas, liderados por Salmerón, formaron el Partido Centralista. Eran partidarios de la unidad territorial y política de Estado.
3. Radicales. Dirigidos por Ruiz Zorrilla, formaron el Partido Republicano Progresista. Eran partidarios de la lucha armada.
4. Posibilistas, grupo minoritario conservador, liderado por Castelar, del Partido Republicano Histórico Liberal.

Federalistas y unionistas, partidarios de la acción política pacífica, se unieron en la Unión Republicana, que no se consolidaría hasta 1903.

EL MOVIMIENTO OBRERO

El movimiento obrero, orientado hacia el marxismo y el anarcosindicalismo, se vio afectado por la vuelta de la monarquía y el orden liberal burgués. Sus posibilidades de movimiento contaban con grandes dificultades, pues había limitaciones a fin de evitar que, amparándose en la libertad de expresión, de asociación y de reunión, actuaran contra el régimen. Desde 1874, los grupos obreros ligados a la AIT habían pasado a la clandestinidad, lo que tuvo dos efectos paralelos:

• La desarticulación organizativa y
• La radicalización de su ideología y de los medios de acción.

Es decir, desorganización y extremismo violento. Estas asociaciones obreras permanecerán en la clandestinidad hasta 1887, fecha en la que se aprueba la Ley de Asociación.
En general, el obrerismo del último tercio del siglo XIX se caracterizó por tres rasgos destacados:

1. Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), fundada en Londres en 1864. Organización que agrupó inicialmente a sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses y republicanos italianos. Sus fines eran la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo, así como un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción. Colaboraron en ella Marx, Engels y Bakunin. Las grandes tensiones los escindieron en marxistas, por una parte, y partidarios del anarquismo colectivista, por otra.
2. La fuerza sindical no fue unánime, sino dividida entre anarquistas, socialistas y algún reformista moderado.
3. El peso del anarquismo, especialmente en Andalucía y Cataluña.

Los sectores obreros y populares se decantaban por el republicanismo político. El anarquismo fue la doctrina que consiguió una mayor aceptación social, tanto en el campo como en los centros industriales. Frente a la participación política, los anarquistas practicaron e insistieron en la necesidad de una acción sindical directa a través de la huelga (manifestaciones, altercados, desobediencia civil, piquetes “informativos”, atentados…).
La complejidad del anarquismo se manifestó en el episodio conocido como La Mano Negra. En 1883, las autoridades de Cádiz y Jerez acusaron de crímenes y delitos comunes a una supuesta organización de asesinos anarquistas denominada “la mano negra”. Se producen entonces las correspondientes acciones del poder judicial contra el anarquismo andaluz.

En la década de los noventa, los anarquistas llevaron a cabo tres tipos de actividades:

• La acción sindical, estimulada por la huelga general y la reivindicación de la jornada de ocho horas que acompañaron las celebraciones del primero de mayo.
• La acción violenta, como los atentados en Barcelona o el asesinato de Cánovas en 1897.
• La producción cultural.

Tanto la acción de los anarquistas como su represión por el estado fueron sistemáticas. El socialismo, menos extendido en España, defendía la participación política. En 1879 se fundó en Madrid el PSOE, cuyo primer secretario fue Pablo Iglesias Posse. En 1888, también él crearía en Barcelona el sindicato UGT.

Los núcleos socialistas se caracterizaron por los siguientes rasgos:

• La influencia del marxismo francés, que le llevaba a dirigirse a un tipo de obreros, el proletariado industrial, poco numeroso en España.
• La defensa de la doctrina de la lucha contra las fuerzas políticas burguesas.
• La creencia en el hundimiento inevitable del capitalismo, lo que le conducía a subordinar la lucha sindical a la política.

El PSOE tuvo un lento crecimiento, de tal modo que hasta 1909, y gracias a la formación de la Conjunción Republicano-Socialista, no logró la primera acta de diputado, la de Pablo Iglesias Posse.

DICTADURA DE MIGUEL PRIMO DE RIVERA

El 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dio un golpe de estado declarando el estado de guerra. A continuación, publicó un manifiesto en el que declaraba los motivos para rebelarse y sus intenciones. Contó inmediatamente con el apoyo del rey Alfonso XIII, afín a las ideas de los mandos militares, quien le encargó formar gobierno, legalizando así un acto anticonstitucional y convirtiéndose en responsable directo de la dictadura.

Causas del golpe de estado:

• A- La crisis y degeneración del sistema político de la Restauración. Los partidos dinásticos que se turnaban en el poder – conservador y liberal – se habían mostrado incapaces de acabar con el viejo sistema caciquil y estaban fragmentados. Se habían sucedido numerosos gobiernos de concentración que también habían fracasado. Solo había dos caminos posibles para solucionar la crisis: o la democratización del sistema o la implantación de una dictadura. Se eligió el segundo.
• B- El descontento del ejército por la guerra de Marruecos. El desastre de Annual (1921) desprestigió al ejército y el expediente Picasso, que investigaba las causas y responsabilidades en el mismo, aumentó la desconfianza de los militares hacia los políticos.
• C- La agudización de los conflictos sociales. Desde la crisis de 1917 y debido a los efectos de la Primera Guerra Mundial y al impacto de la Revolución rusa (1917), numerosas huelgas y protestas de las clases trabajadoras alteraban el orden público. La burguesía estaba atemorizada también ante el aumento del terrorismo anarquista, especialmente en Barcelona, y se mostraba partidaria de medidas de fuerza para atajarlas.
• D- El auge y la radicalización de los nacionalismos periféricos, en especial el catalán.
• E- El triunfo del fascismo en Italia. La Marcha sobre Roma en 1922 llevó a Mussolini al poder. También en otros países europeos se impusieron dictaduras derechistas por entonces (Portugal, Grecia, Polonia). La dictadura de Primo de Rivera no es una excepción.

Los objetivos del golpe eran acabar con el sistema parlamentario – al que Primo tachaba de inmoral y corrupto – garantizar el orden público, terminar con el separatismo y solucionar el problema marroquí. Primo de Rivera, un andaluz campechano y paternalista, tenía valores tradicionales típicamente castrenses: orden, disciplina, autoridad y amor a la patria. Su lema era “Patria, Religión y Monarquía”. Creía que bastaba la buena voluntad, la honradez y el patriotismo para gobernar a un país; desconfiaba de los políticos y odiaba a los partidos. Combinaba las ideas regeneracionistas (se veía como el cirujano de hierro del que hablaba Joaquín Costa) con la influencia del fascismo italiano de Mussolini, a quien admiraba.

Apenas hubo oposición al golpe de estado. Sus apoyos sociales se encontraban entre la oligarquía de terratenientes e industriales católicos, el ejército, gran parte de las clases medias y también en el mundo obrero. Los socialistas no ofrecieron resistencia e incluso colaboraron con el régimen. Anarquistas y comunistas fueron los únicos que se opusieron, convocando manifestaciones y huelgas en contra del golpe de estado, lo que servirá de justificación al dictador para su ilegalización.

Etapas de la dictadura

Directorio Militar (1923-25)

La dictadura se presentó como una solución provisional, para “poner orden y solucionar los males de España”. Era una dictadura autoritaria cuyas primeras medidas fueron: la suspensión de la Constitución de 1876 y de los derechos constitucionales, la disolución de las Cortes y el establecimiento de un Directorio militar, presidido por Primo de Rivera, encargado de gobernar el país. El dictador concentraba en sus manos todos los poderes (ejecutivo, judicial y legislativo, gobernando mediante decretos-ley) siendo asesorado por el resto de los militares. Colocó en los puestos claves de la Administración a militares (gobernadores provinciales, delegados del gobierno en los ayuntamientos).

Prohibió los sindicatos y las huelgas, mantuvo el orden público con mano dura. Acusó a los nacionalistas catalanes, tanto los autonomistas como los separatistas, de romper la unidad de España. Prohibió el uso oficial de la lengua y la bandera catalanas, e incluso bailar la sardana. Lo que logró con estas medidas fue radicalizar el catalanismo aún más, surgiendo un nuevo partido – Estat Català – presidido por Maciá. Tampoco hizo caso a los nacionalismos gallego y vasco.

En 1924 formó la Unión Patriótica (UP), su partido político y el único legal, con un programa regeneracionista y calificado como de patriotas viriles, siguiendo el modelo fascista.
La decisión de Abd-el-Krim de atacar la zona del Protectorado francés en Marruecos posibilitó la realización de una acción militar conjunta contra el mismo. Las tropas españolas desembarcaron en la bahía de Alhucemas (septiembre de 1925) y vencieron a las kábilas rifeñas. Abd-el-Krim se rindió a las autoridades francesas. El final victorioso en la guerra de Marruecos fue el gran éxito de Primo de Rivera y le dio una enorme popularidad.

El Directorio Civil (1925-1930)

Primo quiso permanecer en el poder e institucionalizar la dictadura en un régimen. En diciembre de 1926 entraron seis civiles en el Directorio; los más destacados fueron Martínez Anido en Gobernación, José Calvo Sotelo en Hacienda y Eduardo Aunós en Trabajo, todos de extrema derecha. UP intentó sin éxito aglutinar un amplio espectro político para legitimar a la dictadura, pero fue solo un instrumento de propaganda oficial en el que se integraron políticos fracasados y oportunistas. En 1927 se constituyó la Asamblea Nacional Consultiva, formada en sus 4/5 partes por miembros de UP, elegidos por sufragio restringido y cuya función era asesorar e informar al dictador. La Asamblea fracasó rápidamente en su tarea de preparar un proyecto de Constitución, que no se aprobó.

Entre las realizaciones del régimen destaca su política económica, llevada a cabo por el ministro Calvo Sotelo. Aprovechando la coyuntura económica favorable (los felices veinte), la etapa de la dictadura fue de prosperidad económica, consolidándose el capitalismo en España. Hubo un fuerte intervencionismo estatal controlando todos los sectores productivos, reforzándose el proteccionismo; se subvencionaron empresas con dinero público y se incrementaron las inversiones públicas en infraestructuras (carreteras, escuelas, obras hidráulicas). Aparecieron las Confederaciones Hidrográficas y los monopolios: Tabacalera, Telefónica, Loterías y CAMPSA, que se ocupaba de la distribución y venta del petróleo. Los mayores beneficiarios de esta política fueron los grandes capitalistas. El Estado se endeudó en exceso y, aunque los obreros mejoraron su nivel de vida, continuaron con salarios bajos; los jornaleros eran miserables.

En cuanto a la política social, se crearon los Comités Paritarios, que eran unos organismos oficiales compuestos por representantes de patronos y obreros y un representante del gobierno. De influencia fascista, su función consistía en resolver los conflictos laborales. Los socialistas de UGT, dirigidos por Largo Caballero, participaron en estos Comités, haciendo una política reformista (viviendas obreras, mejoras asistenciales). Pero fueron muy criticados por los comunistas y anarquistas, que eran perseguidos por el régimen. También colaboraron los Sindicatos Libres (próximos a la extrema derecha).

Estableció el Somatén, una milicia catalana formada por voluntarios, apoyada por las clases medias conservadoras para combatir el sindicalismo y la extendió a toda España para mantener el orden público.

Caída
A mediados de 1928 se hizo patente la decadencia de la dictadura. Se explica por varios factores: el creciente aumento de la oposición al régimen que abarcaba un amplio espectro político (republicanos, anarquistas, comunistas, nacionalistas, estudiantes e intelectuales, entre los que destacaron Unamuno, Ortega y Gasset, Marañón). Creció el descontento en un sector del ejército por las arbitrariedades de Primo de Rivera. Las crecientes dificultades presupuestarias del Estado, endeudado e incapaz de realizar una reforma fiscal que estableciera un impuesto único y progresivo sobre la renta debido a la oposición de las clases acomodadas; la Exposición Universal de Sevilla (1929), que el dictador había organizado por cuestión de prestigio, aumentó la deuda así como el inicio de la crisis de 1929. La reaparición de los conflictos sociales con movimientos huelguísticos motivó que los socialistas le abandonaran. Aquejado de una grave enfermedad Primo de Rivera presento su dimisión al rey Alfonso XIII el 27 de enero de 1930, quién se apresuró a aceptarla presionado por los políticos conservadores y liberales que deseaban volver al parlamentarismo. Primo de Rivera se exilió a París donde murió dos meses después.
Ante el fracaso de la dictadura, Alfonso XIII quiso volver al régimen parlamentario y nombró jefe de gobierno al general Dámaso Berenguer con la tarea de reponer la Constitución de 1876 y salvar la figura real, cada vez más impopular por considerarle responsable directo de la dictadura. Berenguer mantuvo un régimen dictatorial suavizado, conocido como la dictablanda. En agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián entre todos los opositores republicanos, socialistas, radicales y catalanistas de izquierda; la CNT, sindicato anarquista, no participó pero dio su adhesión. Acordaron poner fin a la monarquía. A su vez los intelectuales crearon la Agrupación al servicio de la República, dirigida por Ortega y Gasset. En enero de 1931 el rey nombró al almirante Aznar quién convocó elecciones municipales para abril. Aunque en la suma total de votos no sumaban mayoría, los candidatos del Pacto de San Sebastián triunfaron en las principales ciudades, lo que fue interpretado como un aténtico plebiscito a favor de la República. Ante esta situación, el rey Alfonso XIII intentando evitar un enfrentamiento civil, interrumpe voluntariamente el ejercicio de sus funciones, aunque sin renunciar a ninguno de sus derechos dinásticos y se exilió. El 14 de abril de 1931 se proclamó La Segunda República, ante el entusiasmo popular.

EL DESASTRE DEL 98 4.1. LA EXPLICACIÓN DEL DESASTRE

Factores:
– decadencia de los imperios tradicionales: tras la conferencia de Berlín de 1885, tanto
España como Portugal mostraron serias dificultades para garantizarse un dominio
efectivo sobre sus territorios ultramarinos.
– Crisis interna: el contexto político español impidió plantear una solución tanto militar
como política el problema de las colonias.
– Descontento criollo: sobre todo en Cuba, donde desde 1837, las leyes otorgaban el
control absoluto del capitán General de la isla, en detrimento de las élites criollas.
– Nuevo papel de Estados Unidos: la creciente presencia estadounidense en la zona y
su participación en la economía cubana resultaron fundamentales en el apoyo
brindado a los independistas.
4.2. LA GUERRA HISPANO-CUBANA
En 1868 se difundió el grito de Yara, un manifiesto promovido por Manuel de céspedes. Con ello comenzó la guerra de los 10 años, que se prolongó hasta la firma de la Paz de zanjón en 1878.
En 1895, el partido revolucionario cubano, fundado por José Martí, protagonizó una nueva insurrección, conocida como el grito de Baire.
El levantamiento se extendió por toda la isla bajo la dirección de Antonio maceo y máximo Gómez, por lo que Cánovas del Castillo envió tropas al mando del General Martínez Campos. La falta de resultados provocó su relevo por Valeriano Weyler quien, tampoco consiguió detener el levantamiento.
La entrada en el poder de los liberales planteó una política basada en la concesión de autonomía y la equiparación de derechos entre insulares y peninsulares.
La rebelión se extendió a Filipinas de José Rizal.
4.3. LA GUERRA CONTRA ESTADOS UNIDOS
El papel de Estados Unidos sobre las posesiones españolas se intensificó cuando en 1897 accedió a la presidencia William Mckinley, quien reivindicó los intereses económicos y estratégicos estadounidenses en las colonias.
En 1898, Maine explotó en el Puerto de la Habana causando la muerte de 260 soldados. El gobierno de Estados Unidos acusó a España del hundimiento y la prensa del país desplegó una intensa campaña de propaganda para presentar la guerra como inevitable.
Estados Unidos declaró una guerra en la que derrotaron con rapidez a las tropas españolas en Santiago de Cuba y en Cavite. Éstas derrotas militares obligaron al gobierno a firmar el tratado de París, por lo que España aceptó la independencia de Cuba.
4.4. LAS CONSECUENCIAS DEL DESASTRE DEL 98
La derrota de 1898 sumió a la sociedad en un estado de desencanto y frustración; esto provocó una crisis de conciencia nacional que tuvo unos efectos y mediatos:
– impacto intelectual: la crisis marcó la obra de los autores de la generación del 98, así como de otros intelectuales llamados regeneracionistas, como Joaquín Costa, Ramiro de Maestu o Ricardo Macías Picavea.
– Reforma política: el regeneracionismo inspiró la práctica política durante los primeros años del reinado de Alfonso XIII.

 – Intensificación de los nacionalismos periféricos: sobre todo en el caso vasco, el desastre del 98 fue interpretado como la evidencia de la decadencia de España y de la necesidad de desvincularse del país.

 EL REGENERACIONISMO POLÍTICO
En 1902 las Cortes proclamaron rey a Alfonso XIII.
5.1. EL REGENERACIONISMO CONSERVADOR
En 1899 accedió a la presidencia Francisco Silvela, sucesor de Cánovas al frente del partido conservador y el primero que pretendió inspirar sus políticas a partir del espíritu del regeneracionismo.
El otro regeneracionista conservador fue Antonio Maura quien pudo acometer un proyecto reformista durante su denominado gobierno largo, entre 1907 y 1909.
Entre sus medidas se cuenta el intento de combatir el fraude electoral con la ley de reforma electoral o la ley de administración local, que ampliaba las competencias de los ayuntamientos. Además, intentó aprobar otras medidas sociales, pero sus políticas se vieron frenadas por dos acontecimientos relacionados entre sí:
– guerra en Marruecos: en la conferencia de Algeciras en 1906 se estableció un protectorado franco español en Marruecos. En 1909 tuvo lugar el desastre del Barranco del lobo, donde las tropas españolas fueron derrotadas por las tribus bereberes. Éste hecho incrementó la impopularidad social de la presencia española en la región marroquí, considerado el reflejo de oscuros intereses económicos y que costaba la vida de muchos jóvenes, provenientes fundamentalmente de las clases populares debido al injusto sistema de reclutamiento de quintas.
– Semana trágica de Barcelona: la decisión de Maura de incrementar el contingente militar en Marruecos con tropas reservistas desencadenó una oleada de protestas en Barcelona.
En la represión fue ejecutado el pedagogo anarquista Francisco Ferrer i Guardia, considerado responsable de la revuelta.
5.2. EL REGENERACIONISMO LIBERAL
Entre 1910 y 1912, Canalejas intentó desarrollar una profunda reforma con el fin de democratizar el sistema, tratando de atacar los problemas que afectaban a la estabilidad del país:
– relaciones entre la Iglesia y el Estado: su decisión más conocida y polémica fue la ley del candado, que limitaba el establecimiento de órdenes religiosas
– Reducción de la conflictividad social: se rebajaron los impuestos al consumo y se aprobó la ley de reclutamiento, por la que se estableció el servicio militar obligatorio.
– Reordenación del Estado: en 1914, permitió la creación de la Mancomunidad de Cataluña. El nuevo organismo reunía los cuatro diputaciones provinciales en una sola institución presidida por Enric Prat de la Riba.
En 1912, Canalejas fue asesinado por un anarquista, lo que significó el fin del regeneracionismo. Desde 1913, el aumento de la conflictividad social, la ruptura del turno pacífico y el impacto de la Primera Guerra Mundial, que dividió a la sociedad en germanófilos y anglófilos, condujeron hacia su desintegración.
5.3. LOS LÍMITES DEL REGENERACIONISMO
Las medidas regeneracionistas pretenden emprender una modernización que evitar el estallido de una revolución, estos intentos fracasaron y originaron la descomposición del sistema. Éste hecho implica atendiendo a diversos motivos:
– excesivo intervencionismo de Alfonso XIII: la constitución concedía amplias prerrogativas al rey a las que no quiso renunciar.

 – Crisis de los partidos dinásticos: tras la desaparición de sus líderes históricos, los nuevos políticos no fueron capaces de aglutinar a los miembros de cada formación
– Acumulación de problemas:algunos asuntos heredados, como la injerencia del ejército en la vida política Y otros nuevos, como la guerra con Marruecos, acabaron por agudizar la conflictividad social en el país.

LA CRISIS DE 1917

En el año 1917, el sistema político de la restauración se veía sobrepasado por enormes dificultades derivadas del enfrentamiento entre los partidos dinásticos, del creciente intervencionismo del ejército en la vida política y de la agudización de la conflictividad social. A ellos se le había sumado el impacto económico de la Primera Guerra Mundial que causó la inflación y el desequilibrio salarial. Por último las perspectivas revolucionarias por el estallido de la revolución rusa provocó que se desencadenará una profunda crisis.
6.1. LA CRISIS MILITAR
La injerencia del ejército en la vida política del país, había ido aumentando desde comienzos de siglo. Especialmente significativo fue el asalto que un grupo de militares realizó en 1905 a las redacciones de la revista satírica ¡Cu-Cut! Y del periódico la veu de Catalunya Como respuesta ante una caricatura que los militares consideraron ofensiva. El gobierno promulgó la ley de jurisdicciones en 1906, por la que se ponía bajo jurisdicción militar toda ofensa a la unidad de la patria, lo que estimuló el intervencionismo castrense y, como respuesta el nacionalismo catalán.
El descontento de los militares también estuvo motivado por la disminución del valor de sus salarios debido al aumento de los precios.
Además, la controvertida política de ascensos, que premiaba los méritos de guerra, favorecía a los oficiales africanistas en detrimento de los “peninsulares” que se sentían agraviados.
Se crearon las juntas de defensa, asociaciones militares que exigieron mejoras económicas, y otras medidas, como la disminución del número de oficiales o acabar con la política de ascensos por méritos de guerra, sustituida por la antigüedad en el cuerpo como único criterio objetivo. Como respuesta, el gobierno de Eduardo Dato decidió suspender las garantías constitucionales.
6.2. LA CRISIS POLÍTICA
La decisión del gobierno de suspender las garantías constitucionales estimuló a Cambó, líder de la liga regionalista, a promover la creación de una asamblea de parlamentarios que permitiese formar un gobierno provisional y convocar unas cortes constituyentes. Se trataba de un Nuevo intento regeneracionista que pretendía romper el sistema de turno, combatir el peso de las oligarquías, consolidar la separación efectiva de poderes y plantear un modelo de Estado descentralizado.
La asamblea convocó una reunión para que todos los diputados y los senadores pudieran integrarse en ella pero la reunión, no consiguió cumplir sus objetivos ya que solo acudieron 71 de los 760 parlamentarios citados. El motivo puede explicarse por la creciente agitación social.
6.3. LA CRISIS SOCIAL
La conflictividad social aumentó notablemente durante la Primera Guerra Mundial por el alza de precios y el mal reparto de los beneficios de la expansión económica, como consecuencia, el sindicalismo obrero adquirió un mayor protagonismo.

 En agosto de 1917, tras un conflicto ferroviario en Valencia, los sindicatos socialista y anarquista decidieron convocar una huelga general. La huelga adquirió una gran relevancia en los centros fabriles de Cataluña, Madrid, Asturias y País Vasco. Ante el peligro del estallido de una revolución, el gobierno declaró la ley marcial, que facultó al ejército y a las fuerzas del orden a reprimir la huelga de manera violenta.
En 1918 se promulgó la ley del ejército, que atendió las reivindicaciones castrenses.
7. EL FINAL DE LA RESTAURACIÓN
7.1. LA CONFLICTIVIDAD OBRERA Y SOCIAL
Tras el final de la Primera Guerra Mundial, el sindicalismo español experimentó un espectacular crecimiento. Especialmente intenso fue el caso de la C.N.T., sobre todo tras su refundación en el congreso de Sants de 1918. El origen se encuentra en el descontento por la crisis económica producida tras la Gran Guerra.
La conflictividad social se intensificó, siendo las principales reivindicaciones la subida salarial y la disminución de la jornada laboral; los gobiernos recurrieron de forma abusiva a medidas de excepción, como la declaración del estado de guerra o la suspensión de las garantías constitucionales. Esta crisis social fue especialmente intensa en dos regiones:
– Andalucía: aunque la movilización campesina había sido casi inexistente en la crisis de 1917, los conflictos aumentaron entre 1918 y 1921, en lo que se conoce como el trienio bolchevique. La miseria del campesinado y la influencia de la revolución rusa favorecieron que los jornaleros respondieron a la llamada de los sindicatos.
Las revueltas, impulsadas por los anarquistas, se caracterizaron por la quema de cosechas, la ocupación de tierras, el reparto de propiedades e incluso la ocupación de ayuntamientos.
– Cataluña: el anarquismo catalán logró grandes éxitos, como la huelga de la canadiense de 1919.
Por influencia del anarquismo, las protestas obreras terminaron degenerando en un activismo violento que vivo en un auge descontrolado del terrorismo, en acciones contra autoridades, patronos y fuerzas del orden. Se creó el sindicato libre, que pretendía contrarrestar la fuerza de la C.N.T. a través del uso de la violencia.
El sindicato libre contó con la aprobación del gobernador civil de Barcelona, el General Martínez Anido , que reprimió duramente a los sindicalistas y aplicó la llamada ley de fugas, por lo que la policía podía disparar contra todos aquellos detenidos que intentaron huir. El resultado final fue un total de 267 víctimas mortales de uno y otro signo, entre las que destacó el líder anarquista Salvador Seguí. En 1921 se produjo el asesinato de Eduardo Dato, presidente del gobierno.
En 1921 se creó en España el Partido Comunista de España(PCE), lo que provocó una ruptura en la izquierda española.
7.2. LA INESTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Tras la crisis de 1917 se sucedieron una serie de gobiernos de concentración.
En el deterioro de la situación política también resultó fundamental la consolidación de los nacionalismos:
– Cataluña: Aa Papa el miedo a la revolución había aplicado al nacionalismo burgués de la Lliga regionalista y, pero había provocado la aparición de nuevas fuerzas catalanistas como Acció Catalana o Estat Catalá,Dirigido por Macià.
– País Vasco: en 1916, el PNV cambió su nombre por el de comunión nacionalista vasca de carácter, autonomista.

 7.3. LA CRISIS EN MARRUECOS
Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Francia intentó reafirmar su presencia en Marruecos, por lo que las tropas españolas reanudaron sus acciones militares para afianzar el control de territorios. Sin embargo, encontraron la oposición de las milicias rifeñas que dirigía Abd-el-Krim. En 1921 las tribus rifeñas atacaron por sorpresa el campamento de Annual.
El desastre de Annual se convirtió en la derrota más sangrienta del ejército español y puso de manifiesto su deficiente organización y preparación, lo que provocó duras críticas de la opinión pública. El parlamento encargó un informe que permitiese depurar las responsabilidades, concretado en el expediente de Picasso, un documento que implicaba a los altos mandos del ejército y al propio Alfonso XIII.

Etiquetas: Fernando vii, Guerras carlistas, Historia de españa, Isabel ii, Restauración Borbonica