Artículo 2°.- Ninguna persona, salvo en los casos de excepción contemplados en este artículo, o cuando la ley exija la intervención personal de la parte, podrá comparecer en los asuntos y ante los tribunales a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, sino representada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, por procurador del número, por estudiante actualmente inscrito en tercero, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna de las universidades autorizadas, o por egresado de esas mismas escuelas hasta tres años después de haber rendido los exáMenes correspondientes. La autoridad universitaria competente certificará, a petición verbal del interesado, el hecho de estar vigente la matrícula o la fecha del egreso, en su caso.
La exhibición del certificado respectivo habilitará al interesado para su comparecencia.
    Las Corporaciones de Asistencia Judicial podrán 
designar como mandatario a los egresados de las Escuelas 
de Derecho a que se refiere el inciso anterior, 
cualquiera sea el tiempo que hubiere transcurrido 
después de haber rendido los exáMenes 
correspondientes, para el solo efecto de realizar la 
práctica judicial necesaria para obtener el título de 
abogado.
    Para la iniciación y secuela del juicio podrá, sin 
embargo, solicitarse autorización para comparecer y 
defenderse personalmente. EL juez podrá conceder la 
atendida la naturaleza y cuantía del litigio o las 
circunstancias que se hicieren valer, sin perjuicio de 
exigir la intervención de abogados, siempre que la 
corrección del procedimiento así lo aconsejare. Las 
resoluciones que se dicten en esta materia sólo serán 
apelables en el efecto devolutivo.
    Si al tiempo de pronunciarse el tribunal sobre el 
mandato, éste no estuviere legalmente constituido, el 
tribunal se limitará a ordenar la debida constitución 
de aquél dentro de un plazo de tres días. Extinguido 
este plazo y sin otro trámite, se tendrá la solicitud 
por no presentada para todos los efectos legales. Las 
resoluciones que se dicten sobre esta materia no serán 
susceptibles de recurso alguno.
    Lo dispuesto en este artículo se aplicará también 
a la delegación del mandato y a las autorización para 
diligenciar exhortos. En este ultimo caso, las calidades 
a que se refiere el inciso primero de este artículo se 
acreditarán ente el tribunal exhortado.
    Si el mandatario o delegado no se le hubieren 
conferido todas o algunas de las facultades que se 
indican en el inciso segundo del artículo 7° del 
Código de Procedimiento Civil, la parte firmara con 
aquél los escritos que digan relación con tales 
facultades, ante el secretario del tribunal o el jefe 
de la unidad administrativa que tenga a su cargo la 
administración de causas en el caso de los juzgados de 
garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal. 
No obstante lo dispuesto en el inciso primero de 
este artículo, en los mandatos con administración de 
bienes podrá conferirse al mandatario la facultad de 
comparecer al juicio, pero si este no fuera abogado 
habilitado para el ejercicio de la profesión o 
procurador del número, deberá delegarlo, en caso 
necesario, en persona que posea alguna de estas 
calidades.
    El juez, de oficio o a petición de parte, podrá 
exigir, si lo estima necesario, la comparecencia del 
abogado patrocinante o mandatario de cualquiera de 
las partes a fin de que ratifique su firma este el 
secretario o el jefe de la unidad administrativa a 
cargo de la administración de causas. 
Las obligaciones consignadas en el primer inciso 
del artículo 1° y de este artículo, no regirán en 
aquellos departamentos en que le número de abogados 
en ejercicio sea inferior a cuatro, hecho que 
determinará la corte de Apelaciones correspondiente.
    Exceptúanse, también, del cumplimiento de 
dichas obligaciones, solicitudes sobre pedimentos 
de minas que se formulen ante los tribunales, sin 
perjuicio de cumplirse tales exigencias respecto de las tramitaciones posteriores a que den lugar.
    No regirán tampoco respecto de los asuntos de que conozcan los jueces de subdelegación y de distrito; los alcaldes; los jueces de policía local, salvo en los asuntos sobre regulación de daños y perjuicios de cuantía superior a dos unidades tributarias mensuales; los juzgados de menores; los árbitros arbitradores; la Contraloría General de república; la Cámara de Diputados y Senado en los casos de los artículos 48 y 49 de la Constitución política de la República; ni en los juicios cuya cuantía no exceda de media unidad tributaria mensual; en las causas electorales; en los recursos de amparo y protección; respecto del denunciante en materia criminal; en las solicitudes en que aisladamente se pidan copias, desarchivos y certificaciones, ni respecto de los martilleros, peritos, depositarios, interventores, secuestres y demás personas que desempeñen funciones análogas, cuando sus presentaciones tuvieren por único objeto llevar a efecto la misión que el tribunal les ha confiado o dar cuenta de ella.
    En los asuntos de que conozcan los juzgados de 
menores, los interesados que comparecieren por 
mandatario, deberán ajustarse a lo dispuesto en el 
inciso primero de este artículo.
    En las ciudades donde rijan las obligaciones 
establecidas en este artículo y no existieren entidades 
públicas o privadas que presten asistencia jurídica o 
judicial gratuitas, las personas notoriamente 
menesterosas, a juicio del tribunal, serán 
representadas gratuitamente por el abogado de turno. 

RECTIFICADO
D. OFICIAL
19-Mayo-1982

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