10 Jun
La evolución política tras la muerte de Franco: Retos, logros, dificultades y resistencias al establecimiento de la democracia
Tras la muerte de Franco en 1975, se inició en España un proceso de cambio que culminó con la implantación de una monarquía parlamentaria. Esta etapa, conocida como la Transición, duró hasta 1982 y supuso el desmantelamiento del régimen franquista.
Contexto político y social
El contexto político estuvo marcado por la movilización antifranquista, liderada por el PCE, el PSOE y partidos nacionalistas agrupados en la Platajunta. Las huelgas y protestas obreras, impulsadas por sindicatos como CCOO, UGT y CNT, se intensificaron. La Iglesia, con el Cardenal Tarancón al frente, se alejó del régimen. También hubo una fuerte presión de la violencia política, protagonizada por ETA, GRAPO y grupos de ultraderecha.
Contexto internacional
A nivel internacional, destacaron la crisis del petróleo, la necesidad de democratización para entrar en la CEE, y el ejemplo portugués de la Revolución de los Claveles.
Gobiernos de la Transición
El reinado de Juan Carlos I y el gobierno de Arias Navarro
El rey Juan Carlos I fue proclamado jefe del Estado. Mantuvo a Arias Navarro como presidente, lo que generó rechazo por su perfil continuista. Durante su gobierno, se intensificaron las movilizaciones democráticas, se produjeron los sucesos de Vitoria y Montejurra, y se reforzó la acción de la Platajunta. En 1976 fue sustituido por Adolfo Suárez.
El gobierno de Adolfo Suárez (1976-1981)
Aunque Suárez procedía del franquismo, impulsó una apertura real. Aprobó una amnistía parcial y la Ley para la Reforma Política (1976), que desmontaba legalmente el franquismo. Fue ratificada en referéndum con un 94% de apoyo. Los franquistas mantuvieron poder e impunidad, mientras que los demócratas aceptaron una transición pactada sin depuración del pasado.
En enero de 1977 ocurrió la Matanza de Atocha, que generó una gran movilización en favor del PCE. El gobierno legalizó a dicho partido y desmanteló instituciones franquistas. El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936. La UCD ganó, seguida por el PSOE, el PCE y Alianza Popular.
En su primer gobierno (1977-79), Suárez aprobó la Ley de Amnistía y firmó los Pactos de la Moncloa, acuerdos económicos y políticos frente a la crisis. En 1978 se aprobó la Constitución, que estableció una democracia parlamentaria, reconoció derechos fundamentales y el sistema autonómico.
Tras las elecciones de 1979, se aprobaron los estatutos de autonomía de País Vasco y Cataluña, seguidos por Andalucía y otras regiones, con el modelo de «café para todos». La situación política se deterioró por la crisis, el terrorismo y la división interna en la UCD, lo que llevó a la dimisión de Suárez.
El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982)
El golpe de Estado del 23F (1981), liderado por Tejero y Milans del Bosch, fracasó gracias a la intervención del rey Juan Carlos I. El nuevo presidente fue Leopoldo Calvo Sotelo, que afrontó el juicio del golpe, el ingreso en la OTAN, la polémica LOAPA y la tragedia del síndrome tóxico por el aceite de colza.
El fin de la Transición
La UCD se desintegró y se convocaron elecciones en octubre de 1982. El PSOE, liderado por Felipe González, ganó con mayoría absoluta. Esto marcó el fin de la Transición y el comienzo de una nueva etapa democrática en España.
La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías
Tras las elecciones de junio de 1977, las Cortes funcionaron como Cortes Constituyentes, aunque no fueron declaradas como tales. Se creó una comisión de siete miembros, conocidos como los padres de la Constitución, encargados de redactar el texto. Estos fueron:
- Por la UCD: Herrero de Miñón, Pérez Llorca y Cisneros.
- Por el PSOE: Peces Barba.
- Por el PCE: Solé Tura.
- Por Alianza Popular: Fraga.
- Por los nacionalistas catalanes: Roca.
El PNV no participó. La redacción fue confidencial, lo que favoreció un consenso político amplio.
Proceso de aprobación
Los temas más debatidos fueron la religión, la organización territorial y la intervención del Estado en la economía. Tras 18 meses, el texto con 160 artículos fue debatido en mayo de 1978 y aprobado en octubre con una amplia mayoría. El 6 de diciembre fue sometido a referéndum, con un apoyo del 88%, aunque solo votó el 67% del censo. En el País Vasco el respaldo fue muy bajo.
Características de la Constitución de 1978
La Constitución de 1978, inspirada en modelos europeos y en la tradición constitucional española, es una norma rígida, difícil de modificar (requiere mayoría de 3/5 en ambas cámaras).
Se divide en un Título Preliminar y nueve Títulos más.
Contenido clave de la Constitución
En el Título Preliminar destacan:
- El artículo 1, que define a España como Estado social y democrático de Derecho con monarquía parlamentaria.
- El artículo 2, que proclama la unidad de la nación y reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones.
- El artículo 3, que establece el castellano como lengua oficial y permite la cooficialidad de otras lenguas.
El Título I regula los derechos y deberes fundamentales. El artículo 14 garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación. Los artículos del 15 al 38 reconocen libertades como la vida, expresión, reunión, educación, huelga, sindicación, residencia, y el derecho al trabajo, a la propiedad y a la empresa.
Algunos artículos generaron controversia:
- El artículo 15, que reconoce el derecho a la vida y abole la pena de muerte.
- El artículo 16, que asegura la libertad religiosa y declara que ninguna confesión tendrá carácter estatal.
- El artículo 27, que garantiza el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y la participación de profesores, familias y alumnos en los centros públicos.
Los Títulos II a X tratan aspectos como la monarquía, las Cortes, el Gobierno, el Poder Judicial, la organización territorial, la Hacienda pública y el Tribunal Constitucional.
Modificaciones de la Constitución
Desde su aprobación, la Constitución solo ha sido modificada en dos ocasiones:
- En 1992, para permitir el voto de extranjeros en elecciones municipales (Tratado de Maastricht).
- En 2011, con la reforma del artículo 135 para establecer límites de déficit público en el Estado y las Comunidades Autónomas.
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