09 Dic

LAS CAUSAS DEL GOLPE DE ESTADO


En el verano de 1923 los rumores sobre un golpe de Estado estaban a la orden del día, y la prensa venía denunciando las actividades conspirativas.
En primer lugar, estaban las consecuencias de Annual: los 13.000 muertos y la humillación militar recibida pesaban como una losa sobre los militares y sobre la opinión pública.
La derrota provocó dos movimientos opuestos: en el Ejército, la petición de más medios para poder responder militarmente y vengar la humillación sufrida; y en la opinión pública, de indignación y oposición a la continuidad de la guerra, al tiempo que de exigencia de responsabilidades a los culpables. Ante la negativa del Gobierno a aumentar los gastos para financiar un desembarco, varios jefes militares se sumaron al golpe, entre ellos los africanistas, partidarios de llevar la guerra hasta el final.
Por otro lado, la instrucción del expediente Picasso provocó el rechazo del estamento militar y los grupos más derechistas de las Cortes.
En segundo lugar, el auge del nacionalismo en Cataluña y el País Vasco era visto con recelo por los grupos más derechistas.
En tercer lugar, la división de los partidos conservador y liberal y el ascenso de socialistas y republicanos alarmaban a la oligarquía y a los militares conservadores. Además, en 1921 había sido fundado, como una escisión de las Juventudes Socialistas, el Partido Comunista de España (PCE).
Un gobierno autoritario podía ser el freno definitivo a la protesta social y al auge del movimiento obrero.
Una dictadura militar era, para la derecha, una posible solución a la permanente inestabilidad política. Para los propios militares era, además, la única forma de paralizar el expediente Picasso.
El apoyo del Rey.
De este modo, Alfonso XIII se convirtió en el responsable directo del éxito del pronunciamiento y del mantenimiento de la dictadura primoriverista.
Es cierto que hubiera sido difícil resistir, pero su apoyo explícito al Dictador en las horas clave del golpe ligó para siempre el futuro de la Monarquía al de la misma Dictadura. La instauración de la Dictadura militar coincidió con la proclamación de regímenes autoritarios en otros países europeos (Hungría, 1920; Italia, 1922, Bulgaria, Turquía, 1923; Albania, 1925; Portugal, Polonia, 1926). Este proceso general se interpreta como una respuesta a la crisis del Estado liberal.


El golpe de 1923


Una vez reconocido el golpe por el Rey, fue el Ejército como institución, no unos generales políticos, quien asumió el poder.
Lo hizo, además, creando un régimen que, hasta diciembre de 1925, en que se constituyó un «Directorio civil», fue estrictamente militar y en todo momento una Dictadura autoritaria.
El cambio que se opera en 1923 es una modificación en la forma de ejercicio del poder con el fin de reforzar el Estado en un momento de crisis general de la sociedad; una solución autoritaria a los problemas y contradicciones del régimen de la Restauración.
Los rumores sobre un golpe de Estado estaban a la orden del día desde el verano de 1923, y la prensa venía denunciando las actividades conspirativas. Desde el primer momento, los sectores patronales, la burguesía y las clases medias católicas y derechistas recibieron la dictadura con enorme entusiasmo y satisfacción. Intelectuales como Blasco Ibáñez, Unamuno, Pérez de Ayala o Azaña se mostraron desde el primer momento contrarios al golpe.

EL DIRECTORIO MILITAR (1923-1925)



En principio, la dictadura se presentó como una solución política provisional y excepcional. El mismo Primo de Rivera concebía su régimen militar como un breve paréntesis temporal para «poner orden», «solucionar los males de España» y volver a los cuarteles habiendo restablecido la normalidad constitucional anterior. Sin embargo, con el tiempo, el general olvidó sus primeras intenciones, confirmando su voluntad de continuar y prolongar su poder personal para crear un nuevo Estado que sustituyera al sistema parlamentario definido en la Constitución de 1876.
Se creó un Directorio Militar en el que estaban representadas todas las Armas y Regiones Militares.
Primo de Rivera, como presidente del Directorio, pasó a concentrar en sus manos todos los poderes, dirigía el Estado como único responsable de la gobernación del país y asumía sin límites las funciones legislativas con potestad para dictar normas y decretos con fuerza de ley.
El resto de los generales que componían el Directorio sólo asesoraban a Primo en las tareas de gobierno. Para llevar adelante las tareas de gobierno en los ministerios tradicionales, se nombró como subsecretarios a altos funcionarios, figuras procedentes del ejército y técnicos de militancia regionalista o maurista.
Las medidas políticas iniciales tomadas por Primo de Rivera desde el poder durante los primeros días fueron:
– Declaración el estado de guerra en todo el territorio.
De esta forma, la administración del Estado quedó en manos del Ejército.
– Se decretó la suspensión de las garantías constitucionales sobre tiempo de detención, mandamiento judicial previo, libertad de domicilio, asociación, reunión y expresión.
– Otro decreto disolvió el Congreso y la parte electiva del Senado: el poder legislativo quedaba eliminado.
– Se estableció una férrea censura de prensa, con instrucciones terminantes a las autoridades para suprimir cualquier alusión crítica a la Dictadura y filtrar cualquier información no oficial sobre la guerra de Marruecos.

El orden público fue otra de las obsesiones de Primo de Rivera, para quien el movimiento obrero, las acciones anarquistas y la delincuencia eran una misma cosa. Se dictaron instrucciones terminantes a los gobiernos civiles para reprimir cualquier tipo de manifestación o protesta, al tiempo que se establecía una rígida censura de prensa.
Por otro lado, para reforzar a las fuerzas de orden público e «impulsar el espíritu cívico», Primo de Rivera quiso extender la institución catalana del Somatén a todo el país.
La Dictadura fomentó un nacionalismo de Estado, de carácter unitario, que pronto entró en contradicción con los nacionalismos periféricos.
En las primeras semanas, Primo de Rivera prohibió el uso de la bandera catalana y su himno nacional, Els segadors, y restringió el uso del catalán al ámbito privado. Todo ello provocó una progresiva separación entre los nacionalismos periféricos y la dictadura, lo que explica la fuerte adhesión posterior de los nacionalistas al republicanismo.
Sin duda, el gran éxito del Directorio Militar fue poner fin a la guerra de Marruecos. Curiosamente, Primo de Rivera era al principio partidario de abandonar la guerra y negociar.

Pero en 1925 Abd el-Krim invadió la zona del Protectorado francés. La guerra había terminado, y la victoria colocaba a Primo de Rivera en la cumbre de su popularidad, al tiempo que le reconciliaba con los militares.


Directorio Civil (1925-1930)



En 1925, el Directorio Militar dio paso a un Directorio Civil para institucionalizar el régimen y desarrollar una política de carácter corporativo.
Frente a una concepción de la sociedad como suma de individuos, el corporativismo mantenía la tesis de que aquélla funciona mejor si existen cuerpos intermedios que regulan las relaciones sociales y permiten ordenar todos los ámbitos de la sociedad, desde los económicos hasta la representación política.
La institucionalización política del régimen, el nacionalismo económico y el corporativismo social fueron manifestaciones de la concepción corporativa de Primo de Rivera.
Las bases políticas del régimen La dictadura trató de fundar el nuevo régimen sobre unas bases políticas diferentes del modelo liberal:
Frente a una administración movida por los intereses de los partidos, abogó por la política de gestión confiada a militares o técnicos.
Todos los pasos dados fueron incompletos. Concebida como un partido único, la Unión Patriótica acabó siendo un grupo de presión sobre el gobierno, pero nunca un instrumento adecuado para la movilización política de las masas. La Asamblea Nacional Consultiva era una asamblea consultiva. Su total dependencia del gobierno debilitó su eficacia. La principal obra de la Asamblea, que quedó paralizada por la oposición creciente a la dictadura a partir de 1928, fue el proyecto de Constitución, que no llegó a ser promulgada.Adquirieron especial protagonismo los militares, los miembros de la burocracia administrativa del Estado, los jóvenes mauristas y los católicos sociales.
El resultado fue que hasta 1929, la Dictadura fue una etapa de aparente prosperidad económica, expansión industrial y aumento del empleo.
La política económica de la Dictadura se caracterizó por un nacionalismo económico y un fuerte intervencionismo. Para ello, el régimen creó un Consejo de Economía Nacional, que dio lugar en 1928 a la aparición del ministerio de Economía Nacional. El fomento de la producción nacional Contrariamente, la exportación se limitó a algunos minerales y productos agrícolas como la naranja. La ambiciosa política de obras públicas de Primo de Rivera pretendía lograr una reactivación de la economía española.
Las acciones más señaladas se concretaron en la red de ferrocarriles, la construcción o la renovación de la red de carreteras y las obras hidráulicas:
En lo relativo a las vías férreas, el apoyo de la dictadura se dirigió a concesiones a las compañías que explotaban el tráfico ferroviario.
A través del Circuito Nacional de Firmes Especiales (1926) se mejoraron 7.000 km del trazado nacional de carreteras y muchas vías de carácter local.
La dictadura concedió monopolios para la explotación de ciertos productos considerados «exóticos» y susceptibles de lograr una importante recaudación fiscal.
Se crearon una serie de bancos oficiales (Banco Exterior de España, Banco Hipotecario, Banco de Crédito Industrial) para gestionar los créditos públicos previstos en el Presupuesto Extraordinario de 1926.
Pero, en su acción, la Dictadura benefició a la banca privada que vivió su edad de oro en estos años y adquirió algunas de las características que hoy sigue teniendo como, por ejemplo, su control sobre la industria española.
Las carencias fueron también transcendentales.
Los resultados más evidentes de la política económica primorriverista fueron la drástica disminución del número de huelgas, la realización de modernas obras públicas y el aumento de los niveles de producción, que fue más espectacular en aquellas empresas dedicadas a la fabricación de hierro, acero y cemento (por ejemplo, Altos Hornos de Vizcaya, Siderúrgica del Mediterráneo y Barcelona Traction vieron crecer sus beneficios por encima del 60% entre 1924 y 1929).
La política social corporativa
La ideología corporativista se manifestó de forma especial en la organización de las relaciones laborales según un modelo en el que las actividades de cada uno de los sectores productivos debían estar organizadas en una corporación que integrase a patronos y obreros, con el Estado como garante.
De forma paralela, la dictadura promovió una extensa legislación social, parte de la cual se recogió en el Código del Trabajo (1926).
La pieza clave para el éxito de la política social fue la colaboración entre el régimen y la UGT (Unión General de Trabajadores), que monopolizó la representación obrera en los comités paritarios y participó en diversos órganos del régimen.

Junto a esta concepción corporativa, el problema social fue percibido como un problema exclusivamente de orden público. Sin embargo, los cenetistas no perdieron fuerza entre los obreros, pero los efectos fueron una radicalización de algunos grupos que fundaron en 1927 la Federación Anarquista Ibérica (FAI) con una estrategia insurreccional.
Mientras, la UGT, tolerada por la Dictadura siguió una estrategia de colaboración en lo posible con la política laboral de Primo de Rivera. Esta colaboración parcial no supuso la renuncia a la lucha sindical, de ahí que cuando la UGT promovió huelgas no autorizadas, como en 1927, la dictadura clausuró la mayoría de sus centros locales.
Pero, además, es muy posible que en ello jugara un papel decisivo el temor a un orden represivo, cuyo responsable era Martínez Anido, conocido entre los obreros barceloneses como «el carnicero».

LA CAÍDA DE LA DICTADURA


Las relaciones entre el dictador y el rey se enfriaron progresivamente y sectores sociales que hasta ese momento habían apoyado la dictadura, como el ejército o las organizaciones patronales y obreras, comenzaron a distanciarse del régimen.
La oposición a la dictadura La oposición a la política de Primo de Rivera, salvo casos aislados como el de Unamuno, tardó en manifestarse como tal. Fue a partir de 1928 cuando confluyeron las diversas oposiciones: Muchos dirigentes liberales y conservadores se negaron a colaborar con el dictador y exigieron a Alfonso XIII el restablecimiento de la Constitución y la convocatoria de elecciones. La izquierda obrera empezó a reaccionar, sobre todo desde 1927, volvió a movilizarse y a iniciar una clara oposición.
En el PSOE triunfó la postura contraria a la dictadura, mientras la CNT logró mantener sus fuerzas en la clandestinidad.
El anticatalanismo de la Dictadura le alejó de la burguesía catalana. Los intelectuales también se opusieron a Primo de Rivera. Muchos catedráticos fueron expulsados de la Universidad y los colegios profesionales fueron depurados. Esta oposición desembocó en persecuciones y destierros, como el de Miguel de Unamuno,
antiguo rector la Universidad de Salamanca. La política de la dictadura enfrentó a los militares africanistas y peninsulares por los criterios de promoción (méritos de guerra o promoción). A la caída de la dictadura contribuyeron también: Las crecientes dificultades financieras y presupuestarias del Estado, endeudado para realizar los programas de obras públicas. El gobierno había aumentado imprudentemente sus niveles de endeudamiento para realizar los ambiciosos y costosos programas de obras públicas.

Problemas políticos y militares Las rivalidades personales, las arbitrariedades de Primo de Rivera en los ascensos y la oposición de los sectores más liberales del Ejército hizo que algunos militares llegaran a participar en una conspiración contra el dictador, pero fueron descubiertos y sancionados. En 1929 y 1930 eran muchos los oficiales proclives a conspirar contra Primo de Rivera. El creciente distanciamiento entre Alfonso XIII y Primo de Rivera, cuyas relaciones empeoraron y se fueron haciendo más tensas y difíciles tanto en el plano personal como el político durante el transcurso de los años.


La caída de Primo de Rivera


Finalmente, el 27 de enero de 1930 Alfonso XIII, consciente del rechazo que suscitaba el dictador, aceptó la dimisión de Primo de Rivera, gravemente enfermo.

La caída de la Monarquía


Tras la caída de Primo de Rivera, el rey intentó retornar al sistema de la Restauración, confiando, sin éxito, el proceso a dos gobiernos presididos por militares, Berenguer y Aznar.
Se constituyeron nuevos partidos políticos de militancia republicana (Derecha Republicana, Esquerra Republicana, ORGA) y se celebraron actos unitarios de los partidos antimonárquicos, como el Pacto de San Sebastián

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