11 Mar

Existe cierto consenso desde el ámbito académico al afirmar que entre 1959 y 1975 transcurrió la segunda gran fase del régimen franquista, en el que destacan dos momentos: el desarrollo económico, el cambio social y el inmovilismo político; y el desmoronamiento del régimen. La economía española había conocido una cierta expansión, pero sufría enormes desequilibrios. El gobierno había introducido a tecnócratas del Opus Dei al frente de las decisiones económicas, que forma parte también de una maniobra política de lavado de cara del régimen, puesto que la entrada del Opus coincide con la pérdida de influencia de Falange. El proyecto consistió en modernizar la económica y socialmente el país sin alterar las estructuras políticas. Es esta la razón por la que se establece los llamados Planes de Estabilización, cuyo origen radicaba en la falta de reservas de oro y divisas frente a la descompensada balanza comercial. Las consecuencias fueron inmediatas, y aunque los costes sociales fueron considerables, las medidas tuvieron efectos económicos positivos. La liberación de la economía permitió que el país se beneficiara de capital extranjero y de la exportación de productos agrícolas y de consumo. España se incorporó a la OCDE, Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. La emigración interior y exterior. El boom demográfico y la mejora tecnológica en la agricultura limitaron la creación de empleo y dio lugar a una intensa emigración. Además, el espectacular auge del turismo se vio favorecido gracias a la consolidación del Estado de bienestar en Europa y la generalización de las vacaciones pagadas para la mayoría de los trabajadores europeos, cuyo principal destino era España. Para alcanzar el desarrollo, se aplicó un programa de planificación económica por medio de los Planes de Desarrollo. La planificación centró su interés en el sector industrial, y así surgieron los llamados polos de desarrollo, que intentaban reducir los desequilibrios económicos regionales promoviendo nuevas industrias. Los efectos de la crisis económica internacional por el aumento de los precios del petróleo, se apreciaron con intensidad en España debido a la excesiva dependencia del extranjero. Los índices de crecimiento se ralentizaron y se inicia el paro, que no dejó de crecer. La inflación intentó controlarse mediante la contención de salarios, lo que provocó una reacción del movimiento obrero, que añadió inestabilidad política. La transformación demográfica comenzó por un gran aumento de la población, a causa de un mantenimiento de la natalidad elevada y una reducción de la mortalidad. El gran desarrollo de la economía industrial y la expansión del sector servicios dieron lugar a una transformación muy importante, lo que llevaba aparejado cambios en la estructura de clases. Sin embargo, la transformación más radical fue el aumento de las clases medias, que pasaron de ser un tercio de la población.  El aumento de los niveles de renta inició una tendencia cada vez más pronunciada hacia crecientes cotas de consumo. Las nuevas formas de consumo modificaciones comportamientos sociales y culturales, que fueron asimilándose a los europeos. Esta apertura cultural y de mentalidad dio lugar a una nueva oposición al régimen que reclamaba libertad cultural. A ello contribuyó el cambio que se produjo en el sector educativo, que culminó con la Ley General de Educación de 1970. Un fenómeno importante fue el aumento de alumnos de bachillerato y de las universidades, en las que circulaban muchas publicaciones prohibidas. En cuanto a la religión, se reivindicó la libertad de pensamiento y disminuyó la práctica religiosa. La familia empezó a experimentar cambios que se profundizarían en el futuro: aumentó su movilidad y la tendencia a fortalecer la familia nuclear. La sociedad española se volvió

indiferente, pasiva, desinformada y desinteresada por los asuntos públicos. La extensión de la disidencia política fue en aumento al mismo tiempo que el incremento de obreros, clases medias y estudiantes universitarios. En lo que a la política se refiere, la transformación socioeconómica y las exigencias de la nueva vinculación con el exterior le obligaron a buscar una legitimación política más allá de su victoria en la Guerra Civil.  A partir de 1957, los tecnócratas, reforzaron de manera creciente sus posiciones en el gobierno y se propusieron adaptar el régimen a las nuevas. La modernización de la administración pública, la definitiva institucionalización del régimen y la cuestión sucesoria eran los pilares básicos de su proyecto político. La Ley Orgánica del Estado, última de las Leyes Fundamentales, constituyó una de las piezas esenciales de la institucionalización del régimen. En 1969, las Cortes aprobaron la propuesta de Franco de que su sucesor a título de rey fuera el príncipe Juan Carlos (Ley de Sucesión) quien juró lealtad al dictador y fidelidad a los principios del Movimiento Nacional.  Durante los 60, se produjo un fortalecimiento de la oposición al régimen franquista y se extendió a distintos sectores de la sociedad. Las protestas de los trabajadores fueron el principal foco de tensión social, además nace un nuevo sindicato, que se articuló entorno a Comisiones Obreras. Mientras se creaba este nuevo sindicalismo, en la Universidad resurgió el movimiento estudiantil, con el que lograron liquidar al sindicato oficial falangista y aparecieron otras organizaciones estudiantiles de tendencias políticas diversas. También surgieron nuevos movimientos sociales (grupos religiosos, asociaciones de vecinos…) que entraron en la política de oposición al régimen. La reunión de Múnich fue el acto político más importante de la oposición moderada, en la cual se manifestó la necesidad de que los países europeos exigieran la democratización del régimen en un momento en que el gobierno español acababa de solicitar su ingreso en el Mercado Común. El único partido que no fue invitado fue el PCE. La respuesta del régimen fue el exilio y destierro de algunos asistentes españoles y el reconocimiento de las represiones.  En 1973, Franco, con graves problemas de salud, renunció como presidente del gobierno y nombró a Luis Carrero Blanco para ocupar el cargo, pero apenas actuó, ya que fue víctima de un atentado terrorista vinculado al comando de ETA. Franco designó como nuevo presidente a Carlos Arias Navarro, que formó un ejecutivo sin presencia de tecnócratas.  La oposición antifranquista aumentó sus protestas en estas fechas. Sin embargo, el hecho fundamental de los años finales del franquismo fueron los intentos de coordinación de los principales partidos de la oposición en acción conjunta. El PCE se mantuvo como principal referente del antifranquismo e impulsó la Junta Democrática. Casi un año más tarde, se constituyó la Plataforma de Convergencia Democrática, en la que destacaba el PSOE. Además, en 1974 un grupo de oficiales españoles fundaron la UMD, con la que el franquismo veía surgir la semilla de la oposición en el seno del propio Ejército. El gobierno respondió a la intensa actividad terroristas de la oposición con una dura ley con la que se pretendía acallar a la ultraderecha, pero la reacción internacional fue contra el gobierno de Franco y provocó ruptura de relaciones con varios países, provocando el aislamiento. Aprovechando el aislamiento, el rey Hassan II de Marruecos organizó la Marcha Verde para ocupar la última colonia de España, el Sáhara occidental. Ante la situación que presentaba el país, se decidió no intervenir dando paso así al largo conflicto entre saharauis y marroquís y del que España es responsable. El 20 de Noviembre de 1975, Franco fallece, cerrando una larga etapa de la Historia contemporánea española. La sensación de inseguridad y de incertidumbre respecto al futuro político y al relevo en el poder era muy grande, y los deseos de Franco de dejarlo todo Atado y bien atado eran solo una ilusión. Esta incertidumbre acabaría con el discurso de la Corona por parte del Rey don Juan Carlos, en el que deja patente que comienza una etapa de cambios para la nueva España democrática y constitucional.

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