20 Feb

*Las instituciones son las reglas formales e informales que estructuran la interacción social, es decir, son los incentivos (estímulos) y constricciones (restricciones) creadas por el hombre que dan forma a su interacción. (North, 1990).

Las instituciones reducen la incertidumbre por el hecho de que proporcionan una estructura a la vida diaria, constituyen una guía para la interacción humana, de cómo realizar esas actividades.

Las instituciones incluyen todo tipo de limitación que los humanos crean para dar forma a la interacción humana, tanto, limitaciones formales normas que idean los humano, como en limitaciones informales, tales como acuerdos y códigos de conducta. Las instituciones pueden ser creadas como los son las constituciones políticas de los Estados; o bien evolucionar a lo largo del tiempo, como evoluciona el derecho consuetudinario.

Las limitaciones institucionales incluyen aquello que se prohíbe hacer a los individuos y, a veces, las condiciones en que a algunos individuos se les permite hacerse cargo de se les permite hacerse cargo de ciertas actividades.

Las normas y códigos informales a veces son violados y en seguida se aplica el castigo corrector.

*Una distinción clave: INSTITUCIONES Y ACTORES.

*Las instituciones son las reglas del juego, las organizaciones son los jugadores (North, 1997).

*Organizaciones (grupos de presión, administración, gobierno, legislativo, plataformas ciudadanas,..) con distintas capacidades e intereses operan bajo incentivos y restricciones definidos institucionalmente.

*Instituciones establecen los incentivos y las restricciones que guían la percepción, las preferencias y las decisiones de individuos y organizaciones.


*FORMALES: son reglas explicitas (constituciones, leyes, contratos,…) son reglas codificadas, abiertas al conocimiento del público comunicadas por medios aceptados como oficiales y cuyo cumplimiento también está garantizado por medios oficiales.

*INFORMALES: son reglas implícitas, no escritas, que estructuran las relaciones entre actores generando redes de confianza que operan a través de mecanismos de reputación y sanciones colectivas.

*complementan (o rivalizan con) las instituciones formales y contribuyen superar los problemas de compromiso, de acción colectiva y de información que se plantean en la interacción social.

Instituciones informales: en nuestra interacción diaria con los demás, en nuestras relaciones sociales, la estructura que rige esta por medio de códigos de conducta, normas de comportamiento y convenciones. Provienen de información trasmitida socialmente y son parte de la herencia que llamamos cultura, moral y de actitud.

Controles informales y sanciones informales


Tuvo su origen en la sociología y la psicología (Harold Lasswell), llamando así por su énfasis en el estudio de la conducta política de los individuos.

El conductismo parte de la necesidad de observar y analizar empíricamente los fenómenos políticos y, más específicamente, las actitudes y los comportamientos de los individuos y grupos. En contraste con el primer institucionalismo dominante en la ciencia política en las primeras décadas del Siglo XX, el conductismo no se interesa por las estructuras formales y las normas jurídicas, sino por las conductas o comportamientos de los actores políticos, sean éstos los ciudadanos, las organizaciones políticas, los representantes parlamentarios, los miembros del gobierno o los empleados del Estado.

El conductismo comenzó a caer en descrédito a finales de los años 60. Tres frentes se abrieron contra él:

1.Proveniente de las “nueva izquierda” y de la contracultura de los años 60 y 70, argumentaba que el conductismo, con su obsesión por las técnicas y los métodos de investigación, había contribuido a desconectar de la realidad sus investigaciones

2.Proviene de la economía neoclásica, cuestiónó la cientificidad del método inductivo y planteó una alternativa basada en el modelo de razonamiento deductivo

3.Proviene de la crítica neomarxista al pluralismo, acusó al conductismo de concebir el Estado como un espacio neutral.


Neoinstitucionalismo: Para el nuevo institucionalismo, las instituciones son las formales e informales, las normas y prácticas, los hábitos y las costumbres que “influyen” en el proceso político, bien en el nivel “macro” (las Constituciones, la cultura política, etc.), bien en el nivel “micro” (las reglas del juego, el sistema electoral, el reglamento de un parlamento) la hipótesis central es que las instituciones median entre el poder y los resultados políticos, los análisis neoinstitucionalistas “descubren” las instituciones caso por caso.

Inst histórico:


Los pluralistas habían considerado el Estado como un ámbito/espacio neutral en el que se agregaban las preferencias y los intereses de los actores políticos.

El Estado era un actor con sus propias preferencias y, generalmente, notablemente decisivo en el juego político. A partir de ahí, la naturaleza del Estado, la fortaleza o debilidad de sus instituciones, la autonomía de los gobiernos y la burocracias respecto a otros poderes del Estado o la configuración del poder legislativo y judicial se convirtieron en un elemento explicativo en las investigaciones de ciencia política.

Inst.Racional:


Significativamente, el redescubrimiento de las instituciones por parte de los politólogos coincidíó con un fenómeno similar en el campo de la teoría de la elección racional.

Igualmente, para los teóricos de la elección racional, las instituciones carecían de valor explicativo; los individuos eran concebidos como átomos conectados entre sí por sus interacciones, de tal manera que el comportamiento político poco se diferenciaba del comportamiento económico.

Institucionalismo racional tienen en común cuatro elementos sustantivos:
1. El supuesto de racionalidad instrumental y maximizadora de los actores.
2. El planteamiento de la acción política en términos de dilemas de acción colectiva, debido a los cuales la racionalidad individual tiende a producir resultados subóptimos desde el punto de vista agregado.
3. El énfasis en los comportamientos estratégicos de los actores o, la suposición de que todo actor, antes de emprender un determinado curso de acción, intenta anticipar qué harán los demás a continuación.
4. La consideración de las instituciones como instrumentos designados ex profeso para reducir las incertidumbres inherentes a toda interacción humana

Inst. Sociológico:


El nuevo institucionalismo sociológico puede ser visto como un proceso de cambio de paradigma dentro de la sociología de las organizaciones. Frente a este «viejo» institucionalismo sociológico, el «nuevo» representa un salto cualitativo: el llamado «nuevo análisis organizativo» adopta el programa constructivista, de acuerdo con el cual la realidad está socialmente construida y, en consecuencia, conceptos tales como «racionalidad» o «institución» son inseparables del contexto social en el que se formulan.

Dependencia Senda o camino: El término “path dependence” se usa para indicar el hecho de que muchas decisiones que uno toma en distintos ámbitos están fuertemente condicionadas por otras decisiones hechas en el pasado, incluso cuando las circunstancias que llevaron a tomar esas decisiones de antaño hayan perdido relevancia o vigencia.

La dependencia de la senda del cambio institucional es unos de los fundamentos de North (1990a, 1995). Las economías de escala, las complementariedades y las externalidades de red de la matriz institucional hacen que el cambio institucional sea mayoritariamente incremental y dependiente de la senda. En el contexto económico de la escasez, en el cambio institucional es clave la interacción continua entre instituciones y organizaciones.



«..


Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio…, reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima>> (Weber, M., La política como vocación U.Múnich en 1919)

Origen de los estados federales:


 Tres factores que influyen en la construcción de un estado federal.

1)

Coming together:

La voluntad de integrar en una comunidad política a entidades ya existentes poniendo en común recursos y competencias que aseguren mejor su viabilidad frente a desafíos exteriores.

2.
La constitución de un estado federal que trata de organizar una sola entidad estatal a un conjunto de territorios diversos unidos por la dependencia colonial de una misma metrópoli.

3. 

Holding Togheter:

La federación puede nacer de la voluntad política de dispersar un poder muy concentrado y dar respuesta a la diversidad territorial, religiosa o cultural.


Por lo que hace a su evolución, en los estados federales más consolidados la dinámica política ha conducido a intensificar la cooperación entre la federación y las entidades federadas, con el fin de hacer frente a problemas colectivos que ya no son solubles con la sola intervención de un único nivel territorial. Con ello se trata de dar una respuesta más satisfactoria a dos necesidades políticas: la adecuación a demandas sociales singularizadas que un poder muy centralizado no puede identificar y una mayor facilidad para exigir responsabilidades a quienes deciden en representación de los destinatarios de la decisión. Se intensifican las llamadas relaciones intergubemamentales: la razón es que gran parte de los conflictos que la política ha de regular en las sociedades actuales exigen la intervención simultánea y coordinada de diferentes instancias territoriales de poder: estatal, subestatal, local y, en algunos casos, poderes políticos que se sitúan más allá del mismo estado.




Globalización, ¿fenómeno nuevo?:


La interdependencia representa lo viejo de la globalización. Desde esta perspectiva, la respuesta a la pregunta de qué hay de nuevo en este fe­nómeno puede ser respondida afirmando que la glo­balización se caracteriza por la intensificación de la interdependencia en algunas dimensiones clave, es­pecialmente en los flujos económicos, aunque también en la discusión de cuestiones medioambientales (agotamiento de los recursos, deforestación, cambio climático, etc.). Con todo, a pesar del gran número de dimensiones de la realidad afectadas, quizás el ma­yor desafío que plantea la globalización a la política contemporánea venga por el lado económico. En consecuencia, parece más razonable centrarse en ese aspecto. Así lo han hecho los historiadores económi­cos, que han acotado tres grandes fases u «olas» de globalización.



La primera ola de globalización tuvo lugar entre 1870 y 1914 y se caracterizó por una duplicación del comercio mundial; durante este período, los flujos migratorios, de Europa a América y de China al Su-deste Asíático, involucraron nada menos que al diez por ciento de la población mundial de la época; al mismo tiempo, se triplicaron los flujos de capital.


La segunda, en las décadas posterío­res a la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1980, las cifras relativas a los intercambios económicos han reflejado una segunda y sostenida ola globalizadora.


La tercera gran ola de la globalización comenzó a principios de los años ochenta, y se ha caracterizado por la incorporación a la economía mundial de un grupo de países en vías de desarrollo, sobre todo en Asía y, en parte, América Latina. En un breve período de menos de 20 años (1980-1998), un grupo de 24 paí­ses, con una población cercana a los 3.000 millones de habitantes, ha conseguido trasladar el grueso de su producción y sus exportaciones desde las materias primas a los productos manufacturados. La crisis finan­ciera de 2008-2009, es posible pensar que la tercera ola de globalización haya tocado techo, o al menos se haya detenido temporalmente.




Globalización, ¿fenómeno nuevo?:


La interdependencia representa lo viejo de la globalización. Desde esta perspectiva, la respuesta a la pregunta de qué hay de nuevo en este fe­nómeno puede ser respondida afirmando que la glo­balización se caracteriza por la intensificación de la interdependencia en algunas dimensiones clave, es­pecialmente en los flujos económicos, aunque también en la discusión de cuestiones medioambientales (agotamiento de los recursos, deforestación, cambio climático, etc.). Con todo, a pesar del gran número de dimensiones de la realidad afectadas, quizás el ma­yor desafío que plantea la globalización a la política contemporánea venga por el lado económico. En consecuencia, parece más razonable centrarse en ese aspecto. Así lo han hecho los historiadores económi­cos, que han acotado tres grandes fases u «olas» de globalización.



La primera ola de globalización tuvo lugar entre 1870 y 1914 y se caracterizó por una duplicación del comercio mundial; durante este período, los flujos migratorios, de Europa a América y de China al Su-deste Asíático, involucraron nada menos que al diez por ciento de la población mundial de la época; al mismo tiempo, se triplicaron los flujos de capital.


La segunda, en las décadas posterío­res a la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1980, las cifras relativas a los intercambios económicos han reflejado una segunda y sostenida ola globalizadora.


La tercera gran ola de la globalización comenzó a principios de los años ochenta, y se ha caracterizado por la incorporación a la economía mundial de un grupo de países en vías de desarrollo, sobre todo en Asía y, en parte, América Latina. En un breve período de menos de 20 años (1980-1998), un grupo de 24 paí­ses, con una población cercana a los 3.000 millones de habitantes, ha conseguido trasladar el grueso de su producción y sus exportaciones desde las materias primas a los productos manufacturados. La crisis finan­ciera de 2008-2009, es posible pensar que la tercera ola de globalización haya tocado techo, o al menos se haya detenido temporalmente.



Formas de gobierno: los modelos clásicos

Las tres instituciones clásicas: ejecutivo, legislativo, judicial. El criterio clave para la distinción entre las mismas es la diferente relación que se es­tablece en cada caso entre el ejecutivo y el parlamento.

Los modelos de directorio o de asamblea.
En este modelo, la asamblea in­terviene de modo decisivo y exclusivo en el nacimiento de un ejecutivo colegiado —llamado a veces «directorio»—, porque elige individualmen­te a cada uno de sus miembros para un período determinado. A la vez, el parlamento señala a este ejecutivo colegiado las líneas programáticas que han de orientar su actuación. Suiza es actualmente el ejemplo práctica­mente único de este modelo.

Los modelos parlamentarios.
El apoyo de la mayoría parlamentaria es condición para la existencia y continuidad de un gobierno. Este apoyo puede ser explícito —cuando se formula mediante un voto de investidu­ra o de confianza— o implícito —cuando la mayoría parlamentaria se abstiene de recurrir a una votación de censura—. En todo caso, el go­bierno está sujeto al control del parlamento que puede poner término a su existencia con un voto de censura. En contrapartida, el ejecutivo pue­de disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones. El jefe de estado —monarca hereditario o presidente de la república elegido por sufragio indirecto— desempeña un papel básicamente ceremonial.

Los modelos semipresidenciales.
El parlamento influye parcialmente —pero no de modo exclusivo— en el nacimiento de un gobierno, puesto que el jefe del estado interviene también en su designación y en su cese. El jefe del estado —o presidente de la república— no es una figura meramente re­presentativa: es elegido por sufragio universal, participa de algunas atribu­ciones del ejecutivo y comparte con el gobierno la facultad de disolver el parlamento.

Los modelos presidenciales.
Parlamento y ejecutivo tienen existencias inde­pendientes. El parlamento no ejerce intervención alguna en la designación del ejecutivo, elegido directamente por el pueblo mediante sufragio univer­sal. El parlamento no puede ser disuelto por el presidente, ni el presidente puede ser relevado de sus funciones por el parlamento, salvo en caso de ac­tividades delictivas y mediante un proceso de acusación conocido como im- peachment o imputación. Sin embargo, el parlamento supervisa las activi­dades del ejecutivo y debe dar su asentimiento a algunas de sus iniciativas o nombramientos. Por su parte, el presidente puede vetar leyes aprobadas por el parlamento.

Formas de gobierno: la realidad actual

Sin embargo, esta tipología clásica ignora algunos factores que ejercen hoy una gran influencia sobre la dinámica de las instituciones. Recordemos algunos:

  • la aparición de los partidos como organizaciones protagonistas en las elecciones y en la acción parlamentaria;
  • la expansión de la actividad del estado, convertido en actor económico y proveedor de servicios;
  • el control judicial de las leyes;
  • la tendencia a la dispersión territorial del poder, reforzando la posi­ción de los gobiernos subestatales: länder, comunidades autónomas, regiones;
  • el papel eminente de los medios de comunicación de masas y de las téc­nicas de sondeo de la opinión pública.

Todos estos factores moldean y transforman las funciones del parla­mentó y del ejecutivo, alteran sus relaciones recíprocas y generan nuevos equilibrios —o desequilibrios— entre ellos.


La capacidad de coacción: el principio de la soberanía

El tercer elemento constitutivo que caracteriza al estado es —junto a la población y al territorio— la capacidad exclusiva de tomar decisiones vin­culantes para esta población y en el marco de aquel territorio. Desde el si­glo XVII, esta aptitud recibe el nombre de soberanía. La soberanía es, pues, la cualidad que dota a la entidad estatal de un poder originario, no de­pendiente ni interna ni externamente de otra autoridad, confiriéndole un derecho indiscutido a usar —si es necesario— la violencia.

En su vertiente interna, se entiende que el estado es soberano —es «superior»— porque, en principio, puede y debe imponerse a cualquier otra fuente de autoridad: civil, eclesiástica, económica, etc. Este poder se traduce en el monopolio del derecho y de la violencia que el estado se atri­buye frente a otros actores.

Al mismo tiempo, en su vertiente externa, el estado en cuanto soberano no admite el dominio de otra autoridad ajena: el Imperio, el Papado o cual­quier otra entidad política exterior. Por esta razón, la soberanía iguala sobre el papel a todos los estados: en sus relaciones recíprocas y en el control de sus territorios respectivos.

En primer lugar y en su dimensión exterior, es fácil comprobar la existen­Cía de restricciones que se imponen desde fuera a la acción del estado. Es­tas restricciones corrigen la idea original de la soberanía como un poder insuperable e ilimitado. Tales límites pueden atribuirse, en ocasiones, a una aceptación voluntaria del propio estado, cuando se sujeta a tratados internacionales o se incorpora a organizaciones internacionales y se somete a sus reglas.

  • Pero la reducción de la soberanía se produce también de facto cuando otros poderes externos son capaces de modificar las políticas de un esta­do pretendidamente soberano, ya sea mediante la violencia armada o su amenaza, ya sea mediante la presión económica o medíática. La forma más directa de limitación es la intervención que en un territorio estatal

Entre el estado mundial y la política de la sociedad-red

Los estados han visto cómo se desdibujaban las dos carácterísticas que les distinguían de otras formas de organización política: autonomía y concentración territorial del poder. Ello se ha reflejado en la ineficacia creciente de sus intervenciones, con resultado negativo sobre su legitimidad. Pese a ello, los estados no han dejado de afirmar su soberanía —su «superioridad» exclusiva— frente a los demás actores políticos. En algún caso admiten que se trata ahora de «soberanía limitada» o que han cedido parte de ella, para referirse a esta nueva posición estatal. Pero no caen en la cuenta de la contradicción que encierran estas expresio­nes: la soberanía —en su acepción original— no admitía cesiones ni límites, la soberanía no admite grados. En conclusión, pues, la hegemonía de la forma estatal parece socavada desde dentro y laminada desde fuera. Cada vez son más los sujetos —indivi­duales y colectivos— que ya no reconocen en el estado aquel instrumento que les podía dar una protección razonable frente a incertidumbres de to­das clases. A principios del siglo XXI, las respuestas a estos interrogantes no son concluyentes. Con todo, al igual que Maquiavelo, Bodin o Hobbes vislum­braron a partir de sus observaciones la emergencia de un nuevo modo de organización política.

Algunos entienden que la forma estatal va proyectándose gradualmente a escala planetaria: los organismos internacionales constituirían el em­brión de un «estado mundial», dotado con sus instrumentos de coacción —un ejército mundial—, de arbitraje legal —unos tribunales internacio­nales—, de regulación económico-financiera —el FMI, el Banco de Pagos Internacionales— o de fomento del bienestar social —UNESCO, FAO, OMS, etc.

Otros, en cambio, sostienen que la complejidad de las relaciones hu­manas actuales y la amplitud del ámbito en que se desarrollan hacen, no sólo imposible, sino también inconveniente una regulación política centralizada al estilo de un «estado mundial». Afirman que los costes de esta centralización son muy superiores a los presuntos beneficios que pudieran derivarse de ella. Entienden que el libre juego de las interacciones sociales de todo tipo produce equilibrios su­ficientemente aceptables y facilita un progreso general.

Finalmente, hay quien entrevé la constitución de una «sociedad-red» (Castells), formada por una constelación de nódulos o núcleos que ejer­cen alguna actividad reguladora en conflictos singulares, pero no se ocu­pan de dar respuesta a la totalidad de todos ellos


Globalización: un cambio de perspectiva sobre el papel del estado

Desde Seattle en 1999, las reuniones periódicas de los organismos eco­nómicos internacionales en diversas ciudades —Praga, Génova, Barcelona, Evian, Washington— se han visto acompañadas por debates populares so­bre la globalización y sus efectos sobre la ciudadanía. Se confirmaba de ma­nera espectacular lo que ya era un fenómeno percibido por algunos obser­vadores y activistas. A saber, que la política ya no tenía en el estado su espa­cio principal de discusión. Se ha hecho cada vez más evidente que las rela­ciones políticas desbordan las fronteras de un territorio y escapan a la regu­lación de las instituciones de un estado.

  • Para analizar la política de hoy es menester situarse en un plano transestatal, definido por el llamado proceso de globalización. Este cambio de perspectiva es obligado, si queremos entender mejor qué ocurre en los procesos de decisión política. La densidad de conexiones a escala mun­dial se ha acrecentado de manera acelerada.
  • Sin embargo, se discute sobre el alcance de este proceso y sobre sus efec­tos. El balance que se hace lleva a posiciones confrontadas. Hay quienes disminuyen la importancia de sus efectos. Hay quienes los valoran de for­ma positiva como factor de crecimiento y desarrollo general. Y hay quie­nes los denuncian como una nueva forma de hegemonía imperial que consolida las actuales desigualdades entre individuos y colectivos y a la vez crea otras nuevas.

¿Qué respuesta puede darse al proceso de globalización desde una perspectiva política? Para algunos, no hay otra respuesta que la inhibición y dejar que el «mercado» impulse una dinámica imparable que consideran favorable a los intereses de los individuos. Para otros, la respuesta política es de carácter defensivo, intentando preservar la capacidad estatal para contener los efectos negativos del proceso sobre su propia población.

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