19 Sep

La Revolución de 1868.
En Septiembre de 1868, el triunfo de un pronunciamiento militar iniciado en Cádiz destronaba a Isabel II. Se inicia así el denominado Sexenio
Democrático. El Sexenio supone la ruptura con el liberalismo moderado y el inicio de soluciones “democráticas”.
En la Revolución Gloriosa de 1868, también llamada la Septembrina, de confluían dos proyectos distintos:
Por un lado, el de unionistas, progresistas y cimbrios1 que trataba de establecer un sistema que respetase y consolidase los intereses de los grupos sociales adictos a un liberalismo acomodado, esto es, grandes terratenientes, industriales, comerciantes y profesionales. Este proyecto, encabezado por el general Juan Prim, se reflejó en la constitución de 1869 y en la monarquía democrática, pero acabó fracasando.
Por otro lado, estaba la opción demócrata y del republicanismo federal, más apoyado en las clases medias y populares, que se plasmó en la I República, que también fracasó.
La revolución de 1868 fue el resultado de una serie de factores de diversa índole:
Desde el punto de vista político, se produjo un descrédito de la monarquía isabelina con los gobiernos moderados, de tinte autoritario, de los últimos años. El objetivo de progresistas, demócratas y unionistas era acabar con el sistema y convocar Cortes constituyentes mediante sufragio universal masculino.
Desde el punto de vista económico, se produce, ya en 1866, una crisis de subsistencia (malas cosechas, subida de precios, hambre y caída del consumo que afecta a la industria generando paro), que también afecta, como crisis financiera propia ya del capitalismo, a los ahorradores e inversores. Todo ello explica la participación popular en el pronunciamiento de 1868.
Desde el punto de vista social, el descontento es compartido por clases populares, sectores de la burguésía y clases medias.
Los sublevados expresaron su ideario en el manifiesto conocido como España con honra, en el que proclamaban la expulsión de la reina, el establecimiento de un gobierno provisional, el sufragio universal masculino, la libertad de imprenta, la abolición de los consumos2 , las quintas3 y la pena de muerte, y la redacción de una nueva constitución.
El pronunciamiento lo inició el almirante Topete desde la escuadra fondeada en Cádiz (Septiembre de 1868), si bien la dirección de la sublevación la lleva a cabo el líder progresista
Prim. Tras el pronunciamiento gaditano se forman juntas revolucionarias locales que se difunden por las principales ciudades. Las tropas fieles al gobierno fueron derrotadas en la batalla del Puente de Alcolea (Córdoba), lo que abríó el camino hacia Madrid. Isabel II partíó hacia el exilio francés.
El general Serrano, nuevo líder unionista, con el acuerdo de la Junta de Madrid, formó un gobierno provisional, del que formaban parte progresistas como Prim, Sagasta y Ruiz Zorrilla, o unionistas como Topete. Aparecieron las primeras fricciones entre los partidos firmantes del Pacto de Ostende por la forma de gobierno del nuevo régimen instaurado en España: unionistas, progresistas y cimbrios apoyaban una monarquía parlamentaria no borbónica, mientras que los republicanos, con Pi i Margall a la cabeza, eran partidarios de establecer una república federal.
El gobierno provisional de Serrano inició una serie de reformas de emergencia sugeridas por las juntas revolucionarias:
Instauración de libertades básicas (asociación, prensa, expresión, religiosa, etc.
Implementación de una política económica librecambista.
El gobierno provisional disolvíó las juntas para controlar la revolución y fueron convocadas elecciones a Cortes constituyentes para Enero de 1869 por sufragio universal masculino para mayores de 25 años, en las que obtiene la victoria la opción monárquica. A la derecha obtuvieron representación parlamentaria los carlistas y los moderados, conocidos como alfonsinos, porque su objetivo era devolver a los Borbones el trono de España en la figura de Alfonso, hijo de Isabel II. A la izquierda se coloca el Partido Republicano Federal, escindido del grupo demócrata. La nuevas Cortes aprobarán la Constitución de 1869.
La Constitución de 1869.
Se trata de la primera constitución “democrática” de nuestra historia. Durante las sesiones parlamentarias que condujeron a su elaboración y aprobación, destacaron las discusiones sobre dos asuntos: por una parte, la forma de Estado (monarquía o república) y, por otra, la cuestión religiosa. Los principales rasgos de la Constitución de 1869 son:
Reconocimiento de la soberanía nacional de base popular.
La forma de Estado sería la monarquía parlamentaria y constitucional.
Se proclama una estricta separación de poderes:
El poder legislativo recae en dos Cámaras: el Congreso, elegido por sufragio universal masculino de mayores de 25 años, y el Senado, cámara de las élites cuyos miembros se elegía por sufragio indirecto (mediante representantes).
El poder ejecutivo lo ostenta el monarca, que elige a los ministros, que gobiernan en su nombre.
El poder judicial queda en manos de los tribunales de justicia independientes.
El texto incluía una declaración de derechos amplia y detallada. Se incluían los de libertad, inviolabilidad del domicilio, derecho al voto, de residencia, libertad de enseñanza, expresión, reuníón y asociación. Por su parte, la cuestión religiosa fue objeto de tensos debates. Se aprobó la libertad de cultos, a la que se opónían moderados y carlistas, pero también el compromiso del Estado de mantener el clero y el culto católicos, contra la opinión de los republicanos.
Una vez promulgada la Constitución y a la espera de encontrar un rey que ocupara el trono de España se establecíó una Regencia ocupada por Serrano y Prim se convirtió en presidente del gobierno formado por progresistas y algunos demócratas cimbrios. Se aprobó una amplia legislación para desarrollar la Constitución:
En el terreno económico se adoptó una política librecambista y se llevó a cabo una reforma monetaria, que dio la exclusiva de la emisión de moneda al Banco de España, al tiempo que se ponía en circulación la peseta. Además se creó la Ley de Minas, por la que se vendían las explotaciones estatales a grandes empresas, sobre todo extranjeras.
Se implantaron leyes que desarrollaban los principios constitucionales, como un nuevo Código Penal, la Ley sobre el Matrimonio Civil o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecía el juicio por jurados.
Pero el nuevo régimen tuvo que enfrentarse a dos graves problemas:
El estallido de la guerra en Cuba. La sublevación cubana se inició en 1868, con el Grito de Yara lanzado por el azucarero cubano Manuel de Céspedes, debido al descontento criollo por el monopolio comercial impuesto por España. Dio lugar a la Guerra de los Diez años (1868- 1878), muy lesiva para los intereses económicos españoles.
Al mismo tiempo, hubo levantamientos campesinos en Andalucía motivados por la crisis de subsistencia y una sublevación de republicanos en 1868, nacida en Andalucía y extendíéndose por la costa mediterránea.
En ese clima de agitación, el presidente Prim emprendíó la tarea de buscar un rey. Debía ser una persona de prestigio, de sangre real, que no fuera un Borbón y que obtuviera el respaldo de las Cortes y de los gobiernos extranjeros. Hubo varios candidatos, como Leopoldo de Hohenzollern (apadrinado por Bismarck), el duque de Montpensier (cuñado de Isabel II), Fernando de Coburgo (padre del rey portugués) o incluso Espartero, pero el elegido fue el príncipe Amadeo de Saboyá, hijo del rey de Italia, que aceptó la Corona gracias en parte a la gestión personal de Prim.
El reinado de Amadeo de Saboyá (1871-1873)
Amadeo llega a España el 30 de Diciembre de 1870. Tres días antes había sido asesinado el general Prim, su principal valedor y que, además, manténía unidos a los miembros de la coalición gobernante. Su desaparición influyó, por ello, en el fracaso del reinado de Amadeo I.
Desde el principio, Amadeo sufre la oposición de:
los moderados, que continuaban fieles a los Borbones y que comenzaron, ya en ese momento, a perfilar una alternativa alfonsina proclive a la restauración borbónica en la persona del hijo de Isabel, que había abdicado en su hijo Alfonso.
la Iglesia, que se opónía a la libertad de cultos y a la separación de la Iglesia del Estado
la élite social industrial, irá poco a poco desconfiando de un rey que sustentaba un régimen que permitía una legislación que atentaba contra los intereses de esa clase, sobre todo en materia económica, ya que los gobiernos de Amadeo apoyaban el librecambismo.
los republicanos, apoyados en el movimiento obrero nacido al calor de la AIT4 .
los carlistas, quienes encontraron en la llegada de Amadeo un nuevo motivo para levantarse en armas por su carácter progresista.
Por tanto, no contaba el nuevo rey con grandes apoyos. Esta permanente inestabilidad, que acabó por derribar el régimen amadeísta, se concretó en:
La Tercera Guerra Carlista (1872-1876) se inició en el País Vasco, extendíéndose por Navarra y zonas de Cataluña, y se convirtió en un foco de problemas e inestabilidad. Aunque las tropas de Carlos VII llegaron a sitiar Bilbao, el ejército gubernamental sofocó la rebelión. La derrota carlista supuso el fin de los fueros vascos y el nacimiento de un nacionalismo étnico, católico y xenófobo.
La continuación de la Guerra de los Diez años, animada por los hacendados criollos cubanos, contó con apoyo popular al prometer el fin de la esclavitud en la isla. El gobierno intentó sacar adelante un programa de abolición de la esclavitud y de reformas políticas, pero se encontró con la oposición de los sectores económicos con intereses en Cuba. La guerra se convirtió en un grave problema para el gobierno.
También en 1872 se produjeron insurrecciones de carácter federalista, en la que se combinaban las ideas republicanas con la influencia internacionalista, sobre todo las de inspiración anarquista. Fueron duramente reprimidas pero contribuyeron a la inestabilidad del régimen.
El elemento fundamental que condujo a la crisis final del reinado fue la desintegración de la coalición gubernamental, formada por unionistas, progresistas y demócratas, lo que dejó al monarca sin el apoyo necesario. El rey se veía privado de apoyos, por lo que Amadeo I presentó su renuncia el 11 de Febrero de 1873. Esa misma noche, las cámaras, en sesíón conjunta, y conscientes sus miembros de que no era posible buscar un nuevo rey, proclamaron la República.
La Primera República (1873-1874)
La República nacíó con graves problemas y con muy pocos apoyos. Los elementos que socavaron la credibilidad de la Primera República fueron:
La gran burguésía industrial y financiera temía la revolución social debido a la “democratización” del país y a la extensión del movimiento obrero.
El ejército terminó por abrazar mayoritariamente la causa alfonsina.
La Iglesia temía la laicización de España, lo que iba contra sus intereses.
La división dentro del propio seno del republicanismo entre federalistas5 (Pi i Margall) y unionistas (Castelar).
Figueras se convirtió en el primer presidente y mantuvo la Constitución de 1869. El nuevo régimen fue recibido con entusiasmo por los sectores republicanos urbanos que formaron juntas revolucionarias al tiempo que surgían revueltas populares que reclamaban la abolición de los consumos y las quintas. Pero gran parte de los dirigentes republicanos se inclinaron por respetar la legalidad, disolvieron las juntas y reprimieron las revueltas, aunque cumplieron varias de esas reclamaciones, junto a la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y el establecimiento de derechos laborales más amplios. Figueras dimite inesperadamente, por lo que fueron convocadas elecciones a Cortes, con victoria de los republicanos federalistas, pero con una abstención del 60%.
De esta manera, Pi i Margall se convierte en el segundo presidente. Las nuevas Cortes, de carácter constituyente se abrieron el día 1 de Junio y definieron al nuevo régimen como República Federal, poniéndose a la tarea de redactar un proyecto de Constitución. La Constitución de 1873 nunca entró en vigor por la gran inestabilidad del periodo republicano.
Reconocía la soberanía nacional y que España era un Estado federal, compuesto por 17 Estados, más las colonias. El Jefe de Estado (presidente de la República) era la máxima autoridad y su función era la de mediar entre los tres poderes, perfectamente separados, con unas Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal masculino para mayores de 21 años. El poder ejecutivo estaría en manos el Gobierno y el poder judicial en los tribunales de justicia, perfectamente independientes. Es la Constitución que recogía mayor número de derechos “democráticos” hasta la fecha y consagraba la separación total entre Iglesia y Estado.
A las crecientes tensiones entre federalistas y unionistas, el boicot de los alfonsinos, el recrudecimiento de la guerra carlista y la continuación de la guerra en Cuba, se añadió el radicalismo revolucionario impulsado por grupos de la Internacional de Trabajadores (AIT). Surgíó así la insurrección cantonal o cantonalismo. Esa deriva revolucionaria fue alentada por los sectores más radicales de los federalistas, llamados intransigentes, que pretendían crear pequeños estados independientes, llamados cantones, que se acabarían confederando con otros para culminar así en una República Federal (“Federalismo desde abajo”). Se inició en el mes de Julio de 1873, a raíz de una huelga general en Alcoy que fue sofocada por el ejército. Pero días después se produjo la sublevación de los federalistas de Cartagena, que proclaman el cantón y se hacen con el control de la flota y del arsenal. A partir de ese momento, se extiende la insurrección por distintas ciudades del Levante (Valencia) y Andalucía (Málaga). En ese contexto, Pi i Margall, incapaz de organizar la respuesta desde el Estado, presenta la dimisión el 18 de Julio.
Pi i Margall fue sustituido por un nuevo presidente, Nícolás Salmerón, quien inicia un giro conservador y centralizador para preservar el orden público, dando plenos poderes al ejército, que fue sofocando uno a uno los focos de sublevación. Salmerón dimite a finales de Septiembre para evitar la firma de dos condenas a muerte.
Es sustituido por Emilio Castelar, que acentúa el giro autoritario. Obtiene de las Cortes poderes extraordinarios y suspende las sesiones de las mismas hasta Enero. A principios de Enero, cuando Castelar se presenta ante las Cortes es respondido con críticas y derrotado en una moción de confianza.
Su caída precipita el Golpe de Estado del general Pavía, formándose un gobierno de emergencia presidido por el general Serrano, que suspendíó la Constitución de 1869, disolvíó las Cortes, ilegalizó las organizaciones obreras e impuso el orden en las calles de forma expeditiva. Formalmente la República continuaba existiendo pero, de hecho, el Golpe de Estado supónía su fin.
La nueva situación persiste desde Enero a Diciembre de 1874, cuando se produce el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto a favor del regreso de los Borbones en la persona del futuro Alfonso XII, hijo de Isabel II. De este modo, en Enero de 1875, se produce ese regreso que supone el inicio de la denominada Restauración borbónica.

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